La Fiscalía argentina acusa a Cristina Kirchner de ser “la destinataria final” de los sobornos de la causa Cuadernos

Cristina Kirchner fue “la destinataria final” de los sobornos vinculados a la obra pública, según la acusación fiscal leída este jueves frente al tribunal que juzga el presunto caso de corrupción más grande de la historia de Argentina, la llamada causa Cuadernos. El fiscal Carlos Stornelli sostuvo en su requerimiento que gran parte del dinero recaudado se distribuía en varias sedes oficiales y, en el caso de tratarse de grandes sumas, iba al departamento de la expresidenta en el acomodado barrio de Recoleta. Kirchner es la principal imputada en el juicio que busca confirmar o descartar la existencia de una asociación ilícita destinada a recaudar sobornos durante los 12 años de gobiernos kirchneristas (2003-2015). En total hay 87 imputados, en su mayoría ex altos cargos políticos y empresarios.

La lectura de la reconstrucción de los hechos realizada por el fiscal en la primera —y central— de las seis causas agrupadas en el juicio ha ocupado las cinco primeras audiencias. Los testimonios de arrepentidos como el financista Ernesto Clarens y el exfuncionario del Ministerio de Planificación Claudio Uberti fueron claves para completar el presunto circuito ilegal de recaudación de sobornos que salió a la luz tras la publicación de los cuadernos del chófer del poder Óscar Centeno.

Los testimonios coinciden en que el mecanismo de recaudación a juicio comenzó durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007). Entró en pausa tras su muerte, en 2010, por el plazo aproximado de un año, y después se reanudó.

Según la acusación, los bolsos con dinero en efectivo se iban a buscar a las sedes de las empresas o en lugares públicos, como hoteles o estacionamientos. Su destino era el Ministerio de Planificación, encabezado por Julio de Vido; la quinta presidencial de Olivos, la sede del Gobierno o el domicilio particular de los Kirchner. La sospecha es que parte de lo recaudado se redirigía después hacia la ciudad patagónica de Río Gallegos.

Roberto Baratta, mano derecha del ministro de Planificación Federal Julio de Vido, está acusado de ser el nexo entre los empresarios y los intermediarios. Entre estos últimos, según la Fiscalía, sobresalen el propio De Vido y quien fue secretario de los Kirchner, Daniel Muñoz. La expresidenta está considerada la presunta jefa de la asociación ilícita y principal beneficiaria de los fondos obtenidos de forma ilegal. Kirchner “resultó ser la única con capacidad real y efectiva para decidir cómo y qué hacer con la mayoría del dinero entregado en carácter de coimas”, subrayó el requerimiento fiscal.

Kirchner niega las acusaciones

Durante la audiencia de este jueves, se leyó el descargo de Kirchner contra las acusaciones formuladas en su contra. “Reitero mi negativa, de manera categórica y terminante, de haber formado parte de algún tipo de asociación ilícita, así como también de haber cometido delito alguno”.

La expresidenta, de 72 años, ya tiene una condena firme a 6 años de prisión en otra causa por corrupción y, desde junio pasado, cumple la detención en su domicilio. Ahora enfrenta posibles penas de entre 5 y 10 años. “Se han dictado en mi contra cinco procesamientos e, increíblemente, fui imputada y procesada en tres causas distintas por haber sido jefa de la misma presunta asociación ilícita que, según se afirma en todos los casos, se habría montado para obtener dinero ilegítimo por parte de empresarios que recibieron contratos de obra pública entre los años 2003 y 2015”, señaló Kirchner en su escrito.

Durante el juicio, las defensas de los acusados intentarán cuestionar la autenticidad de los cuadernos, la prueba central del caso. Los abogados de Kirchner ya pidieron, sin éxito, la nulidad de la causa porque dos peritajes detectaron en las anotaciones de Centeno numerosas alteraciones, tachaduras y enmiendas realizadas por otras personas. La Corte Suprema de Justicia rechazó todos los recursos y allanó el camino para el proceso.