El Gobierno recurre también la ley antidesahucios de Andalucía
La norma, que permitía las expropiaciones temporales, será suspendida cautelarmente El Estado ya llevó al Tribunal Constitucional el decreto de la función pública de la vivienda
El Gobierno central también recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley andaluza que permite expropiar temporalmente una vivienda cuando una familia en riesgo de exclusión vaya a ser desahuciada. El Consejo de Ministros ha acordado la interposición del recurso, que implicará la suspensión cautelar de la norma durante al menos cinco meses. En ese periodo, el Constitucional tiene que decidir si mantiene esa medida cautelar. El tribunal tardará años en resolver sobre el fondo del conflicto....
El Gobierno central también recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley andaluza que permite expropiar temporalmente una vivienda cuando una familia en riesgo de exclusión vaya a ser desahuciada. El Consejo de Ministros ha acordado la interposición del recurso, que implicará la suspensión cautelar de la norma durante al menos cinco meses. En ese periodo, el Constitucional tiene que decidir si mantiene esa medida cautelar. El tribunal tardará años en resolver sobre el fondo del conflicto.
El Gobierno ya recurrió en junio el decreto andaluz que también contemplaba la expropiación de viviendas durante un máximo de tres años y las sanciones a entidades bancarias y sus sociedades filiales por no arrendar sus propiedades. Con la ley ahora recurrida, la Junta ha culminado dos expropiaciones de viviendas y está tramitando otros 150 expedientes.
El Ejecutivo central emplea los mismos argumentos que en junio. El Gobierno de Mariano Rajoy entiende que Andalucía invade competencias que tiene en exclusiva. Además, rechaza las sanciones por tener viviendas vacías, ya que el ordenamiento jurídico no permite establecer una "responsabilidad penal o administrativa sancionadora al margen del principio de culpabilidad".
Fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda de Andalucía han criticado el recurso interpuesto por el Gobierno central. Según han apuntado, la Junta ha ofrecido en varias ocasiones al Gobierno que las discrepancias sobre la ley se resolvieran en una comisión bilateral y no en los tribunales. Finalmente, solo se celebró una de esas comisiones en septiembre.