La Generalitat y el Parlament piden cárcel por el asedio a la cámara

La Generalitat y el Parlament han pedido penas de hasta tres años de cárcel para los protagonistas del asedio a la cámara catalana, ocurrido el 15 de junio de 2011. El Gobierno catalán limita su petición a las cuatro personas que, supuestamente, bloquearon a la comitiva en la que circulaba el vehículo oficial del presidente de la Generalitat, Artur Mas, que tuvo que acceder al hemiciclo en helicóptero. El Parlament, en cambio, pide penas de cárcel para las 20 personas que la Audiencia Nacional mantiene imputadas...

La Generalitat y el Parlament han pedido penas de hasta tres años de cárcel para los protagonistas del asedio a la cámara catalana, ocurrido el 15 de junio de 2011. El Gobierno catalán limita su petición a las cuatro personas que, supuestamente, bloquearon a la comitiva en la que circulaba el vehículo oficial del presidente de la Generalitat, Artur Mas, que tuvo que acceder al hemiciclo en helicóptero. El Parlament, en cambio, pide penas de cárcel para las 20 personas que la Audiencia Nacional mantiene imputadas.

Los hechos ocurrieron el día que el Parlament debía debatir los presupuestos. Unas 600 personas participaron en una protesta convocada por el movimiento 15-M que derivó en un asedio a una decena de diputados catalanes. En su escrito de acusación, el Parlament subraya que los manifestantes “bloquearon” el acceso a la institución mediante “barricadas” y arrojaron objetos a los diputados, a quienes también increparon, escupieron, empujaron, golpearon, acorralaron y amenazaron.

El Parlament, que ejerce la acusación particular igual que la Generalitat, recuerda que el bloqueo obligó a retrasar el pleno y propone que comparezcan como testigos Mas y otros nueve diputados que sufrieron el acoso. La petición de las dos instituciones es inferior a la que solicita la Fiscalía de la Audiencia Nacional: cinco años y medio de cárcel.

La portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds, Dolors Camats, mostró ayer su oposición al proceso judicial contra los manifestantes y pidió al Parlament que retire la acusación particular.