El 67% de los comercios de Barcelona se oponen a la liberalización de horarios
Los comerciantes piden a la Generalitat que intente paralizar el decreto del Gobierno español La ampliación de horarios aumentará costes laborales, pero no las ventas, dicen los tenderos
El 67,4% de los pequeños y medianos comercios de Barcelona se oponen a la liberalización de horarios comerciales decretada por el Gobierno español, según el indicador del comercio de Barcelona que este miércoles ha presentado la escuela de negocios ESADE en colaboración con la Fundación Barcelona Comerç. El indicador se elabora con el punto de vista de los comerciantes de 17 ejes comerciales que suman 10.000 tiendas. Hay, pues, desde ejes de barri...
El 67,4% de los pequeños y medianos comercios de Barcelona se oponen a la liberalización de horarios comerciales decretada por el Gobierno español, según el indicador del comercio de Barcelona que este miércoles ha presentado la escuela de negocios ESADE en colaboración con la Fundación Barcelona Comerç. El indicador se elabora con el punto de vista de los comerciantes de 17 ejes comerciales que suman 10.000 tiendas. Hay, pues, desde ejes de barrios alejados del centro hasta Barna Centre, en pleno meollo turístico. El director del estudio, el profesor Josep Francesc Valls, ha señalado que las 484 encuestas se hicieron antes de que el Gobierno diera luz verde a la liberalización horaria.
La opinión mayoritaria entre los comerciantes consultados es que la liberalización de horarios aumentará sus costes laborales y en cambio no les ayudará a aumentar las ventas. El decreto aprobado por el Gobierno español, que el Gobierno catalán quiere llevar al Tribunal Constitucional porque considera que invade sus competencias, permite hacer rebajas todo el año, eleva de ocho a 10 los días festivos en que podrán abrir y obliga a varias ciudades a liberalizar horarios en zonas turísticas (todavía por definir). Pese al anuncio del Ejecutivo catalán de que recurrirá el decreto, los comerciantes han insistido en pedir a la Generalitat que lo paralice. Esta misma tarde tienen previsto reunirse en el Parlament con el consejero de Empresa y Empleo, Francesc Xavier Mena.
Según el estudio, el 47% de los comerciantes consultados creen que la medida tendrá un impacto medio o bajo en sus ventas, y en cambio, el 50 % considera que aumentará sus costes laborales. El 58% también alerta de los efectos que tendrá el decreto en la conciliación de la vida familiar y laboral, si bien los comercios del sector de la alimentación o relacionados con el ocio y el tiempo libre reciben mejor las propuestas del Gobierno que otros, y el apoyo a la liberalización es mayor entre los céntricos. En cualquier caso, el estudio revela que el 62,5% cree que si el decreto se aplica, debe afectar a todos los comercios de la ciudad por igual.
El presidente de la Fundación Barcelona Comerç, Vicen Gasca, ha subrayado que el porcentaje real de rechazo entre los comercios es superior a lo que muestra la encuesta, en torno al 85%, ya que el estudio incluye también las respuestas de algunos tipos de comercios de la ciudad que ya están autorizados a abrir en domingo.
Gasca ha insistido en que los comercios de la capital catalana se oponen a la liberalización horaria porque comportará la "precarización" de las condiciones laborales de los empleados de estos comercios y "la desertización de muchas zonas de Barcelona". El concejal de comercio del Ayuntamiento de Barcelona, Ramon Blasi, por su parte, ha defendido el modelo de comercio de proximidad vigente en Cataluña y en la capital catalana.
Los sindicatos y la entidades patronales más representativas del pequeño y mediano comercio de Cataluña ya dieron a conocer a principios de mes un manifiesto en el que expresaban su rechazo al anuncio del Gobierno sobre la aprobación de un real decreto que modifica el marco estatal en materia de horarios comerciales. La Confederación del Comercio de Cataluña, el Consejo de Empresas Distribuidoras de Alimentación de Cataluña (Cedac), Pimec Comer, UGT, CC OO, la Agrupació de Botiguers de Catalunya (ABC) y la Confederación de Asociaciones de Marchantes de Cataluña (Cocam), entre otras entidades, alertaron de que el Gobierno pretende un "cambio de modelo comercial y una invasión de las competencias propias de la Generalitat".