El Palma Arena de Gürtel

El 10 de mayo de 2007 el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (46.151 habitantes), cuyo alcalde era el ahora imputado en el caso Gürtel Arturo González Panero, adjudicó el mayor contrato de la historia de este municipio. Con el rimbombante nombre de Parque del Deporte y de la Salud, la inversión prevista era de 30,5 millones de euros, según se puede leer todavía hoy en los carteles que se instalaron en las inmediaciones de la obra. El complejo, que en Boadilla llaman ciudad del deporte, tiene unas dimensiones colosales: 45.000 metros cuadrados (un campo de fútbol mide menos de 10.000), en los qu...

El 10 de mayo de 2007 el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (46.151 habitantes), cuyo alcalde era el ahora imputado en el caso Gürtel Arturo González Panero, adjudicó el mayor contrato de la historia de este municipio. Con el rimbombante nombre de Parque del Deporte y de la Salud, la inversión prevista era de 30,5 millones de euros, según se puede leer todavía hoy en los carteles que se instalaron en las inmediaciones de la obra. El complejo, que en Boadilla llaman ciudad del deporte, tiene unas dimensiones colosales: 45.000 metros cuadrados (un campo de fútbol mide menos de 10.000), en los que estaba prevista la construcción de un campo de fútbol, una pista de atletismo, una piscina y un gimnasio.

La adjudicación levantó las suspicacias de la oposición, que denunció el hecho de que la mayor obra de la historia se adjudicara mediante trámite de urgencia y ante la ausencia del propio alcalde. Tampoco ayudó que un cargo de confianza del regidor fuera el encargado de realizar el informe de valoración, que acabó dando el concurso a Hispánica, cuyo propietario entonces, Alfonso García Pozuelo Asins, está acusado en el sumario de Gürtel de pagar comisiones ilegales a ex altos cargos del PP de Boadilla.

Unos 15 días después de adjudicarse el contrato, un cargo del Ayuntamiento, Tomás Martín Morales, también imputado en Gürtel, recibía 660.000 euros en tres ingresos diferentes en una cuenta, según el sumario. En la referencia de la primera entrega figura la palabra “albondiguilla”, que era el sobrenombre con que el presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa, se refería a González Panero.

Según el auto que dictó el exmagistrado Baltasar Garzón, el exdiputado regional Alfonso Bosch, que también era gerente de la empresa del suelo de Boadilla, y Martín Morales intermediaron “para obtener la adjudicación del proyecto de construcción de la ciudad deportiva a la empresa Hispánica”.

Cinco años después, el pasado 17 de julio, el Ayuntamiento de Boadilla, con un nuevo regidor que no tiene nada que ver con la trama, Antonio González Terol (PP), decidió recuperar la titularidad del parque del deporte.

Pero lo más sorprendente es que el Ayuntamiento, que hasta el momento había pagado unos 13,9 millones de euros a Hispánica y a Assignia, la empresa que continuó con la obra tras el concurso de acreedores de la primera, ha decidido pagar más de tres millones en concepto de liquidación. En total Boadilla ha pagado 16,9 millones por una obra que no se ha terminado y que, si llega a concluirse, será a costa de otra inversión millonaria. Toda la operación guarda semejanzas con el caso Palma Arena, el polideportivo de Mallorca adjudicado irregularmente a una trama corrupta, cuya coste final se multiplicó por tres hasta los 110 millones.

“Por motivos no imputables a la empresa adjudicataria, la obra se paralizó en diciembre de 2010 después de haberse agotado las prórrogas concedidas sobre el plazo marcado para la finalización de la misma”, explica la nota de prensa del Consistorio, que tampoco asume ninguna responsabilidad: “Las razones por las que no se pudo continuar la ejecución de la obra [...] tienen que ver con aspectos como las ubicaciones de los suministros, especialmente el del agua, que pasaba por una calle que tuvo que ser anulada para construir el complejo deportivo, o indefiniciones en el proyecto en determinadas zonas como las de fútbol y atletismo”.

Para el Ayuntamiento, el hecho de que las causas de la paralización “sean ajenas” a la empresa impide, “de acuerdo con los informes emitidos por los técnicos municipales, que el Ayuntamiento pueda imponerle ningún tipo de sanción por imcumplimiento del pliego de condiciones”. Este incluía, entre las obligaciones de la adjudicataria, que la obra se finalizara en 24 meses.

Ahora el Consistorio, para ver la infreastructura terminada, tendría que adjudicar la continuación de la construcción. Una simple visita a las obras permite observar que la labor no será fácil: la preinstalación del aire acondicionado y los propios forjados llevan más de dos años a la intemperie, deteriorados, de manera que posiblemente habría que rehacer mucho de lo que se ha hecho.