La Justicia argentina avanza en una causa contra Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad

Apelando a la jurisdicción universal, la Justicia argentina avanza en una causa contra el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, funcionarios y agentes de su Gobierno, acusados de cometer crímenes de lesa humanidad en ese país. Después de una audiencia realizada este martes, la Cámara Federal de Buenos Aires debe resolver si ordena la indagatoria y la captura de Maduro y los demás imputados, tal como solicitaron la querella y el Ministerio Público Fiscal. La presencia en la sala de los tribunales porteños de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, dejó en claro el respaldo del Gobierno ultraderechista de Javier Milei a las acusaciones contra Maduro, cuestionado internacionalmente tras las elecciones celebradas en julio pasado.

La audiencia fue convocada por el tribunal de apelaciones y expusieron cinco personas de nacionalidad venezolana. Algunas bajo resguardo de sus identidades, detallaron persecuciones, detenciones ilegales y torturas sufridas durante la última década.

“Hoy nos tocó a diferentes víctimas exponer nuestro caso ante la Justicia argentina para seguir denunciando que Maduro comete crímenes de lesa humanidad. Por eso pedimos que inmediatamente se le ponga una orden de captura, para que cese la persecución en Venezuela”, explicó el periodista Víctor Navarro, quien relató su detención en el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Un exfiscal contó que investigó la represión a manifestaciones estudiantiles en Venezuela y que, cuando intentó determinar las responsabilidades políticas por sobre los mandos policiales, fue secuestrado y torturado. “En Venezuela se tortura, se secuestra y se mata por pensar distinto”, añadió la abogada Mariangel Navas Centeno y reclamó que “a los responsables del régimen de Nicolás Maduro se les llame a indagatoria y haya justicia para las víctimas”.

La causa es impulsada por el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD), una organización civil liderada por dirigentes políticos del PRO —el partido del expresidente Mauricio Macri—, la Unión Cívica Radical y agrupaciones afines. El abogado patrocinante del FADD, Tomás Farini Duggan, sostuvo que Venezuela se ha transformado “en sinónimo de diáspora, tortura y muerte”, y les pidió a los jueces argentinos que “ordenen la detención de todos los imputados, de Nicolás Maduro, de [su ministro de Interior] Diosdado Cabello y de todos los demás responsables de las principales fuerzas de seguridad”.

Las solicitudes de la querella, acompañadas por los fiscales, deben ser resueltas por un tribunal de apelaciones porque el juez federal de primera instancia, Sebastián Ramos, las rechazó al entender que aún no se completaron las medidas de prueba necesarias.

El expediente se abrió en 2023 con una presentación de la Fundación Clooney para la Justicia y, en principio, el juez Ramos consideró que debía archivarse, dado que ya hay una causa en trámite en la Corte Penal Internacional centrada en violaciones a los derechos humanos en Venezuela, promovida por Argentina y otras naciones. Ante las apelaciones de la fiscalía y la querella, los camaristas denegaron el archivo y le indicaron al juez que continuara con el expediente. Entendieron que los hechos denunciados “revisten características de extrema gravedad y generarían eventuales lesiones a derechos humanos fundamentales que obligarían a la habilitación de la protección universal”. Ahora la Cámara Federal deberá pronunciarse en particular sobre los pedidos de captura e indagatoria para Maduro, Cabello y una treintena de funcionarios, militares y agentes venezolanos.

El avance de la causa judicial se produce en un marco de presión internacional sobre el Gobierno de Maduro, denunciado por irregularidades en las últimas elecciones. En su busca de posicionarse como líder de la ultraderecha global, Milei se ha mostrado a la vanguardia de los embates contra el mandatario venezolano. La semana pasada, su Administración exhortó a la Corte Penal Internacional a requerir la detención de Maduro “y otros cabecillas del régimen”. La tensión entre ambos presidentes se incrementó por el refugio que concedió la Embajada de Argentina en Caracas a seis asesores de la oposición al chavismo y por la expulsión de los diplomáticos argentinos resuelta por el Gobierno venezolano.

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