Los socialistas recurren el archivo del caso del incendio mortal en la M-30

El Grupo Municipal Socialista recurrió ayer el archivo de la causa penal abierta por el Juzgado de Instrucción número 21 por la muerte de dos trabajadores en un incendio ocurrido en el pozo 4 de la M-30 el pasado 26 de octubre. Los concejales Jaime Lissavetzky, Ruth Porta y Diego Cruz —personados en la causa— piden que se mantenga la investigación para determinar si se produjeron los delitos de homicidio imprudente, contra los der...

El Grupo Municipal Socialista recurrió ayer el archivo de la causa penal abierta por el Juzgado de Instrucción número 21 por la muerte de dos trabajadores en un incendio ocurrido en el pozo 4 de la M-30 el pasado 26 de octubre. Los concejales Jaime Lissavetzky, Ruth Porta y Diego Cruz —personados en la causa— piden que se mantenga la investigación para determinar si se produjeron los delitos de homicidio imprudente, contra los derechos de los trabajadores o de daños, según el escrito de recurso.

Los socialistas acusan al auto firmado por la titular del Juzgado número 21, Mercedes Gutiérrez Suárez, de no entrar en el fondo de la investigación ni de haber aceptado las pruebas propuestas por ellos para conocer las circunstancias del accidente. El recurso mantiene que sí hubo relación de causa efecto entre el fallo de los sistemas antiincendios y las dos muertes: “Es evidente que, si dichos sistemas hubieran estado operativos y en funcionamiento, ni el incendio habría precisado más allá de la intervención de una persona con un simple extintor”, relata.

El escrito también se opone a la afirmación de que los fallecimientos se produjeron “pura y exclusivamente” por la imprudencia de los finados. Se basan para ello en que algunos testigos declararon ante la policía que los fallecidos accedieron al cuarto donde se produjo el incendio para “tapar el hecho de que dicho sistema estuviera inutilizado y desmantelado”. Los socialistas mantienen que debe tomarse declaración a esas personas, sobre todo, para determinar si los responsables de Empresa de mantenimiento de la M-30 (EMESA) instaron a los fallecidos a entrar en el pozo. “Y ello por cuanto la empresa podría sufrir importantes penalizaciones si ese dato trascendía e incluso perder la concesión del mantenimiento de las instalaciones”, describen los socialistas.

También hacen un repaso a las pruebas solicitadas por los concejales y que no fueron aceptadas por el juzgado. Entre ellas estaban el saber desde qué fecha estaban inutilizadas los sistemas antiincendios, si estos cumplían la normativa de seguridad y los requerimientos del manual de explotación de la M-30 y por qué en algunas partes de la instrucción consta que Emesa tuvo conocimiento del incendio media hora antes de la llegada de la policía.