La juez de la Pokémon solicita documentación en Arzúa

Agentes de Vigilancia Aduanera han entregado en el Ayuntamiento de Arzúa un oficio de la titular del Juzgado de Instrucción número uno de Lugo, Pilar de Lara, que instruye la Operación Pokémon, para demandar documentación sobre contratos de servicios municipales. Según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, en el caso del Consistorio de Arzúa, la jueza ha demandado información sobre los contratos que este ayuntamiento mantiene con la empresa Aquagest, que...

Agentes de Vigilancia Aduanera han entregado en el Ayuntamiento de Arzúa un oficio de la titular del Juzgado de Instrucción número uno de Lugo, Pilar de Lara, que instruye la Operación Pokémon, para demandar documentación sobre contratos de servicios municipales. Según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, en el caso del Consistorio de Arzúa, la jueza ha demandado información sobre los contratos que este ayuntamiento mantiene con la empresa Aquagest, que centra las investigaciones de la Operación Manga, derivada de la Pokémon.

Según las fuentes consultadas, Vigilancia Aduanera, que en la operación Pokémon actúa como cuerpo judicial, no efectuó ningún registro en el Consistorio de Arzúa, sino que se limitó a entregar el oficio para recabar la documentación requerida en las diligencias de esta investigación, centrada en una supuesta trama de pagos de empresas a políticos para obtener concesiones de servicios públicos. El Ayuntamiento de Arzúa está gobernado en minoría por el BNG y Aquagest es la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua en este municipio, una concesión que data del año 2004 y que se habría producido por 20 años. En 2007, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictó una sentencia que anulaba el acuerdo plenario adoptado en diciembre de 2004 en el que se aprobó la ordenanza para el abastecimientos de agua.

La aprobación de la nueva ordenanza había conllevado una importante subida en las tasas y la sentencia del TSXG obligaba a que se modificasen porque, según el informe jurídico, deberían haberse adoptado a la vista de informes técnicos-económicos. Además, en mayo de 2009 se aprobó en el pleno municipal de Arzúa la concesión administrativa de la gestión de la piscina climatizada a Aquagest por un período de ocho años, una concesión sobre la cual el PP arrojó sospechas por supuestamente haber carecido de concurso público.