La Audiencia rechaza la demanda de la Diputación por los bonos del ‘ferry’
La Audiencia de Bizkaia ha confirmado una sentencia previa que desestimaba la pretensión de la Diputación de este territorio de que la naviera P&O le reintegrara 9,7 millones de euros por casi 36.000 bonos de viaje que había contratado y que no pudo usar, dado que se eliminó el servicio de ferry al Reino Unido que operaba esta compañía.
La sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia, difundida ayer, rechaza íntegramente el recurso de apelación contra la decisión tomada hace un año por un Juzgado de lo Mercantil de Bilbao. La Diputación, que tiene 20 días para recurrir, debe pagar...
La Audiencia de Bizkaia ha confirmado una sentencia previa que desestimaba la pretensión de la Diputación de este territorio de que la naviera P&O le reintegrara 9,7 millones de euros por casi 36.000 bonos de viaje que había contratado y que no pudo usar, dado que se eliminó el servicio de ferry al Reino Unido que operaba esta compañía.
La sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia, difundida ayer, rechaza íntegramente el recurso de apelación contra la decisión tomada hace un año por un Juzgado de lo Mercantil de Bilbao. La Diputación, que tiene 20 días para recurrir, debe pagar las costas.
El tribunal considera que P&O no incumplió su contrato con la Diputación. Estima probado que en 1995 la institución compró por 5,7 millones de euros a la naviera 46.500 billetes al portador para facilitar el viaje entre Bilbao y Portsmouth (Reino Unido). Ese acuerdo fue considerado ayuda de Estado por la Comisión Europea en 2000. Un juzgado bilbaíno lo declaró nulo en 2007 y obligó a la Diputación a restituir el dinero de los bonos o devolver los no utilizados.
En octubre de ese año, la Diputación acordó pagar a la naviera 12,9 millones, entre ellos los 9,7 de los 35.707 bonos que no pudieron ser devueltos al no constar que estuvieran depositados en la sede foral. Este hecho motivó incluso la creación de la primera comisión de investigación en las Juntas vizcaínas.
En noviembre de 2010, la compañía cerró el ferry y se negó a reintegrar los billetes que ya no se podrían usar. La Diputación reclamó el dinero, algo para lo que, según el fallo, “no estaba en absoluto legitimada”.