Un control de alcoholemia deriva en un choque diplomático entre Argentina y Rusia

El último choque diplomático del Gobierno de Javier Milei se originó en un control de alcoholemia dispuesto el día de Navidad en el lujoso barrio de Recoleta de Buenos Aires. Rusia calificó como “una grave violación del derecho internacional” el proceder de las fuerzas de seguridad argentinas tras la negativa de dos diplomáticos rusos de someterse al test de alcoholemia requerido y a presentar la documentación de los vehículos que conducían. El incidente comenzó a media mañana y se extendió hasta pasado el mediodía, cuando los conductores fueron escoltados hasta la embajada rusa y se les labró un acta de infracción. La dura reacción rusa ante lo ocurrido sorprendió a las autoridades argentinas y obligó a intervenir tanto al Ministerio de Seguridad como a la Cancillería.

La tensión entre ambos países escaló por las distintas interpretaciones realizadas de la Convención de Viena que regula las relaciones diplomáticas. El Gobierno de Buenos Aires, responsable del control del tránsito, argumentó que el artículo 41 de la citada convención señala que todas las personas que gocen de privilegios e inmunidades deben “respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor”. Desde la Embajada rusa, en cambio, subrayaron que la misma norma contempla que “los vehículos diplomáticos no pueden ser objeto de ninguna parada ni registro”.

Los conductores de los vehículos fueron identificados como Sergei Baldin, representante comercial de la Embajada rusa, y Cardmath Salomatin, codirector de la Casa de Rusia. Baldin fue el primero en llegar al operativo de seguridad vial y el primero en negarse a hacer el test para saber si manejaba bajo los efectos del alcohol. “Hubo un breve diálogo en el que se le solicitó realizar el control, indicó que no quería realizar el procedimiento y cuando le explicamos la importancia de hacer el control se limitó a subir la ventanilla y quedarse adentro”, dijo a la prensa un agente de tránsito. “Tiene que acatar, estamos instruidos”, sostuvo el agente al citar el cumplimiento forzoso de la ley local previsto en la norma internacional.

La embajada también salió a dar su versión a los medios. Primero fue la crítica airada de un portavoz a las puertas de la sede diplomática, después hubo un comunicado oficial y por último una queja formal ante la Cancillería. El Gobierno de Vladimir Putin advirtió que “los medios de transporte de la misión [diplomática] no pueden ser objeto de ningún embargo” y solicitó a Argentina “impedir cualquier atentado contra la persona, la libertad o la dignidad de todos los miembros de la misión diplomática” y “garantizar su libertad de circulación y de tránsito”.

La Convención de Viena impide el arresto de diplomáticos en el país anfitrión y prohíbe también que sean procesados penalmente, lo que limita las acciones que pueden realizar las autoridades locales. En el caso de ser sorprendidos in fraganti en la comisión de algún delito, la Cancillería debe pedir su expulsión como persona non grata. “Sería una reacción claramente excesiva para una infracción”, respondieron fuentes del Gobierno argentino al diario La Nación.

La diputada oficialista Marcela Pagano se alineó con Rusia y denunció ante la Justicia al Área de Tránsito de la ciudad de Buenos Aires “para que se investigue su accionar contra los diplomáticos rusos y contra el resto de las representaciones diplomáticas que fueron detenidas con el argumento del control”. A través de las redes sociales, la legisladora insinuó que el choque diplomático provocado por los agentes podría haber sido intencional. “Este accionar que pretende ser tapado por una supuesta falta de capacitación y negligencia en el respeto de las normas internacionales, atribuible no solo a los agentes de tránsito, sino también a los superiores jerárquicos responsables de supervisar y coordinar estas operaciones. Cierto es que bien pudo haber sido un episodio planificado con la única finalidad de afectar las relaciones de nuestro país con una potencia extranjera”.