ICV fracasa en su intento de reprobar a Mas-Colell por la privatización de ATLL
El apoyo de Esquerra Republicana salva a CiU de recibir un revés en la Cámara catalana
El proceso de privatización de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) continuará como hasta ahora: judicializado y sin ninguna intención por parte del Gobierno catalán de dar marcha atrás en la adjudicación del concurso a Acciona. Además, la posibilidad de que el Parlament se convirtiera ayer en un nuevo ariete contra la privatización de la gestión del agua en alta que consumen casi cinco millones de catalanes se esfumó a las siete de la tarde. La moción presentada por ICV-EUiA fue rechazada por una mayoría parlamentaria y de nada sirvieron las enmiendas planteadas por los diferentes grupos para efectuar ...
El proceso de privatización de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) continuará como hasta ahora: judicializado y sin ninguna intención por parte del Gobierno catalán de dar marcha atrás en la adjudicación del concurso a Acciona. Además, la posibilidad de que el Parlament se convirtiera ayer en un nuevo ariete contra la privatización de la gestión del agua en alta que consumen casi cinco millones de catalanes se esfumó a las siete de la tarde. La moción presentada por ICV-EUiA fue rechazada por una mayoría parlamentaria y de nada sirvieron las enmiendas planteadas por los diferentes grupos para efectuar cuatro votaciones separadas en función de los puntos incluidos en la redacción de la moción.
Todas ellas fueron rechazadas gracias a las diferentes alianzas que logró CiU. El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell —uno de los ideólogos de la operación— no será reprobado por sus responsabilidades políticas en el procedimiento de adjudicación gracias a los votos contrarios a la medida de ERC, que tampoco apoyó la propuesta para que se revise todo el concurso: se declare desierto —asumiendo la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales— y la Generalitat vuelva a asumir la gestión de ATLL.
Un concurso sin fin
Desde el mismo momento en el que el Departamento de Territorio anunció que Acciona ganaba el concurso por ATLL, la otra licitante, Agbar, inició una batalla legal para evitarlo.
El 27 de diciembre la Generalitat firma con Acciona el contrato y se asegura el cobro de 300 de los 1.000 millones que pagará la compañía durante los 50 años de concesión.
El 3 de enero, el OARCC resuelve que la oferta de Acciona no cumple el pliego del concurso, lo que obliga a suspenderlo.
El Gobierno se niega asumir la resolución y recurre ante el TSJC. Un auto del tribunal conmina a ejecutar la resolución, pero la Generalitat se enroca y afirma que no hará nada hasta tener sentencia, que puede tardar unos cuatro años.
Inferior fue todavía el apoyo que obtuvo ICV-EUiA en otra de sus propuestas: que la Generalitat mantenga los dos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la creación de una empresa mixta entre Agbar y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), un gran negocio de suministro de agua que se adjudicó sin concurso público. Antes del cambio de Gobierno, el Departamento de Territorio inició el litigio por considerar que el convenio de creación de la nueva empresa invadía competencias autonómicas, pero, a su llegada, el consejero Santi Vila inició negociaciones para retirar esos recursos. Los ecosocialistas, comandados en esta materia por Salvador Milà, apenas lograron en este tema 23 apoyos.
“Es el último intento para enderezar la chapuza de la privatización”, aseguró el diputado de ICV-EUiA antes de las votaciones. A grandes trazos, con matices y diferentes puntos de vista, sus críticas a la operación fueron apoyadas por los portavoces del resto de grupos políticos, pero ese apoyo no tuvo reflejo después en la votación. Jordi Terrades (PSC) afirmó que “no todo se puede regir por las reglas del libre mercado” y advirtió que la privatización del agua conllevará “el pago [por parte del contribuyente] del coste de las externalizaciones”. Su único pero fue la necesidad de “garantizar la seguridad jurídica” a las empresas y tampoco apoyó la propuesta sobre la AMB, operación avalada en el pleno metropolitana por convergentes y socialistas.
ERC, a través de Marc Sanglas, también calificó de “chapuza” la operación, pero se negó a reclamar la suspensión del contrato firmado con Acciona. “De nada serviría si no tenemos una resolución judicial”, argumentó en referencia al trámite abierto en el TSJC, si bien aseguró que en el futuro ERC demandará que la gestión del agua vuelva a ser pública, porque se trata de “un bien estratégico”. El diputado del PP Santi Rodríguez criticó la falta de transparencia en el proceso y Jordi Cañas (Ciutadans) defendió que “lo que es un bien público debe administrarse como un bien público”.
Meritxell Roigé, de CiU, negó “precipitación” en la adjudicación y dijo que “no es una operación ideológica, sino necesaria”.