Ocho grupos optan a la privatización de Canal 9 pese a las dudas financieras

El nuevo modelo pende de la decisión judicial sobre el ERE en RTVV

Ocho grupos constituidos por empresas audiovisuales se han presentado a la externalización de la programación de Canal 9 en una situación de gran incertidumbre financiera y jurídica que atenaza el futuro de RTVV pendiente de que Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se pronuncie sobre la legalidad del ERE ejecutado sobre un millar de trabajadores. La necesidad de tener garantiza...

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Ocho grupos constituidos por empresas audiovisuales se han presentado a la externalización de la programación de Canal 9 en una situación de gran incertidumbre financiera y jurídica que atenaza el futuro de RTVV pendiente de que Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se pronuncie sobre la legalidad del ERE ejecutado sobre un millar de trabajadores. La necesidad de tener garantizado un período de trabajo estable se ha impuesto sobre las dudas generadas por el escaso margen de beneficio empresarial del pliego de condiciones, sobre los graves problemas de impagos de la Generalitat, y sobre la falta de una fórmula efectiva de ayuda financiera al sector.

El plazo de entrega de documentación finalizó este martes y hoy se procederá a la apertura de los sobres con los contenidos que deberán ocupar la mayor parte de la parrilla de la cadena autonómica, a excepción de los espacios informativos y deportivos y de las películas y series. La pretensión es llevar la adjudicación al consejo de administración de finales de septiembre o principios de octubre.

Los grupos con mayor músculo financiero han presentado propuestas para los tres lotes ofertados, mientras que el resto ha limitado su oferta. Ya anunciaron su concurso dos consorcios en los que participan productoras de implantación nacional, como Secuoya a través de Tombatossals, y Vértice mediante su filial Videac. También se presentó públicamente la unión de una veintena de productoras valencianas bajo el nombre de Uniprova.

La necesidad de trabajo se impone sobre las dudas de cobros y beneficios

Todas ellas han concurrido a la licitación de 1.371 horas de programación inédita cuyo presupuesto máximo de licitación asciende a 9,4 millones de euros (IVA no incluido). Además, se han interesado por la parrilla de Canal 9 empresas como la aragonesa Factoría Plural, del Grupo Heraldo, que ha firmado con Telefónica Servicios Audiovisuales (TSA) una alianza estratégica para ofrecer a las televisiones autonómicas y nacionales contenidos y servicios de explotación audiovisual. Plural es la encargada de la programación privatizada de la cadena autonómica de Aragón de una franja de la extremeña.

La directora general de RTVV, Rosa Vidal, manifestó este martes su “satisfacción” por la presencia de ocho grupos audiovisuales, lo que revela “el interés del sector por el nuevo modelo” que califica de “colaboración público-privada”. Vidal dijo desconocer los problemas que se han encontrado en el sector audiovisual a la hora de recurrir a la hora de beneficiarse de la fórmula de financiación que propuso la propia RTVV a través de la Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual de Madrid.

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El Consell se trabaja sobre la posible nulidad del ERE

Desde el sector se incide en que no ha habido ningún trato preferencial hacia las empresas valencianas para conseguir apoyo económico con el fin de optar a la adjudicación de la programación de Canal 9 con el aval de los pagos comprometidos por la endeudada cadena autonómica; en definitiva, que no ha funcionado como vía de financiación. Vidal incide en que no ha recibido ninguna queja en este sentido.

El nuevo modelo y lo que queda del antiguo, en cualquier caso, penden del hilo judicial, hasta el punto de que la Generalitat trabaja sobre el escenario de que el TSJ valenciano declare nulo el ERE que la oposición y los trabajadores califican de “chapuza”. En el largo proceso de ejecución se han denunciado numerosas irregularidades. Desde la vicepresidencia de la Generalitat se incide en que el reciente rescate de 186 técnicos del ERE puede ser motivo de anulación, con lo que se traslada la idea de que la responsabilidad sería de la directora general.

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