La Generalitat tendrá en julio el plan para cambiar las condiciones de sus empleados

El Gobierno de la Generalitat tendrá listo antes del 31 de julio el diagnóstico a partir del que tomará medidas para “racionalizar” y “optimizar” el personal al servicio de la Administración. Entre otras medidas, el análisis podría comportar cambios de horarios y funciones, e incluso traslado territorial de empleados públicos, unas modificaciones que podrían afectar a  45.000 empleados de la Generalitat. La vicepresidenta y co...

El Gobierno de la Generalitat tendrá listo antes del 31 de julio el diagnóstico a partir del que tomará medidas para “racionalizar” y “optimizar” el personal al servicio de la Administración. Entre otras medidas, el análisis podría comportar cambios de horarios y funciones, e incluso traslado territorial de empleados públicos, unas modificaciones que podrían afectar a  45.000 empleados de la Generalitat. La vicepresidenta y consejera de Gobernación, Joana Ortega, con todo, ha calculado que “la reasignación” afectará a un millar de empleados. La fecha del 31 de julio adelanta en tres meses la inicialmente prevista, como consecuencia de una moción del Grupo Socialista que el Parlament aprobó la semana pasada, la cual también prevé que los sindicatos sean partícipes de este análisis.

Ortega ha comparecido esta mañana en la Comisión de Asuntos Institucionales, en la que ha defendido los recortes que se han aplicado a los empleados públicos y el plan de empleo para racionalizar el personal de la Administración. Durante la comparecencia, Ortega ha confirmado que, además del recorte salarial del 3% que se aplicará en la paga de junio, los funcionarios catalanes sufrirán un recorte adicional del 2% que se reflejará en la de Navidad. En total, estos dos recortes suponen un ahorro de 300 millones de euros para las arcas de la Generalitat: 180 millones en junio y 120 en diciembre.

Salvo esta, pocas novedades han aportado la comparecencia de Ortega y las preguntas de los grupos parlamentarios. La vicepresidenta, por ejemplo, no ha aclarado si la exigencia de un nuevo ahorro de 1.500 millones de euros por parte del Gobierno central comportará más recortes en el capítulo de personal: “Hemos sido [el Gobierno catalán] contundentes en materia de función pública”, ha recordado, ya que han efectuado un ajuste que incluye medidas estructurales y coyunturales, y que supone 650 millones de ahorro. Y ha precisado: “No puedo comprometerme con rigor a que no habrá nuevos ajustes hasta conocer el alcance de los que emprenda el Gobierno central. En cualquier caso, lo deberíamos hablar primero en el seno del Gobierno catalán”.

Sobre el recorte en la bonificación que reciben los funcionarios durante las bajas de larga duración, cuando cobran el 100% del sueldo, anunciado por el Gobierno de Mariano Rajoy (la bonificación del 100% se restringirá a tres días, cuando hasta ahora se cobraba el sueldo íntegro durante los tres primeros meses de baja), Ortega ha confirmado que también se aplicará a los empleados de la Generalitat. Con las medidas de austeridad aplicadas a finales de 2011, el Gobierno catalán redujo el periodo en el que los funcionarios de baja cobran el 100% del sueldo de los 18 meses que aplicaba la Generalitat a lo establecido por la ley estatal. Con los nuevos planes de Rajoy, la Generalitat aplicará la nueva norma impuesta por Madrid y la consejera ya ha adelantado que no disponen de fondos para complementar el recorte.

Durante la comparecencia, los partidos de la oposición han reprochado a Ortega que del discurso del Gobierno que representa se desprenda que los funcionarios son unos privilegiados con altos sueldos y trabajo para toda la vida. Tras la reducción del 15% de jornada y sueldo a los interinos no es así, han afirmado los representantes del PP, el PSC, ERC e ICV. La diputada del PSC Laia Bonet ha instado a Ortega a "demostrar con cifras que el sector público no es sostenible", cifras que también ha exigido Pere Carbó desde los bancos del PP. Mercè Civit, de ICV, ha mostrado su temor a que las medidas coyunturales que ha aplicado el Gobierno catalán se conviertan en estructurales y ha recordado que donde mayor precariedad hay entre los empleados públicos es entre los que prestan servicios sociales. Violant Mascaró, de ERC, ha asegurado que, en el caso de los interinos, el recorte del 15%, sumado al del 5% en las pagas más los anteriores (como el 5% de 2010 durante el Gobierno de Zapatero), suma una caída del poder adquisitivo del 23%.