Los límites de la democracia

En junio de 2002 se celebró en Sevilla una cumbre de la Unión Europea que cerraba la presidencia semestral española. Al Gobierno andaluz la organización le costó un millón de euros. En la ciudad se esperaban 4.000 periodistas y se movilizaron 9.000 agentes de las fuerzas de Seguridad. Uno de los retos era la contención de los 100.000 activistas que se calcu­laba que llegarían para protestar. Días de antiglobalización. El Bloque de Izquierda portugués pretendía participar en una manifestación leg...

En junio de 2002 se celebró en Sevilla una cumbre de la Unión Europea que cerraba la presidencia semestral española. Al Gobierno andaluz la organización le costó un millón de euros. En la ciudad se esperaban 4.000 periodistas y se movilizaron 9.000 agentes de las fuerzas de Seguridad. Uno de los retos era la contención de los 100.000 activistas que se calcu­laba que llegarían para protestar. Días de antiglobalización. El Bloque de Izquierda portugués pretendía participar en una manifestación legalmente organizada. Esa misión la integraban unas 200 personas. Pero la policía española, a pesar de Schengen, no les dejó cruzar la frontera. El diputado Francisco Louçã bajó del autobús en el que viajaba, pidió a la policía que los dejase avanzar y, en plena discusión, un agente golpeó al político. Las imágenes se difundieron de inmediato y autoridades políticas de su país contactaron con el agredido. ¿Por qué en los medios portugueses el incidente tuvo amplia cobertura, pero en España apenas nos enteramos? Si los dos estaban implicados, ¿por qué en un país sí y en otro no?

En Portugal, presidentes o jefes de gabinete llamaron al representante electo porque la relación entre instituciones y ciudadanía es más intensa. Esta es la categoría que Robert M. Fishman hace de la anécdota en uno de los libros más interesantes que he leído en los últimos años sobre la calidad de la democracia en España. La edición original de Práctica democrática e inclusión la publicó Oxford Press hace un par de años. Ahora su propio autor lo ha traducido al castellano. Fishman —doctorado en Yale— es un científico social de gran prestigio. Desde 1990, uno de los principales objetos de estudio de este profesor de la Carlos III han sido las transiciones de la dictadura a la democracia en el sur de Europa. Su nueva monografía, tras décadas de investigación, tiene como propósito conceptualizar la diferencia y sus consecuencias en la toma de decisiones.

La primera piedra de la reflexión es una concepción de la calidad de la democracia que valora aspectos que van más allá del Estado de derecho. “Los países democráticos difieren entre sí en el grado en el que las fuerzas políticas más influyentes acogen a todos los actores para que participen en la conversación reconocida de la democracia o, por el contrario, erigen barreras de facto a la participación significativa de los outsiders políticos o sociales en los debates y procesos políticos de importancia”. Y la hipótesis de Fishman es que la diferencia entre España y Portugal en este punto está originada por la manera distinta en la que accedieron a la democracia, condicionando su capacidad de inclusividad. Si en el país vecino la dictadura cayó tras el colapso del Estado provocado por un movimiento revolucionario de mandos intermedios, en nuestro caso el régimen se bloqueó, pero fueron élites del régimen las que emprendieron la democratización y así fijaron sus límites.

Cada uno de los dos procesos está sintéticamente descrito en el libro y su propósito es determinar la cultura política que se consolidó partiendo de una ruptura que problematizó las jerarquías o una reforma que las mantuvo. “Los marcos culturales históricamente arraigados que conforma la manera en que se relacionan los titulares de los cargos institucionales y los movimientos de protesta tienen fuertes consecuencias materiales”. Esta hipótesis de Fishman merecería un debate honesto y sin apriorismos porque propone explicaciones convincentes para comprender algunos de los desafíos de fondo de nuestra política. Desde la relación con nuestra memoria colectiva, pasando por la cronificación del paro, la robustez del Estado de bienestar, la respuesta a las crisis económicas o la creciente dificultad para reorganizar el Estado compuesto que somos.

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