Botella presiona a Montoro para eliminar el impuesto de plusvalía a desahuciados

La Ley Hipotecaria no sólo es injusta, tal y como determinó la semana pasada el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, somete a aberraciones poco comprensibles a las familias a las que se despoja de su hogar por el impago del préstamo bancario. La legislación tributaria considera que el traspaso forzado de la vivienda, que queda en manos de la entidad financiera, obliga a la familia a pagar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, también conocido como de plusvalía.

Este tributo responde al incremento de valor que ha sufrido el inmueble ...

La Ley Hipotecaria no sólo es injusta, tal y como determinó la semana pasada el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, somete a aberraciones poco comprensibles a las familias a las que se despoja de su hogar por el impago del préstamo bancario. La legislación tributaria considera que el traspaso forzado de la vivienda, que queda en manos de la entidad financiera, obliga a la familia a pagar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, también conocido como de plusvalía.

Este tributo responde al incremento de valor que ha sufrido el inmueble desde que su propietario lo compró; debe abonarlo éste, pues, al venderlo. Excepto en caso de herencia o donación, en cuyo caso lo paga el receptor. En los desahucios, lo satisface el propietario que pierde la vivienda. Ese dinero lo recibe el Ayuntamiento; en la capital, supone unos ingresos de 416 millones en 2013, casi uno de cada diez euros que entran en las arcas municipales.

El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Ana Botella (Partido Popular), ve "chocante" esta normativa, "tratándose de un asunto tan sensible", y considera que "viene a agravar aún más la delicada situación de las familias que sufren este penoso trance". "No es razonable", sostiene el área municipal de Hacienda, que dirige Concepción Dancausa. Cree que debe acometerse un cambio normativo "sin demora", pero carece de "autonomía o capacidad" para llevarlo a cabo. Por ello, "va a instar e impulsar ante el Estado una nueva modificación de la Ley de Haciendas Locales para que las personas desahuciadas de su vivienda habitual no tributen por este impuesto".

Si la iniciativa partiera de otro Ayuntamiento y en otras circunstancias, parecería más bien un brindis al sol. Sin embargo, Madrid no sólo es el municipio más poblado (3,3 millones de habitantes), y por tanto uno de los más afectados por estas situaciones. Su alcaldesa además mantiene una estrecha coordinación con el Ministerio de Hacienda, lo que, unido a la presencia en el Gobierno de antiguos responsables económicos del Ayuntamiento, ha permitido sacar adelante otras medidas en la línea de las propuestas de la capital. En este caso en concreto, fuentes cercanas a Botella se muestran muy optimistas. La cifra anual de desahucios en la capital es complicada de fijar, puesto que los datos judiciales se conocen con varios meses de retraso y no afinan demasiado geográficamente. Sin embargo, el Ayuntamiento cifra en hasta 7.199 las ejecuciones durante 2012, a partir de la intención en todas ellas de la Policía Municipal como cuerpo policial de apoyo. Esta cifra no es tampoco exacta, puesto que los agentes contabilizan sus actuaciones, no los desalojos efectivos, de forma que aparecen como tales también aquellas frustradas por cualquier circunstancia.

El Pleno municipal ya aprobó en diciembre de 2011, con Alberto Ruiz-Gallardón aún como alcalde, una proposición unánime para instar al Gobierno a introducir este cambio, a instancias de Izquierda Unida. Entonces, Mariano Rajoy (Partido Popular) acababa de sustituir al socialista José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo. Recogió la propuesta en el decreto ley de marzo de 2012 de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, un remiendo rápido de la norma hipotecaria aprobado ante la alarma social provocada por los desahucios. Pero la circunscribió a supuestos muy restrictivos, en concreto a familias en riesgo de exclusión por falta de recursos. La intención del Ayuntamiento ahora es ampliar esa protección a todos los casos. La propuesta de Botella no elimina el tributo, sino que demora su pago hasta la siguiente transmisión. Es decir, no lo tendrá que pagar la familia desahuciada, pero tampoco al banco. O no al menos en el momento de la ejecución.

Lo hará cuando venda la casa, calculándose a partir del incremento de valor hasta ese momento. Eso permite no cargar tampoco las tintas sobre las entidades financieras, muchas de las cuales ya han tenido que ser rescatadas con dinero de todos los ciudadanos. El Ayuntamiento "intentará que la propuesta tenga efectos retroactivos para que se puedan beneficiar de ella las personas desahuciadas en los últimos meses también". La incidencia de la medida "será prácticamente inapreciable" para las arcas municipales, puesto que las probabilidades de cobrar el tributo a las familias desahuciadas "es prácticamente inexistente".

Si de esta manera logra ingresos extraordinarios, aunque sea dentro de años, gracias a la capacidad financiera de los bancos, miel sobre hojuelas. El Gobierno municipal quiere solucionar también otro problema tributario provocado por los desahucios. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se gestiona a partir del padrón, que depende de la Dirección General del Catastro. Así, el Ayuntamiento recibe la información del cambio de titularidad de la vivienda por desahucio o bien a través de la entidad financiera o bien de la familia afectada. Si ni uno (por interés o incompetencia) ni el otro (por el drama de su situación) lo hace, los recibos se siguen cobrando al anterior propietario.

Para evitarlo, el área de Hacienda esta negociando con el Estado una fórmula que le permita "disponer de manera lo más rápida posible" de esta información. Al frente de la Dirección General del Catastro estuvo de enero a octubre de 2012 Rosana Navarro, antes responsable de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento y ahora secretaria general de Coordinación Autonómica y Local.