Un crimen brutal enciende las alarmas de los organismos de derechos humanos en Argentina

En un contexto de revitalización del discurso que niega los crímenes cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983), consentido por el Gobierno de Javier Milei, el asesinato de una mujer encendió las alarmas de los organismos de derechos humanos en Argentina. Susana Beatriz Montoya, de 76 años, fue hallada muerta en su casa, en la ciudad de Córdoba, el sábado pasado: sufrió golpes en la cabeza y fue apuñalada. Era viuda de una víctima del terrorismo de Estado y madre de un reconocido militante por los derechos humanos, quien había recibido amenazas de muerte en diciembre. “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”, fue el mensaje pintado en una de las paredes de la casa de Susana.

“Le reventaron la cabeza a ladrillazos y le clavaron un cuchillo en el cuello. Fue absolutamente violento”, relató Fernando Albareda, hijo de Montoya. Ella tenía cita con el médico el viernes pasado y Fernando quiso saber cómo había resultado la consulta. Pero Susana nunca respondió a sus llamadas. Cuando fue a la casa, la encontró muerta. “Es espeluznante, en mi vida pensé que iba a suceder algo así, más allá de la forma en que mataron a mi padre”, dijo Albareda, en declaraciones al Canal 12 de Córdoba.

Su padre, el marido de Montoya, era Ricardo Fermín Albareda, subcomisario de la policía cordobesa y activista del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una de las organizaciones políticas que se volcaron a la lucha armada en la década de 1970. En septiembre de 1979, cuando tenía 37 años, fue secuestrado por represores de la dictadura, que lo mantuvieron cautivo y sometido a torturas en el centro clandestino Casa Hidráulica. Desde entonces permanece desaparecido —los testimonios indican que fue castrado y murió desangrado—. El caso fue juzgado en 2009 y resultaron condenados a prisión perpetua el militar Luciano Benjamín Menéndez y tres agentes del Departamento 2 de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba.

Fernando Albareda milita en la organización Hijos, que agrupa a descendientes de víctimas del terrorismo de Estado. Según contó, su mamá había comenzado a recibir llamadas intimidatorias en las últimas semanas. “La llamaban y le cortaban, ella no quería salir de la casa y yo la notaba muy angustiada.” Él también había sido amenazado a fin de año: en la puerta de su domicilio encontró seis balas calibre 22 y carteles con consignas como “se te terminaron los amigos en la Policía”; “te vamos a juntar con tu papito” y “vas a morir”. Los textos iban acompañados por cruces esvásticas. En marzo pasado, otra militante de Hijos había sido atacada y amenazada.

Los organismos de derechos humanos expresaron su preocupación y consternación “por el violento asesinato [de Susana Montoya] y las amenazas que cobardemente dejaron, dirigidas a toda su familia”. En una declaración firmada por la organizaciones Hijos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos, Abuelas de Plaza de Mayo, Ex Presos Políticos por la Patria Grande, Asociación Civil Ex Presos Políticos de Córdoba y la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de la provincia, reclamaron “la urgente investigación y esclarecimiento” del crimen, “como así también de las amenazas sufridas por todos los integrantes de su familia, denunciadas con anterioridad”. Además, exigieron “protección efectiva ya” para Fernando Albareda y su familia.

“Los discursos de odio que permanentemente circulan en nuestra sociedad son un peligro latente cuando verdaderamente pasan a la acción”, alertaron los organismos de derechos humanos. El Gobierno del ultraderechista Milei ha puesto en cuestión las políticas de memoria, verdad y justicia desarrolladas en Argentina desde la restauración democrática y lleva adelante un proceso de reivindicación de las fuerzas armadas, un rol en el que se ha destacado la vicepresidenta, Victoria Villarruel. El mes pasado, una comitiva de diputados del partido oficialista, La Libertad Avanza, se entrevistó con represores condenados por delitos de lesa humanidad, en la cárcel de Ezeiza.

Mientras avanza la investigación por el crimen de Montoya y se esperan los resultados de los peritajes, aún sin detenidos ni sospechosos, autoridades políticas y judiciales de Córdoba dejaron trascender que no descartan ninguna hipótesis. Fernando Albareda teme que el caso tenga vinculación con la policía provincial y también presume que puede estar relacionado con la indemnización que estaba por cobrar su madre, un resarcimiento estatal por la desaparición de su padre durante la dictadura. En mayo pasado, después de un largo trámite administrativo, la gobernación de Córdoba había aprobado la “reparación histórica del legajo laboral” de Ricardo Albareda y había dispuesto su “ascenso por mérito extraordinario por pérdida de la vida en acto de servicio, al grado inmediato superior”. Así, en forma póstuma, alcanzaba el grado de comisario.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.