El PSM reclama que se inyecte dinero a las universidades
Pide que se asegure la estabilidad y continuidad laboral del profesorado no permanente Representa entre el 40% y el 50% de las plantillas de los seis campus públicos de la región
Los profesores no permanentes representan entre el 40% y el 50% de las plantillas de las seis universidades públicas de Madrid, con sueldos que por lo general oscilan entre los 650 euros de los asociados y los 900 de los interinos, y que incluso en el caso de los ayudantes doctores no pasa de los 1.500 euros. A su vez, el presupuesto que la Comunidad las destina ha caído más del 20% desde 2010: 220 millones menos hasta los 863 actuales.
Las apreturas de las universidades Complutense, Politécnica, Autónoma, Alcalá y Rey Juan Carlos, ya sea por gestión como por las cantidades que les adeu...
Los profesores no permanentes representan entre el 40% y el 50% de las plantillas de las seis universidades públicas de Madrid, con sueldos que por lo general oscilan entre los 650 euros de los asociados y los 900 de los interinos, y que incluso en el caso de los ayudantes doctores no pasa de los 1.500 euros. A su vez, el presupuesto que la Comunidad las destina ha caído más del 20% desde 2010: 220 millones menos hasta los 863 actuales.
Las apreturas de las universidades Complutense, Politécnica, Autónoma, Alcalá y Rey Juan Carlos, ya sea por gestión como por las cantidades que les adeuda el Ejecutivo autonómico, han llevado al PSM a presentar en el pleno de hoy una Proposición No de Ley en la que pide al Gobierno regional que se habilite una partida económica específica destinada a que los centros, “dentro de sus competencias y con plena autonomía”, puedan dotarse de un mayor presupuesto que asegure la estabilidad y continuidad laboral del profesorado no permanente. El diputado Mario Salvatierra también defenderá que se garantice la convocatoria de plazas “que haga posible la renovación y estabilización del profesorado no permanente que ya ocupa un puesto docente y/o investigador”.
La Politécnica aprobó en marzo el despido de 301 empleados y lo justificó por el recorte de la Comunidad a los campus públicos, ajustado tras la subida de las tasas que pagan los estudiantes.