En manos de la justicia

Entre el millón y medio largo de sentencias que cada año se ponen en España no ha de extrañar que se cuelen algunas pocas disparatadas, pintorescas o menos convencionales. A este último apartado pertenece a muestro entender la dictada por un juzgado de lo contencioso-administrativo de Valencia mediante la cual, además de cuestionar la legalidad de ciertas disposiciones de la vigente ordenanza municipal sobre el ruido en el cap i casal, se anula una multa impuesta a un joven por atronar demasiado la música de su coche. El juzgador razona que la sanción no es procedente en una ciudad do...

Entre el millón y medio largo de sentencias que cada año se ponen en España no ha de extrañar que se cuelen algunas pocas disparatadas, pintorescas o menos convencionales. A este último apartado pertenece a muestro entender la dictada por un juzgado de lo contencioso-administrativo de Valencia mediante la cual, además de cuestionar la legalidad de ciertas disposiciones de la vigente ordenanza municipal sobre el ruido en el cap i casal, se anula una multa impuesta a un joven por atronar demasiado la música de su coche. El juzgador razona que la sanción no es procedente en una ciudad donde la contaminación acústica, de tan generalizada, constituye una componente más de nuestra idiosincrasia, citándose a este respecto los principales festejos e incluso la Fórmula 1. O sea, las expresiones más populares de nuestra cultura.

Por lo pronto, celebremos la atención que el aludido tribunal ha prestado a este problema del ruido, siquiera haya sido señalándolo con el dedo. Por fortuna, de manera lenta, pero ineluctable, en este frente se van sumando victorias legales en contraste con la impotencia de las autoridades gubernativas. Los botellones urbanos proliferan, insólitas cantidades de las sanciones impuestas a los bares no se ejecutan y la noche urbana solo está vigilada por la luna, como comprueba quien reclama el auxilio de los guardias. Siempre han faltado medios personales y voluntad política para afrontar resueltamente este reto acústico que es santo y seña, o más bien estigma, de esta sociedad.

Pero la celebrada sentencia, también tiene otra lectura. Si en este caso se ampara al eventual alborotador para no discriminarlo con respecto a los grandes e impunes productores de decibelios, ¿no habría de procederse judicialmente con similar indulgencia a la hora de juzgar a los pequeños delincuentes en un país, como éste, colonizado por la desaforada corrupción que nos abruma desde que el PP gobierna? ¿Por qué trincar a un chorizo de tres al cuarto cuando goza de libertad y aun de responsabilidades públicas y prebendas la más nutrida orla de saqueadores que históricamente ha rapiñado el erario o abusado del cargo? Como ya se comprende, tanto el ruidoso como el chorizo han de ser objeto de sanción o carne de banquillo y no beneficiarios de una justicia ocasionalmente creativa.

La contaminación acústica y el desvergonzado asalto a los recursos públicos son, precisamente, dos de las lacras que más laceran la convivencia y el crédito moral de los valencianos, sin que las iniciativas administrativas hayan puesto remedio a estos desmadres que han de mortificar incluso a los ciudadanos más reverentes de las glorias autóctonas. Tampoco cabe esperar mucho del actual gobierno autonómico, que bastante tiene con simular sus vergüenzas, administrar miseria y lidiar a sus acreedores. La epidemia crónica del ruido debe antojársele un asunto menor. En cuanto a la oposición, habrá que esperar a que se confirmen los presagios electorales y pueda emprender otras políticas. Mientras, habremos de confiar en que un piquete de jueces audaces nos alivien de estas plagas de delincuentes públicos y agresores acústicos. Estamos en sus manos.

Y una nota más. Al IVAM se le ha asignado un nuevo consejo asesor que ha escandalizado al gremio de la cultura. Motivos tiene. Pero el competente consejo cesado tampoco ha sido un ejemplo de independencia y cordura. Quizá sea el momento de cerrar el museo, por vacaciones.