Los 'salvavidas' de Rajoy permitirán a Madrid afrontar sus facturas pendientes

El Ayuntamiento de Madrid, como el resto de Gobiernos locales y autonómicos, “tendrá la obligación de suministrar al Ministerio de Hacienda antes del 15 de marzo su listado de facturas pendientes [con proveedores], y antes del 31 de marzo deberán remitir un plan de ajuste que permita hacer frente en el futuro al pago de esas deudas”. Así lo ha anunciado esta mañana la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda posterior al Consejo de Ministros. “Se trata de poner orden y con...

El Ayuntamiento de Madrid, como el resto de Gobiernos locales y autonómicos, “tendrá la obligación de suministrar al Ministerio de Hacienda antes del 15 de marzo su listado de facturas pendientes [con proveedores], y antes del 31 de marzo deberán remitir un plan de ajuste que permita hacer frente en el futuro al pago de esas deudas”. Así lo ha anunciado esta mañana la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda posterior al Consejo de Ministros. “Se trata de poner orden y conocer lo que hay, para hacerle frente de una vez por todas”, ha añadido. Aunque definido en estos términos pueda sonar amenazador, el sistema que prepara el Gobierno podría permitir, si se demuestra lo suficientemente flexible, que el Ayuntamiento abonara todas sus facturas pendientes sin estresar más sus maltrechas cuentas.

La ciudad de Madrid debe 986 millones de euros a sus proveedores, a los que paga con 11 meses de retraso, según confirmó ayer la alcaldesa, Ana Botella (Partido Popular). Ese dinero ha servido para pagar el mantenimiento de las farolas, el riego de los parques, la limpieza de las calles, etcétera. No debe confundirse con la deuda municipal (a bancos e inversores), que suma 6.348 millones. Ese dinero ha servido para enterrar la M-30 bajo el parque de Madrid Río o para convertir el Palacio de Cibeles en la flamante sede municipal. El Ayuntamiento espera poder reducir esta deuda a 5.624 millones en 2012 y 3.100 en 2016.

El abono de la deuda a los proveedores, es decir, de las facturas que el Ayuntamiento tiene pendientes de pago (según afirmó ayer la alcaldesa de forma vehemente, no hay ninguna escondida en los cajones, como el propio Partido Popular ha denunciado en otras Administraciones), es “objetivo prioritario” del Gobierno local. Ese fue el compromiso de Botella el pasado 5 de enero.

Sin embargo, en el plan económico y financiero que el Ayuntamiento ha adoptado como hoja de ruta hasta el final de la legislatura (y un poco más allá) figura como la última de las preocupaciones. Según este documento, la deuda se recortaría a 917,2 millones en 2012; 908,3 millones en 2013; y 827,4 millones en 2014. Sólo a partir de 2015 (después de las elecciones municipales, con otro Gobierno local ya al frente, que podría o no refrendar el plan), empezaría a reducirse en serio: a 443,6 millones ese año, y del todo el siguiente.

El Ayuntamiento solo preveía abonar en 2012 el 2% de facturas pendientes 

Prueba del relajo con el que el Ayuntamiento ha gestionado este asunto hasta ahora es lo ocurrido con el anterior comodín puesto a su disposición por el Gobierno central (en este caso, por el anterior, socialista, derrotado en las urnas en noviembre por el Partido Popular). El pasado otoño, se aprobó una línea del crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que permitió a Madrid tomar prestados 286,6 millones de euros para el pago de facturas. Ese dinero deberá devolverlo antes de 2015, con unos intereses totales de 38 millones. Este año, por ejemplo, le toca devolver 100 millones.

Pero ese crédito de 286,6 millones no ha servido para reducir el montante total de facturas del Ayuntamiento, que rondaba los 900 millones antes del préstamo y ronda ahora los 900 millones (más cerca ya del millar, de hecho). Lo que hizo el Gobierno local fue usar ese colchón para retrasar otros pagos pendientes, de forma que la cantidad adeudada a proveedores sigue siendo la misma (aunque a diferentes empresas, claro), pero el dinero total que debe el Ayuntamiento se ha incrementado en casi 300 millones más (el préstamo a devolver al ICO más sus correspondientes intereses).

Esta era la situación (bajo control, sí, pero no por ello menos angustiante) hasta ahora. El Ayuntamiento tenía un calendario marcado para pagar las facturas bastante relajado, pues era la única manera de hacer frente a su descomunal deuda al tiempo que mantenía la ciudad encendida a diario. Pero el Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana una medida de choque para permitir que las empresas puedan cobrar de una vez por todas las facturas que les adeudan las Administraciones, que amenaza con echar por tierra los planes de Madrid.

Inyección de millones

Hasta ahora, las medidas excepcionales aprobadas por el Gobierno central de Mariano Rajoy (Partido Popular) para aliviar los apuros de las cuentas municipales y autonómicas estaban encaminadas a proporcionar ingresos excepcionales sin estresar a sus responsables. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, inyectarán 91 millones de euros extra en 2012, 95 millones en 2013, 56 millones en 2014, 56 millones en 2015 y 43 millones en 2016. Estas cantidades no se gastarán en nuevos bienes o servicios para la ciudad, sino que se destinarán al pago de facturas pendientes, según el Ayuntamiento.

Pero la iniciativa aprobada hoy por el Consejo de Ministros beneficia a los proveedores a los que se debe dinero y perjudica a sus deudores, las Administraciones, que se verán obligadas a hacer frente a sus obligaciones de una forma más precipitada de la que tenían en mente hasta ahora. Es decir, en lugar de ir aplazando los pagos, como hacían hasta ahora, ahogando así a las empresas y condenando a muchas a la ruina, tendrán que abonar lo que deben (en concreto, todas las facturas pendientes al 31 de diciembre de 2011).

Evidentemente, no a toca teja, eso sería inasumible. Los proveedores recibirán el dinero de forma más o menos inmediata de los bancos, y estos se lo irán cobrando a plazos (y con intereses) a ayuntamientos y Comunidades Autónomas. El Estado (o bien el ICO, o bien el Tesoro) actuará como garante de esos préstamos, con la intención de acabar con este problema “de una vez por todas”.

Así, el calendario de pagos ya no lo marcará la Administración local o regional, sino que le vendrá impuesto. Este sistema, además, permitirá aflorar facturas que pudieran no estar contabilizadas, puesto que los proveedores acudirán a cobrarlas tanto si la Administración las tiene en sus libros de cuentas como si se han traspapelado a algún cajón polvoriento.

El Consejo de Ministros no ha detallado los “mecanismos ágiles y concretos" que usará

¿Qué supone esto para el Ayuntamiento de Madrid? Según su hoja de ruta, en 2012 sólo pensaba abonar 20,7 millones de sus deudas pendientes a proveedores, es decir, apenas un 2% del total (986 millones). Sumados los ingresos extraordinarios gracias a los comodines del Gobierno central, esa cantidad podría haberse engordado en 91 millones. Es decir, en total, 111,7 millones (un 11,3%).

La medida anunciada hoy por el Consejo de Ministros no detalla el diseño concreto para el pago a proveedores, que aún está, según la vicepresidenta, en estudio para hallar “mecanismos ágiles y concretos”. Es decir, los proveedores recibirán todo el dinero pendiente probablemente este año, los 986 millones, pero el Ayuntamiento tendrá un plazo aún sin determinar para abonárselo a los bancos (con intereses; en el caso de la anterior línea del ICO fueron del 6,5% para una devolución en tres años).

A partir de estas premisas, se puede elucubrar, pero son solo elucubraciones, ojo. Si el plazo de devolución del préstamo fuera de diez años, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid se vería obligado a abonar más de 100 millones de euros anuales durante ese periodo. Es decir, una cifra inferior en 2012 a la que pensaba dedicar al pago a proveedores (111,7 millones).

En 2013, el Ayuntamiento pensaba dedicar en principio solo 8,9 millones a pagos pendientes, incrementados hasta los 103,9 gracias a los comodines de Rajoy. Es decir, por encima aún de esos 100 millones potenciales. En 2014, serían 80,9 millones previstos más 56 adicionales por los comodines. También más de 100 millones.

A partir de 2015 las cosas serían diferentes. El Ayuntamiento esperaba poder pagar ese año 383,8 millones, que con los 56 adicionales por los comodines del Gobierno central ascenderían a 439,8 millones. De decir, en este caso, el sistema de devolución a plazos ideado por el Gobierno sería mucho más ventajoso para el Ayuntamiento que su propio sistema. Siempre y cuando, claro, los plazos estipulados por el Ministerio de Hacienda sean generosos.