Los recortes motivan la primera huelga en sanidad de la era Feijóo

Tras cinco años de Gobierno del PP y otros tantos de recortes en los servicios públicos, los profesionales de la sanidad gallega han convocado la primera huelga de la era Feijóo: 48 horas de paro a partir de hoy para exigir a la Xunta un cambio de políticas. Junto a los sindicatos tradicionales (UGT, Comisiones Obreras y CIG que también apoyan la protesta) , son las organizaciones médicas –tradicionalmente reacias a movilizarse- las que esta vez han tomado la iniciativa. Las centrales Cesm y O´Mega repiten que sobran los motivos para parar la sanidad: contra el copago farmacéutico, por recuper...

Tras cinco años de Gobierno del PP y otros tantos de recortes en los servicios públicos, los profesionales de la sanidad gallega han convocado la primera huelga de la era Feijóo: 48 horas de paro a partir de hoy para exigir a la Xunta un cambio de políticas. Junto a los sindicatos tradicionales (UGT, Comisiones Obreras y CIG que también apoyan la protesta) , son las organizaciones médicas –tradicionalmente reacias a movilizarse- las que esta vez han tomado la iniciativa. Las centrales Cesm y O´Mega repiten que sobran los motivos para parar la sanidad: contra el copago farmacéutico, por recuperar la tasa de reposición de médicos en los hospitales gallegos, para frenar los “contratos basura” en el Servicio Galego de Saúde (Sergas)… Sin olvidar el plan de la Consellería de Sanidade para implantar las unidades de gestión, que buena parte de los profesionales consideran un primer paso hacia la privatización de la sanidad. La Xunta repite que solo busca primar el beneficio del paciente, pero médicos y personal de enfermería lamentan que el plan de incentivos que anuncia la conselleira Rocío Mosquera parta solo del ahorro y no premie la atención o los cuidados.

Los comunicados de Cesm y O´Mega previenen al Sergas para que no aplique el decreto del Gobierno que pide cobrar la farmacia hospitalaria a los pacientes crónicos, una medida que ha sido criticada por toda la oposición y va a ser recurrida en otras comunidades gobernadas por presidentes del PP. Los sindicatos médicos la consideran “un atentado contra el derecho a la vida de los enfermos” y a la vez, “una ofensa a la ética profesional” de los facultativos.

Entre las reivindicaciones de la protesta figuran también la “recuperación de derechos laborales y retributivos” que la comunidad sanitaria se ha ido dejando por el camino a lo largo de los últimos años de crisis económica. Los sindicatos piden la “inmediata recuperación” del complemento específico y las dos pagas extraordinarias, además de los días de libre disposición, que eran una consecuencia de una negociación que cambió el incremento salarial “por horas de descanso”.

La protesta de la sanidad pública sucede a otras que se han ido repitiendo en sectores públicos como la educación. Tanto el PSdeG como el BNG y Alternativa Galega de Esquerda han exigido en el Parlamento el fin de los recortes en este campo. El Partido Popular, entretanto, insiste en que sus medidas solo buscan la eficiencia del sistema. Durante el último pleno en el Parlamento gallego la pasada semana, los diputados socialistas reclamaron la dimisión de la conselleira de Sanidad, Rocío Mosquera, a la que recomendaron su regreso a la sanidad privada, de donde procede. En esa sesión se aprobó también la ley de garantías de esperas sanitarias que en la práctica supone desviar a los centros privados o concertados aquellos pacientes que esperen más de 45 días por una prueba diagnóstica o dos meses por una intervención quirúrgica. Todos los partidos salvo el PP lo consideraron una prueba más del plan para privatizar la sanidad. El diputado popular Miguel Santalices la calificó como la norma más importante de la legislatura por “poner al paciente en el centro del sistema”. La huelga de dos días es un termómetro para medir el descontento de la comunidad sanitaria, el campo donde el presidente, Alberto Núñez Feijóo, labró su imagen de gestor al acceder en 1996 –con solo 35 años- a la presidencia del Insalud de la mano del entonces ministro José Manuel Romay Beccaría.