La justicia argentina ordena la detención de 61 bolsonaristas reclamados por Brasil por el intento de golpe contra Lula

La justicia argentina ha pedido este viernes a Interpol la detención de 61 bolsonaristas prófugos de la justicia brasileña. Todos ellos están condenados o procesados por el asalto golpista a las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo el 8 de enero de 2023, en el inicio del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Fuentes judiciales confirmaron a EL PAÍS que “los operativos se están produciendo en estos momentos y se completarán durante los próximos días. Muchos tienen condenas en su país de hasta 17 años de cárcel”. Ya hay dos detenidos. Los arrestos se producen en vísperas del primer cara a cara entre Lula y el presidente de Argentina, Javier Milei, durante la cumbre del G-20 que se celebrará entre el lunes y martes próximo en Río de Janeiro.

Hace un mes, el Tribunal Supremo de Brasil pidió a Argentina la extradición de los prófugos. Las órdenes de detención, primer paso de un proceso que será largo, fueron emitidas por el juez federal Daniel Rafecas, que recibió el expediente desde la Cancillería argentina.

El perfil de los bolsonaristas que huyeron hacia Argentina es variado: hombres y mujeres jóvenes y de mediana edad, estudiantes, agentes inmobiliarios, administrativos, amas de casa y hasta un pastor evangélico. Rompieron las tobilleras electrónicas de su prisión domiciliaria y escaparon con lo puesto. Apenas cruzaron la frontera desde Brasil pidieron ante la Comisión Nacional de Refugiados en Buenos Aires que se los considerase asilados políticos.

Entrevistados por EL PAÍS semanas atrás, todos ellos coincidieron en que habían elegido Argentina por cercanía, pero también porque “se sentían seguros” con el ultraderechista Milei en la Casa Rosada. Se consideran inocentes, víctimas de una persecución política y de las circunstancias. El 8 de enero del año pasado, dicen, fueron arrastrados por la marea que salió a las calles en Brasilia, convencidos todos de que Lula le había robado las elecciones a su líder, Jair Bolsonaro. La justicia brasileña no pensó lo mismo y ya condenó a más de 200 personas por el intento de golpe.

Brasil y Argentina, socios en el bloque Mercosur, tienen suscrito en ese marco un acuerdo de extradición por el que “se obligan a entregarse recíprocamente (…) a las personas que se encuentren en sus respectivos territorios y sean requeridas por las autoridades competentes de otro Estado parte, para ser procesadas por la presunta comisión de algún delito, para que respondan a un proceso en curso o para la ejecución de una pena privativa de libertad”. De todos modos, eso solo ocurriría siempre y cuando el Gobierno de Milei rechace las peticiones de asilo presentadas por los bolsonaristas. Los prófugos deberán ahora esperar el avance del trámite en prisión. Hasta ahora vivían en casas alquiladas en distintas ciudades de Argentina, como Buenos Aires o capitales de provincia.

El miércoles, la policía bonaerense detuvo a Joelton Gusmão de Oliveira en un control de rutina en la ciudad de La Plata, 60 kilómetros al sur de Buenos Aires. Cuando las autoridades averiguaron sus antecedentes, encontraron que enfrentaba una condena “a 17 años de detención en Brasil por crímenes contra la democracia”. Ahora se sumarán a Gusmão de Oliveira otros 60 prófugos.

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