Andalucía quitará por tercer año los complementos a los funcionarios

Pese a la intriga de los coaligados, el acuerdo entre PSOE e Izquierda Unida sobre las cuentas autonómicas está ya más que cerrado y entrarán en plazo en el Parlamento. Los empleados públicos de la Junta de Andalucía no cobrarán tampoco en 2014 los complementos de las pagas extras de verano y diciembre como ha ocurrido en 2012 y 2013. Así está previsto en el anteproyecto de ley de Presupuestos de la Junta para 2014. No fue el Gobierno andaluz de coalición el que ...

Pese a la intriga de los coaligados, el acuerdo entre PSOE e Izquierda Unida sobre las cuentas autonómicas está ya más que cerrado y entrarán en plazo en el Parlamento. Los empleados públicos de la Junta de Andalucía no cobrarán tampoco en 2014 los complementos de las pagas extras de verano y diciembre como ha ocurrido en 2012 y 2013. Así está previsto en el anteproyecto de ley de Presupuestos de la Junta para 2014. No fue el Gobierno andaluz de coalición el que confirmó lo que ya se venía barruntando, sino el Partido Popular. La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Corredera, facilitó ayer esta información a la que tuvo acceso a través del Consejo Consultivo, que entregó ayer a la Junta el dictamen preceptivo sobre el Presupuesto. La Consejería de Hacienda y el Consejo Consultivo lamentaron esta “filtración”.

Los aproximadamente 260.000 empleados públicos de la Junta mantendrán congelados sus salarios, ya que así viene recogido en los Presupuestos Generales del Estado que ayer pasaron el trámite de enmiendas a la totalidad. Esa es una decisión que afecta a todos los funcionarios del país. Pero el pago de los complementos que percibían hasta 2012 con las dos pagas extras anuales los funcionarios andaluces depende de la Junta.

El Gobierno andaluz eliminó esos pluses en el decreto 1/2012, de 19 de junio, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, con una vigencia “excepcional y temporal” de solo dos años: 2012 y 2013. Pero esta decisión se condicionaba a la siguiente eventualidad: “Siempre que los ingresos de la comunidad autónoma recobren una senda de normalidad y que la reducción del déficit público estructural y la minoración de la deuda pública posibiliten la garantía de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de la comunidad”.

Esta partida supondría un desembolso de 322 millones de euros del capítulo 1 (gastos de personal) del Presupuesto andaluz, que tendrá, como mínimo, 1.200 millones de euros menos de los 30.706,7 millones de las cuentas vigentes.

También fue el PP el que informó de la congelación de las transferencias de la Junta a los Ayuntamientos andaluces a través de la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma (Patrica). Esta partida debía evolucionar hasta los 600 millones de euros, según las previsiones económicas hechas hace tres años, pero volverá a quedarse en 480 millones de euros. Socialistas e Izquierda Unida venderán como un éxito que no se rebaje la cantidad final que recibirán los 771 municipios en la misma proporción en la que ha caído la recaudación por los tributos propios de la comunidad (un 4,55%). Por el contrario, el PP considera esta decisión de una extrema “gravedad”, afirmó Corredera. Según sus cuentas, los Ayuntamientos habrían dejado de percibir por este concepto 120 millones de euros en los dos últimos años.

Y la tercera información que adelantó el PP sobre los Presupuestos andaluces es que por segundo año consecutivo las inversiones no estarán provincializadas. Se da por hecho que el capítulo IV (inversiones) del Presupuesto será un año más otro de los grandes perjudicados por la falta de recursos.

Al Gobierno andaluz no le quedó más remedio que reconocer que la información facilitada por el PP era cierta, aunque siempre hay un pequeño margen de modificación hasta que el próximo martes el Consejo de Gobierno apruebe el proyecto de ley.

Es la primera vez que se produce una filtración de este tipo en el Consejo Consultivo, un órgano cuyos miembros son elegidos, en su inmensa mayoría, a propuesta de los partidos con representación parlamentaria. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, consideró “intolerable” que el PP “dé amparo” a conductas “ilegales”.