La difícil gestión de la biomasa
Los bosques generan 2,1 millones de toneladas de madera al año, de las que se aprovechan 600.000
Los episodios extremos de sequía registrada en la primavera y verano de 2012 dejaron una profunda huella en los bosques de Cataluña. Un estudio de DeBosCat —organismo dependiente del departamento de Agricultura y Medio Natural— revela que casi un 3% de la masa forestal presenta aun hoy síntomas de “debilitamiento” o ha muerto. Ello pone sobre la mesa una vez más un asunto no resuelto en las políticas medioambientales de la Generalitat: la gestión de la ingente cantidad de biomasa que, por episodios excepcionales como la sequía del año pasado o el ...
Los episodios extremos de sequía registrada en la primavera y verano de 2012 dejaron una profunda huella en los bosques de Cataluña. Un estudio de DeBosCat —organismo dependiente del departamento de Agricultura y Medio Natural— revela que casi un 3% de la masa forestal presenta aun hoy síntomas de “debilitamiento” o ha muerto. Ello pone sobre la mesa una vez más un asunto no resuelto en las políticas medioambientales de la Generalitat: la gestión de la ingente cantidad de biomasa que, por episodios excepcionales como la sequía del año pasado o el propio crecimiento natural de la vegetación, se acumula en los bosques cada año.
DeBosCat tiene como objetivo evaluar la salud de unas masas forestales víctimas en las últimas décadas de una dejadez relacionada con la escasa rentabilidad económica de la madera y los bosques. Ante este panorama, al que se le suma el crecimiento descontrolado de la superficie forestal por el abandono de tierras de cultivo, el Gobierno catalán ha impulsado el uso de la biomasa como fuente de energía.
Una alternativa que serviría para gestionar parte de los más de dos millones de hectáreas de bosques que hay en Cataluña, y que cada año producen 2,1 millones de toneladas de biomasa —de las que solo se aprovechan 600.000—, que constituyen una bomba de relojería en forma de incendios cuando llegan las épocas secas y las altas temperaturas. “La explotación de la biomasa es una buena solución para los bosques”, explica Jordi Vayreda, investigador del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), entidad dependiente de la UAB y que coordina los trabajos de DeBosCat. Pero Vayreda advierte: “No todo vale”.
La Generalitat impulsa un modelo de aprovechamiento erróneo Sara Vilà, diputada de ICV
“La Generalitat impulsa un modelo de aprovechamiento de la biomasa erróneo”, explica la diputada de ICV Sara Vilà. La ecosocialista critica que la intención del Gobierno catalán sea construir grandes centrales de producción de electricidad con la incineración de biomasa y dejar de lado una mayor extensión de las calderas domésticas o comunitarias que generan calor al quemar pellets, pequeñas cápsulas de materia orgánica compactada.
En Cataluña funcionan cuatro centrales de electricidad que consumen biomasa —en tres de ellas es la fuenta única y otra es mixta con energía solar—, con una potencia total de 15,6 megavatios y que consumieron 105.200 toneladas de residuos y productos biodegradables. Hay otras siete en proyecto, aunque este uso para la biomasa tiene sus detractores. “No tiene sentido levantar una planta en Palau d´Anglesola [Pla d’Urgell, con una potencia prevista 15 megavatios] si no tiene zonas boscosas cerca”, argumenta Vilà, que se muestra favorable al uso de esta energía siempre que prime la cercanía entre bosques y lugar de consumo de la madera.
Vayreda abunda en esta idea: “Cualquier proyecto de central eléctrica que esté mal estudiado puede ser muy perjudicial para el entorno”. Según las estimaciones del técnico del CREAF, para que la generación de energía con biomasa sea sostenible con el medioambiente, esta no debe ser transportada más de 30 kilómetros.
La Generalitat dejó de conceder ayudas para la biomasa en 2012
Para Vayreda “la biomasa es ideal para producir calor, ya que tiene un rendimiento del 90%, mientras que para producir electricidad solo es del 30%”, por lo que sentencia: “Sería mejor potenciar el uso de calderas para calefacciones y calentadores de agua”. Además, recuerda Vayreda, en el proceso de generación de electricidad se utiliza mucha agua, “un bien muy escaso en Cataluña”, que, según prevé Vayreda, puede traer conflictos con los agricultores.
El año pasado se produjeron en Cataluña 1.195.564 kilovatios hora con biomasa. El plan de energía de la Generalitat hasta 2020 se marca como objetivo producir seis veces más. Vayreda advierte de que este objetivo es inalcanzable con la cantidad de biomasa que generan los bosques. “Hacer que el 100% de la biomasa destinada a tal efecto provenga de la explotación forestal parece una temeridad difícilmente asumible”, y recomienda al Gobierno catalán que cambie sus objetivos ya que esta sobreexplotación “no permitiría ningún margen de seguridad ante eventuales perturbaciones, como sequías, plagas o incendios, sucesos que serán cada vez más frecuentes y más extremos”.
Desde 2005, la Generalitat ha subvencionado con 8,7 millones de euros la instalación de más de 1.500 calderas de biomasa para producir calor. Pero en enero de 2012 el Gobierno central aprobaba un real decreto para eliminar los “incentivos económicos para nuevas instalaciones de energías renovables”, por lo que el Ejecutivo catalán, con severos problemas para obtener financiación, se quedó sin presupuesto para subvencionar la instalación de calderas de biomasa.
Desde la principal federación de propietarios municipales de bosques, que representan el 19% de la superficie forestal de Cataluña, aseguran que uno de los problemas por los que no prospera el uso de biomasa para uso doméstico es la falta de ayudas directas y la desinformación que la rodea. “La gente ve que el precio de las calderas de biomasa es superior al de otros tipos de combustible y no compran, aunque en poco tiempo se recupere ese dinero”.
Desde el pasado marzo, el agua caliente y la calefacción del colegio El Farell y parte de las instalaciones deportivas de Caldes de Montbui (Vallés Oriental) funcionan con una caldera de biomasa. A falta de ayudas públicas, el alcalde de la localidad, Jordi Solé, admite que la única la solución para instalar todo el sistema fue el leasing. Durante cuatro años el Consistorio abonará 8.039 euros mensuales para pagar los 385.872 euros que costó la instalación. “Es lo mejor que hemos hecho, cada año no podemos ahorrar cerca de 50.000 euros en la factura energética”, explica Solé.