Las fincas públicas no tienen novio

Hace ahora un año que la Consejería de Agricultura inició las primeras subastas para deshacerse de 20.000 hectáreas de terreno agrícola que pertenecieron al antiguo Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA). La subasta tenía un doble objetivo: por un lado se cumplía el decreto ley que daba carpetazo a la reforma agraria de 1984. Por otro, se buscaba aumentar los ingresos de las mermadas arcas autonómicas. Sin embargo, en este tiempo la Junt...

Hace ahora un año que la Consejería de Agricultura inició las primeras subastas para deshacerse de 20.000 hectáreas de terreno agrícola que pertenecieron al antiguo Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA). La subasta tenía un doble objetivo: por un lado se cumplía el decreto ley que daba carpetazo a la reforma agraria de 1984. Por otro, se buscaba aumentar los ingresos de las mermadas arcas autonómicas. Sin embargo, en este tiempo la Junta solo ha logrado vender cuatro de las 12 fincas de titularidad pública, y apenas se ha avanzado en el proceso para que los colonos que gestionaban las tierras en régimen de alquiler asumieran su propiedad.

El decreto ley de la Junta fijó de plazo hasta el 31 de diciembre pasado para proceder a la venta de este patrimonio de más de 20.000 hectáreas de terrenos agrícolas, con la que se quería recaudar unos 75 millones de euros. Sin embargo, la consejería se vio forzada a ampliar otros seis meses el plazo para que todos los que hubieran mostrado su interés culminaran la operación.

Además, hizo más atractiva la venta al aprobar una modificación de la Ley de Presupuestos donde se establecía una rebaja en el precio de salida de hasta el 65% a los cultivadores provisionales, es decir, los colonos que lleven más de una década trabajando las tierras pero con una concesión que se les iba prorrogando año tras año. La reducción a los colonos oscilaba en función de la antigüedad, la generación de empleo o la inversión efectuada en las tierras. Sin embargo, estos incentivos no han servido para aligerar la venta.

Tres de las cuatro fincas cuyo proceso de enajenación se ha completado se encuentran en la provincia de Jaén. Son La Melga y Barruelos, en Chiclana de Segura, y Las Juntas, en Segura de la Sierra. La cuarta finca es una zona regable de la cuenca del río Chanza, en Huelva. Por todas ellas apenas se ha ingresado un millón y medio de euros, un precio muy por debajo del inicialmente previsto, ya que varias de ellas quedaron desiertas y en las subastas posteriores se rebajó el precio de salida.

Otras siete fincas están en proceso de subasta pública: Son las de Chozones, La Parra y Cortijo Vaquero (Granada), otra en el paraje de Barruelos (Jaén), Atochares y El Búho (Almería) y la de Somontes, en Palma del Río (Córdoba). Finalmente, la Junta ha optado por renunciar a la subasta de la finca Majarambú, en Castellar de la Frontera (Cádiz).

Pero, además de la venta de las fincas que estaban en poder del IARA, Agricultura ofrece a los colonos la posibilidad de adquirir en propiedad las tierras que han venido trabajando como arrendatarios durante dos décadas. Aquí es donde más expectativas había para ingresar, pues buena parte de los 547 concesionarios de fincas rústicas habían mostrado su disposición de asumir su propiedad.

Sin embargo, la crisis económica ha rebajado las expectativas de la Consejería de Agricultura. En el último medio año tan solo se ha formalizado la resolución de venta de cuatro parcelas de la finca Dehesa de Pilas, en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla), con una superficie de 370 hectáreas y un precio de 433.000 euros. Esta venta, que se concretó el pasado mayo, va a posibilitar que los 24 socios que forman parte de la empresa Marismas de Pilas tengan acceso a la propiedad de las tierras en las que han trabajado ininterrumpidamente durante los últimos 30 años sembrando diversos cultivos como habas y trigo.

Esta venta se une a la formalizada a finales de 2001 de dos fincas con más de 1.300 hectáreas ubicadas en Villanueva de los Castillejos y Aroche (Huelva) y cuatro parcelas de invernaderos de flor cortada en Lebrija (Sevilla). La venta superó los 1,7 millones de euros. La normativa que aprobó la Junta prohíbe la venta, división o segregación de los terrenos durante un plazo de 25 años, una medida introducida para evitar la especulación.

Parece claro que el objetivo de la Junta de ingresar 75 millones de euros por la enajenación del patrimonio del antiguo IARA es, de momento, una quimera.