Calparsoro rebaja la gravedad del ‘ caso Gil’ desde un punto de vista legal
“La valoración social no me corresponde a mí”, argumenta el fiscal superior
El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, rebajó ayer el listón de la polémica generada en torno a las supuestas irregularidades fiscales de Melchor Gil al asegurar que el caso del dirigente socialista, investigado por la fiscalía territorial de Bizkaia, “no es grave” desde un punto de vista legal. Según argumentó, “el Código Penal establece como delitos graves los que tienen tipificadas penas superiores a cinco años de prisión y no es el caso”. Aunque basada en “lo que se ha conocido a través de la prensa”, su opinión coincide con la de destacados juristas, que desde un primer momen...
El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, rebajó ayer el listón de la polémica generada en torno a las supuestas irregularidades fiscales de Melchor Gil al asegurar que el caso del dirigente socialista, investigado por la fiscalía territorial de Bizkaia, “no es grave” desde un punto de vista legal. Según argumentó, “el Código Penal establece como delitos graves los que tienen tipificadas penas superiores a cinco años de prisión y no es el caso”. Aunque basada en “lo que se ha conocido a través de la prensa”, su opinión coincide con la de destacados juristas, que desde un primer momento apuntaron hacia el escaso recorrido del asunto en los tribunales.
En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, Calparsoro aclaró que, “en caso de ser delitos” las irregularidades de Gil, serían “penalmente menos graves”. “Es lo que puedo decir, porque la valoración social no me corresponde a mí. Cada uno hará la interpretación que entienda oportuna”, justificó el máximo responsable del Ministerio Público en Euskadi. Según aclaró, la resolución de la fiscalía vizcaína al respecto se conocerá, como muy tarde, “a finales de julio o comienzos de agosto”, ya que el plazo máximo fijado para adoptar una decisión es de seis meses desde la apertura del procedimiento.
La fiscalía territorial ya descartó en 2011, tras analizar el expediente de Gil facilitado por la Hacienda foral, un posible delito fiscal del dirigente socialista, que sí reconoció, en cambio, una infracción tributaria por la que se avino a pagar 131.000 euros. Sin embargo, el pasado mes de enero, y a requerimiento otra vez de la Diputación, reabrió su investigación por un presunto tráfico de influencias. Es la que está pendiente de una resolución que determinará si la causa se archiva o se deriva a un juzgado.
La Diputación dice que la investigación foral de la filtración sigue adelante
Al margen de la investigación fiscal, la filtración de los datos de Gil a distintos periódicos —entre los que no figura EL PAÍS— y su salto a la opinión pública el pasado mes de marzo sigue su curso paralelo en los tribunales. El dirigente socialista, cuñado del lehendakari, Patxi López, denunció la revelación de su expediente por lo penal y ante la Agencia Vasca de Protección de Datos.
A la espera de conocer las distintas resoluciones, la propia Diputación vizcaína, gobernada por el PNV, decidió iniciar una investigación interna para esclarecer si el expediente de Gil fue filtrado desde su propia Hacienda, como consideran los socialistas. El diputado general, José Luis Bilbao, aseguró el 19 de marzo que los trabajos serían rápidos y que sus resultados se harían públicos en breve. El portavoz del PSE, José Antonio Pastor, recriminó el lunes la “tardanza” de los mismos y su homólogo en la Diputación, Juan María Aburto, se limitó ayer a concretar que las indagaciones “se siguen desarrollado”.