El consorcio de basuras renuncia a coordinar los residuos de La Vega Baja

El Consorcio de Residuos de La Vega Baja, un ente público, se ha desmarcado con tres meses de antelación, y por decreto, de la gestión de las basuras en la comarca valenciana más sureña. Desde hoy, cada vez que algún alcalde de los 27 que conforman el consorcio quiera saber dónde vierte sus residuos, la entidad le autoriza a preguntar a la UTE (unión temporal de empresas) Cespa-Ortiz, adjudicataria de un plan que levanta un enorme rechazo social en los pueblos donde está previsto un nuevo macrovertedero.

Así ha solucionado el ente -conformado por la Generalitat Valenciana, los Ayuntamie...

El Consorcio de Residuos de La Vega Baja, un ente público, se ha desmarcado con tres meses de antelación, y por decreto, de la gestión de las basuras en la comarca valenciana más sureña. Desde hoy, cada vez que algún alcalde de los 27 que conforman el consorcio quiera saber dónde vierte sus residuos, la entidad le autoriza a preguntar a la UTE (unión temporal de empresas) Cespa-Ortiz, adjudicataria de un plan que levanta un enorme rechazo social en los pueblos donde está previsto un nuevo macrovertedero.

Así ha solucionado el ente -conformado por la Generalitat Valenciana, los Ayuntamientos de la comarca y la Diputación Provincial- el problema derivado de la negativa de la planta de residuos de Crevillent (Bajo Vinalopó) a seguir tratando más residuos de La Vega Baja de los que podía por ley. Eso le dejaba al Consorcio 70.000 toneladas de residuos que no tenían destino claro hasta que la mercantil Cespa-Ortiz presentara la solución transitoria al Plan Zonal XVIII, medida previa a la construcción de un macrovertedero en Albatera que recogería las 200.000 toneladas anuales de basura que genera la comarca.

La solución transitoria deberá presentarse como muy tarde el 10 de diciembre de este año y contemplar, entre otras medidas, trasladar los residuos de la comarca a las plantas de Xixona, Villena y Alicante, además de la de Crevillent. Abornasa, empresa gestora de la planta de Crevillent, está asumiendo todo el grueso de los residuos superando sus límites legales y exponiéndose a multas europeas que ha preferido evitar.

El decreto del consorcio deja en manos de Cespa-Ortiz la decisión última de dónde se verterán los residuos hasta que esté listo el macrovertedero. Aunque el decreto del consorcio no obligue a los Ayuntamientos a obedecer a Ortiz hasta enero, que es cuando entrará en vigor una solución transitoria, tampoco les queda otra opción ahora.

La decisión del consorcio no está exenta de polémica: Enrique Ortiz, socio participante de Cespa-Ortiz, deberá negociar ahora con Sirem (antiguamente llamada Colsur), la empresa que trasporta la basura de la mitad de los municipios del consorcio. Sirem es propiedad de Ángel Fenoll. Tanto Fenoll como Ortiz son dos de los principales imputados en el caso Brugal, una causa que tiene como centro de investigación la adjudicación del plan zonal XVIII y la contrata de basuras de Orihuela.

Precisamente Orihuela, con 60.000 toneladas anuales de basura, desconocía esta mañana cómo le iba a salir y quién iba a pagar los sobrecostes de la nueva situación. Orihuela recoge su propia basura y la lleva a la planta de Abornasa. Crevillent está más cerca de la capital de la Vega Baja que Xixona, por ejemplo. Al Consistorio oriolano le va a costar el cambio de vertedero cuatro euros más por tonelada, sin contar el incremento de combustible, y las dos horas extra que habrá de pagar a los trabajadores.

Todavía no está claro quién va a pagar esos sobrecostes, aunque fuentes cercanas a las negociaciones que vienen manteniéndose a lo largo de esta semana sobre dónde caerán esas 70.000 toneladas que Crevillent se niega a tratar, apuntan a los Ayuntamientos. Ante esta hipótesis, la nueva situación sería la carambola perfecta para Cespa-Ortiz. El vertedero de Alicante, íntegramente propiedad de la UTE, recibiría más toneladas. Los de Xixona y Villena, donde Cespa tiene entorno al 50% también. Es decir, más dinero tres meses antes de lo previsto.

Sirem, de Ángel Fenoll, se vería afectado también. Más kilómetros de transporte para los 13 municipios a los que traslada la basura. Más dinero.

Hace siete años que comenzó la investigación del caso Brugal y ningún imputado se ha sentado en el banquillo todavía.