El fiscal se querella contra la secretaria de la Cámara de Pontevedra
La funcionaria participaba en la cuenta bancaria de una empresa brasileña contratada como proveedora de servicios
El fiscal de Delitos Económicos de Pontevedra, Augusto Santaló, ha interpuesto una querella contra la secretaria general de la Cámara de Comercio de Pontevedra, María del Rosario Lorenzo, por percibir presuntos cobros de una empresa de promoción a sueldo de la entidad e irregularidades en el contrato subvencionado por la Xunta.
El fiscal basa la demanda en un presunto delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, ...
El fiscal de Delitos Económicos de Pontevedra, Augusto Santaló, ha interpuesto una querella contra la secretaria general de la Cámara de Comercio de Pontevedra, María del Rosario Lorenzo, por percibir presuntos cobros de una empresa de promoción a sueldo de la entidad e irregularidades en el contrato subvencionado por la Xunta.
El fiscal basa la demanda en un presunto delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, tras varios meses de investigaciones a raíz de una denuncia interna de empleados de la Cámara en la que se apreciaron importantes irregularidades en la gestión de la secretaria.
El 10 de abril de 2002 el comité ejecutivo de la Cámara acordó la creación de una oficina de representación en Brasil y al día siguiente el pleno aprobó por unanimidad la firma de un convenio con la Dirección Xeral de Comercio para crear la delegación en la ciudad brasileña de Florianápolis, nombrando como representante a Juan José María Lago, que anteriormente había trabajado como becario en la entidad. En ejecución de los anteriores acuerdos, a partir del 1 de julio de 2002 y hasta la actualidad, la Cámara firmó contratos anuales con Contrato Em Comunicaçoes Empresariais Ltda, representada por J.J. María Lago.
Dichos contratos, que se denominan de arrendamiento de servicios, se encuadran dentro del ordenamiento civil y tienen por objeto el asesoramiento, apoyo y asistencia a las actividades de exportación e internacionalización de la economía gallega en Brasil. Como contraprestación, la empresa contratante percibió cantidades que en el primer contrato se fijaron en 3.800 dólares mensuales y que estaban subvencionados por la Xunta del 50% al 80%.
Según la querella, no consta que para la adjudicación de estos contratos se hubiese seguido ningún tipo de procedimiento administrativo sometido a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, que flagrantemente se incumplieron. “Pero el posible delito cometido estaría prescrito y no consta que a los sucesivos presidentes de la Cámara, firmantes de los posteriores contratos, se les hubiese advertido de la posible ilegalidad, pues no consta que la secretaria general hubiese hecho ninguna advertencia al respecto”, apunta el fiscal.
La Xunta subvencionó entre
Los pagos por parte de la Cámara a la empresa contratada se realizaban mediante cheques bancarios que eran ingresados tras el correspondiente endoso en una cuenta de Novagalicia Banco, de la que era titular Juan José María Lago. Al menos seis de estos cheques, emitidos entre agosto y diciembre de 2011, fueron endosados a la cuenta bancaria que señaló la querellada, María del Rosario Lorenzo.
En 2009, Juan José María Lago facultó a la secretaria general de la Cámara para realizar cuantas operaciones permitiera la legislación y las prácticas bancarias con cajas de ahorros, bancos y entidades similares, aunque, según la querella, María del Rosario estaba como autorizada en la cuenta de María Lago desde 2006 y hasta abril de 2012. Además de los endoses, consta que en 2011 la secretaria efectuó, al menos, un cargo por importe de 3.000 euros y un reintegro en efectivo de 12.720 euros, lo que indica que tenía “participación activa en las operaciones comerciales y bancarias de Juan José María Lago”.
El fiscal ha solicitado al juzgado la declaración de Rosario Lorenzo, que ocupa el cargo desde noviembre de 1998. De su interrogatorio no se descarta que se pueda ampliar la querella a otros posibles implicados. Entre las funciones de la secretaria, está la de velar por la legalidad de los acuerdos de los órganos de gobierno de la entidad.