Competencia estrecha el control sobre los colegios profesionales
La agencia andaluza ha multado ya a notarios, arquitectos y administradores de fincas Inicia una campaña contra las normas restrictivas municipales
La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA) está llevando a cabo una intensa labor de promoción y prevención de las actuaciones de los agentes que inciden en la libre competencia de los mercados. En concreto, el II Plan de Actuación de la ADCA 2010-2012 está prestando especial atención a los colegios profesionale...
La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA) está llevando a cabo una intensa labor de promoción y prevención de las actuaciones de los agentes que inciden en la libre competencia de los mercados. En concreto, el II Plan de Actuación de la ADCA 2010-2012 está prestando especial atención a los colegios profesionales, que mantienen aún, en sus normas de actuación y estatutos, conductas claramente anticompetitivas y que ya han dado lugar a un buen número de expedientes y sanciones.
Colegios de Administradores de Fincas, de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, de Procuradores, de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, y hasta el Colegio de Notarios de Andalucía, han sido objeto de investigación y en su caso de sanción por parte de la ADCA por prácticas claramente restrictivas y contrarias a la competencia y al libre mercado. Así, los Administradores de Fincas de Almería fueron multados con multas de 15.000 y 3.625 euros por fijar y recomendar un baremo de honorarios a sus colegiados y establecer el precio de los certificados de deuda de los propietarios frente a su comunidad.
El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos fue multado en febrero con 50.000 euros de multa por impedir a otros colectivos competentes emitir visados de documentos parciales de proyectos. En este caso, la ADCA ordenó al consejo de colegios que además de la multa organice un programa formativo en relación con las exigencias derivadas del derecho de competencia en el ámbito de los servicios profesionales.
Los notarios andaluces tampoco se han librado de la agencia, que en una ocasión les sancionó con cuatro multas por importe total de 91.675 euros por prácticas restrictivas de la competencia, y en otra llegó a un acuerdo para finalizar el procedimiento mediante la llamada “terminación convencional”. Este procedimiento consiste en que los presuntos infractores proponen compromisos que resuelven los efectos sobre la competencia derivados de las prácticas denunciadas y quede garantizado suficientemente el interés público. En el primer caso, el Colegió de Notarios de Andalucía abonó la sanción, y recurrió el fallo.
Otros colectivos también se han visto sancionados en los dos últimos años por la ADCA, como los informadores turísticos de Granada, gruístas de Málaga, fabricantes y expendedores de pan de Granada, Málaga y Sevilla, taxistas de Córdoba y emisoras de taxis de Sevilla.
Por otro lado, en su labor de prevención y promoción de la Competencia, la ADCA ha informado con carácter consultivo más de 40 anteproyectos de ley y proyectos de reglamento de la Junta de Andalucía, con el objetivo de proteger, especialmente, los intereses de los consumidores. Igualmente, y de manera preventiva y de fomento de la cultura competitiva, la ADCA va a iniciar una serie de acciones dirigidas a los ayuntamientos con el fin de que nos restrinjan la competencia en sus ordenanzas, actos administrativos y normas con rango inferior al de reglamentos. Además, la ADCA informará de su capacidad para impugnar estas actuaciones en el ámbito de sus competencias.
Además, la agencia andaluza de la Competencia está llevando a cabo un ambicioso proyecto en colaboración con las consejerías de Presidencia y Hacienda y Administraciones Públicas, para adaptar todos los procedimientos de la Junta a la directiva de servicios de la Unión Europea. Se pretende establecer una norma de general de funcionamiento de la Administración que contribuya a la libertad de empresa mediante la libertad general de establecimiento, y la supresión de los trámites administrativos innecesarios o su simplificación. Hasta la fecha ya ha sido chequeados los procedimientos de cinco de las 11 consejerías.