El Gobierno vasco en funciones suspende la reunión con el PNV
El pago de la paga extra de los funcionarios provoca un último conflicto entre socialistas y peneuvistas y enturbia el traspaso de poderes
El PNV quiere condicionar las últimas acciones del Gobierno en funciones de Patxi López, pero no quiere tomar parte en la decisión de pagar o no la extra a los funcionarios. El Gobierno vasco quería endosarle la patata caliente de un abono de en torno a 200 millones de euros que además de restar capacidad de gasto al próximo ejecutivo, le puede abrir un frente jurídico con la administración central.
Así las cosas el Gobierno ha suspendido la cita que tenía con una delegación del partido de Iñigo Urkull...
El PNV quiere condicionar las últimas acciones del Gobierno en funciones de Patxi López, pero no quiere tomar parte en la decisión de pagar o no la extra a los funcionarios. El Gobierno vasco quería endosarle la patata caliente de un abono de en torno a 200 millones de euros que además de restar capacidad de gasto al próximo ejecutivo, le puede abrir un frente jurídico con la administración central.
Así las cosas el Gobierno ha suspendido la cita que tenía con una delegación del partido de Iñigo Urkullu para avanzar en el traspaso de poderes, pero sobre todo para resolver si los funcionarios iban a disponer o no de una inyección económica que el Decreto Ley de julio del Gobierno central ha dejado en entredicho.
Es decir, vuelta a empezar. Los funcionarios seguirán un tiempo más sin saber qué va a pasar con su extra y ahora la presión está en el Ejecutivo vasco, que ha dicho por activa y por pasiva que "hay dinero para abonarla" y además se dan las condiciones políticas para hacerlo.
Fuentes del Ejecutivo en funciones han señalado que la reunión sobre el traspaso de poderes se ha suspendido al considerar que se había roto "el principio de confianza y lealtad" al darse a conocer la postura del PNV a través de los medios de comunicación. El PNV anunció que exigiría al Ejecutivo que paralice la puesta en marcha de compromisos de gasto por 640 millones de euros, algunos de ellos en planes plurianuales, que supuestamente se aprobarán en los últimos Consejos, argumentando que limita el margen de maniobra del futuro Gobierno de Iñigo Urkullu.