El PSOE e IU recurren la ley regional de Patrimonio ante el Constitucional

Los senadores del PSOE e Izquierda Unida han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Patrimonio Histórico aprobada por el PP en solitario el pasado junio en la Asamblea de Madrid. Ambos partidos entienden que “reduce los estándares para los Bienes de Interés Cultural (BIC), existiendo el riesgo de pérdida o destrucción de sus valores o de perturbación de su valor social”.

Los dos también cuestionan qu...

Los senadores del PSOE e Izquierda Unida han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Patrimonio Histórico aprobada por el PP en solitario el pasado junio en la Asamblea de Madrid. Ambos partidos entienden que “reduce los estándares para los Bienes de Interés Cultural (BIC), existiendo el riesgo de pérdida o destrucción de sus valores o de perturbación de su valor social”.

Los dos también cuestionan que los BIC deban tener ahora “carácter excepcional y no relevante o destacado como la Ley de Patrimonio Histórico Español y otras legislaciones autonómicas, lo que significa una ruptura con la norma común”. Otro de los argumentos que recoge el recurso es que en la ley madrileña “desaparece la obligatoriedad establecida por la ley estatal de redactar planes especiales de protección en los municipios en que se encuentren BIC”.

La secretaria de Organización del PSM y senadora socialista, Maru Menéndez, considera que el recurso prosperará “por la rebaja de protección del patrimonio que supone y porque olvida la verdadera esencia de la protección de nuestra cultura”. La también diputada regional se comprometió ayer a derogar la ley en caso de gobernar en 2015, año en el que se celebran elecciones autonómicas y municipales. Además, en el recurso de inconstitucionalidad se critica que “prácticamente” se acaba con el principio de difusión de los BIC, esto es, que “se elimina la obligatoriedad de permitir la visita pública a los bienes declarados de titularidad pública, limitando las visitas a los bienes inmuebles”.

Entre los puntos más polémicos de la legislación aprobada hace tres meses está la que elimina la obligatoriedad de los informes arqueológicos preventivos en los proyectos de construcción. Sin esos informes, se podrá construir encima de yacimientos de los que no hay constancia, algo que la oposición cree que está hecho ex profeso para favorecer el proyecto de Eurovegas, con el consiguiente ahorro que supondría para Las Vegas Sands.

“La Comunidad no ha aceptado ni una sola de las enmiendas presentadas para frenar una ley que desprotege claramente el patrimonio”, observa Diana Díaz, presidenta del Colegio de Arqueólogos. “Cualquier rebaja en la protección de los Bienes de Interés Cultural es en sí un tipo de expolio”, añade Alicia Torija, vicepresidenta de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio.

Frente a ellos, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la comisión de Empleo, Turismo y Cultura de la Asamblea de Madrid, Bartolomé González, ha defendido que la nueva ley "es totalmente garantista, a la vez elimina trabas administrativas innecesarias y aclara el marco normativo que existía hasta la aprobación de esta nueva normativa".

Según sostiene el portavoz popular en un comunicado, "lo que se persigue con la ley aprobada hace unos meses es acortar los tiempos y agilizar los trámites para cumplir el objetivo de hacer más eficaz la administración". "En el caso de los edificios históricos, además, se puede conjugar su protección con posibles proyectos económicos que ayuden a reactivarlos, manteniendo siempre la máxima protección del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid", afirma González.