La denuncia de CatalunyaCaixa recae en el juez del ‘caso Palau’
Josep Maria Pijuan debe decidir si admite a trámite la denuncia por los aumentos salariales a directivos
La querella contra la cúpula de CatalunyaCaixa por los aumentos de sueldo a sus directivos ha recaído en el juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, que investiga también el saqueo del Palau de la Música. Su titular, el magistrado Josep Maria Pijuan, deberá decidir en los próximos días si admite a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción y cita a declarar a los 54 miembros del consejo de administración que, en 2010, aprobaron sustanciales aumento en las retribuciones variables y...
La querella contra la cúpula de CatalunyaCaixa por los aumentos de sueldo a sus directivos ha recaído en el juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, que investiga también el saqueo del Palau de la Música. Su titular, el magistrado Josep Maria Pijuan, deberá decidir en los próximos días si admite a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción y cita a declarar a los 54 miembros del consejo de administración que, en 2010, aprobaron sustanciales aumento en las retribuciones variables y fijas del ex director general Adolf Todó y quien fue su número dos, Jaume Masana.
Los aumentos salariales se aprobaron, según el fiscal, en un momento en que la entidad era insolvente y había solicitado -e incluso recibido, en el segundo caso- dinero público del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Pijuan deberá investigar, si lo considera procedente, un delito de administración desleal después de meses inmerso en el 'caso Palau'. Como instructor, Pijuan ha avanzado en los indicios que apuntan a que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se financió de forma irregular con comisiones de Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública. El Palau de Fèlix Millet y Jordi Montull hacían de intermediario. Esa investigación está tocando a su fin y el magistrado solo debe resolver diversos recursos de las defensas y la acusación popular.
Entre los cargos para los que la fiscalía solicita la imputación está el expresidente Narcís Serra, que entre 2007 y 2010 cobró cerca de un millón de euros de la entidad.