“Mi única esperanza es tener el permiso y comenzar las obras”

“Mi única esperanza es que me den el permiso y pueda volver a vivir en mi casa”, confiesa antes de despedirse Rafael García Sánchez. Este vecino de 54 años de El Cabanyal-Canyamelar, en Valencia, ha tenido que abandonar su piso de toda la vida debido a la negativa del Ayuntamiento de darle una licencia de reforma. Junto a él, lo han hecho los otros tres residentes de este edificio situado en la calle del Progreso número 70. Todos se han marchado por miedo a un imprevisto desplome y para “no arriesgar su seguridad personal”.

La historia no es reciente. Lleva más de un año coleando. Exact...

“Mi única esperanza es que me den el permiso y pueda volver a vivir en mi casa”, confiesa antes de despedirse Rafael García Sánchez. Este vecino de 54 años de El Cabanyal-Canyamelar, en Valencia, ha tenido que abandonar su piso de toda la vida debido a la negativa del Ayuntamiento de darle una licencia de reforma. Junto a él, lo han hecho los otros tres residentes de este edificio situado en la calle del Progreso número 70. Todos se han marchado por miedo a un imprevisto desplome y para “no arriesgar su seguridad personal”.

La historia no es reciente. Lleva más de un año coleando. Exactamente desde la primera semana de septiembre de 2011, cuando este impresor (o “trabajador en diseño gráfico, que queda mejor”) regresó de pasar las vacaciones en el pueblo de su madre, en Albacete. “Al llegar vi que el balcón había cedido”, explica mostrando el desnivel con el envés de la mano, “y tuve que llamar a los bomberos”. Ellos recomendaron la retirada inmediata de toda la terraza. Ahora, este piso de tres plantas muestra todas las persianas bajadas y un hueco indisimulable con tres prótesis de metal saliendo de la fachada. Antonio Gavilán, el propietario de la constructora que gestiona la finca, que acompaña a Rafael mientras enseña el estado de la vivienda, procedió a demolerlo. Desde entonces, este pedazo de una de las principales arterias del barrio marítimo luce cinco vallas rodeando la acera. Este cerco resguarda de la caída de algún objeto de la pared y ocupa algo más del espacio de un aparcamiento.

El 23 de abril de este año los cuatro propietarios —amparados por los informes favorables de los servicios técnicos— solicitaron la licencia para reparar la fachada. Hasta cuatro meses más tarde, el 9 de agosto, no obtuvieron ninguna respuesta. Cuando esta llegó, el Ayuntamiento rechazaba la petición. “Cambiaron la calificación a permiso por edificación”, intercede Gavilán. Después de defender el “informe favorable” de los técnicos de la Unidad de Reformas del 16 de junio, completan la tramitación del procedimiento y señala que “el edificio en cuestión” está “en el ámbito del Pepri \[Plan Especial de Reforma Interior\] Cabanyal-Canyamelar”. Aludiendo al recurso que interpuso el Tribunal Constitucional en 2010 contra la orden que permitía los derribos en el barrio, la sentencia desestima la petición y resuelve que “no puede concederse la licencia”.

Ese impedimento administrativo dejó a los inquilinos con un riesgo personal notable. “Tuvimos que revisar todas las vigas y apuntalar”, explican antes de comprobar un interior convertido en esqueletos de obra.

La sorpresa les llegó cuando, lejos de abrir la solución a este problema estructural, la policía les entregó una orden que les obligaba a acometer unas obras “precautorias” de 12.494 euros. Les daban un plazo de 72 horas. “Es una contradicción enorme”, opinan al unísono. “Si no consideran importantes las obras como para permitirlas, ¿cómo pueden obligarnos a repararlo por problemas de seguridad?”.

La solución, en este caso, fue marcharse del edificio. Rafael lo hizo con su madre, de 82 años, y su hermana. El resto, según cuenta, ha hecho lo mismo. Él paga 450 euros por vivir “apiñado”. “Llevábamos 45 años allí”, suspira. “Imagínate lo que es para mi madre cambiarse de domicilio a su edad”.

Desde la Associació de Veïns de Cabanyal-Canyamelar, a donde se han dirigido, esgrimen una lista de decenas de situaciones similares. “Los vecinos tienen un nivel de información muy alejado de lo que pasa”, responde Gallart, el vicepresidente, “y no lo entienden”. “Si se trata de una comunidad de propietarios, se quedan paralizados. En el caso de particulares, muchas veces emprenden obras por su cuenta, sin avisar”, asevera. “Acaban de decir que tiene que haber permisos para todas las obras mayores salvo ampliaciones o casos innecesarios”, continúa, “pero cada vez que hablan del tema lo hacen sin ser coherentes”. En 2011 se dieron 27 licencias para 108 viviendas afectadas, según la respuesta del Consistorio a las preguntas formuladas por el exconcejal socialista Vicente González Móstoles. “Es una situación desconcertarte”, resume Gallart.

Y mientras los perros Thor y Nica, los dos únicos ocupantes del inmueble, se pegan a la ventana del bajo y Rafael se aleja mostrando el estado del resto de edificios de la calle, Gavilán acierta a decir que “lo único que se siente es cabreo e impotencia por culpa de cuatro políticos de mierda”. “Creo que si se quiere llevar a cabo un proyecto, lo primero es ayudar a las personas”, le apoya Rafael.