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La justicia argentina acusa a cuatro antiguos cargos del Opus Dei por someter a 43 mujeres a un régimen de servidumbre y trata

Las víctimas denuncian que la organización les prometió, cuando eran menores, acceso a la educación, pero terminaron como empleadas domésticas con “jornadas agotadoras sin recibir salario”

Víctor Urrestarazu, Vicario Regional del Opus Dei en Argentina, Paraguay y Bolivia, acompañado del Papa Francisco, en una imagen de archivo.
Víctor Urrestarazu, Vicario Regional del Opus Dei en Argentina, Paraguay y Bolivia, acompañado del Papa Francisco, en una imagen de archivo.OPUS DEI
Federico Rivas Molina

La justicia argentina acusó formalmente a cuatro sacerdotes que ocuparon la cúpula del Opus Dei entre 1991 y 2022 de los delitos de reducción a la servidumbre y trata de personas. En 2021, 43 mujeres de entre 40 y 50 años denunciaron que la congregación religiosa las captó cuando eran menores de edad y las hizo trabajar gratis durante décadas como empleadas domésticas. Todas coincidieron en que fueron engañadas con la promesa de que tendrían un hogar y podrían ir a la escuela. La instrucción que recibieron, sin embargo, se redujo a aprender a planchar, cocinar y limpiar para satisfacer “sin recibir un salario” las demandas de los miembros del Opus Dei en Argentina y el mundo.

Todos los acusados ocuparon la vicaría general de la institución: Carlos Nannei (1991-2000), Patricio Olmos (2000-2010), Víctor Urrestarazu (2014-2022) y Gabriel Dondo, que fue director de la rama femenina en la Argentina.

El texto de la fiscalía dice que el Opus Dei captó a las denunciantes cuando tenían entre 12 y 16 años mediante un plan que “consistía en presentar una propuesta falsa relacionada con la posibilidad de continuar y completar sus estudios primarios y secundarios, así como recibir formación profesional para obtener oportunidades laborales, todo ello en un contexto de enseñanza religiosa”. Pero, en cambio, dice la acusación, las víctimas “dedicaron gran parte de sus vidas al servicio doméstico en las sedes de la institución, enfrentando jornadas laborales agotadoras sin recibir salario”. “En algunos casos, incluso recibían una remuneración que debían devolver a aquellos a cargo de los lugares donde residían. No contaban siquiera con la posibilidad de un descanso efectivo ni del respeto a cualquier otro derecho laboral, quedando atrapadas en una superestructura desprovista de derechos sin control ni supervisión alguna que perduró por años”, dice el pedido de indagatoria contra los cuatro religiosos.

El texto detalla también los métodos de adoctrinamiento a los que fueron sometidas las mujeres en los centros del Opus Dei, basados en la manipulación psicológica, un rígido sistema de creencias y “un disciplinario mediante elementos de castigo”. Entre las “normas de vida” que debían observar las mujeres estaban la obligación de la castidad, la ruptura de todos los lazos familiares y con el exterior y el sometimiento a revisiones de salud que incluían el suministro de medicación psiquiátrica.

El Opus Dei niega todas las acusaciones. “La impresión es que para construir esta denuncia se realiza una descontextualización completa de la formación que recibieron algunas de las mujeres del grupo y la vocación que eligen libremente las numerarias auxiliares del Opus Dei. Se trata de una acusación totalmente falsa”, dice el documento publicado por la institución. Según los tiempos procesales de la justicia argentina, la defensa de los sacerdotes y los abogados de las denunciantes deberán presentar ahora pruebas y testigos. Una vez concluida esa etapa, el fiscal puede pedir o no el procesamiento de los sacerdotes, paso previo al juicio oral.

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Sobre la firma

Federico Rivas Molina
Es corresponsal de EL PAÍS en Argentina desde 2016. Fue editor de la edición América. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y máster en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona.
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