Argentina agota las reservas del Banco Central mientras negocia contrarreloj con el FMI

El ministro de Economía de Argentina, el peronista Sergio Massa, hace lo posible para mantener bajo control el tipo de cambio. Sabe que cualquier depreciación brusca del peso frente al dólar se trasladará a precios y que una aceleración de la inflación —que es ya del 115,6% interanual— debilitará su candidatura presidencial. Pero una de las herramientas clave para sostener el valor del peso está al límite: las reservas internacionales del Banco Central. Las reservas brutas se han desplomado más de un 40% este 2023 y rondan los 26.100 millones de dólares. Las reservas netas, es decir, aquellas que no son propiamente del Banco Central sino que están atadas a un compromiso de devolución, titilan en rojo. Son negativas en más de 5.000 millones, una cifra récord. La llave para contener la sangría está en manos del mayor acreedor de Argentina, el Fondo Monetario Internacional, un interlocutor muy incómodo para el Gobierno peronista a menos de un mes de las elecciones primarias y a tres de las generales.

La drástica reducción de las reservas del Banco Central de Argentina responde a varios motivos. El ingreso de divisas al país por las exportaciones agroindustriales se ha desplomado debido a una sequía sin precedentes que ha provocado pérdidas de 20.000 millones de dólares al campo. En paralelo, la entidad bancaria ha tenido que desprenderse de reservas para afrontar compromisos de deuda externa. El Banco Central las ha usado también para intervenir en el mercado cambiario al que acceden las empresas para hacerse de dólares con los que cancelar sus obligaciones.

En 2018, bajo la presidencia de Mauricio Macri, el FMI concedió a Argentina el mayor rescate de su historia, 57.000 millones de dólares. Sólo se entregaron 44.000, pero esa enorme deuda ha sido como la roca de Sísifo para el Gobierno de Alberto Fernández. En el camino se interpuso primero el derrumbe de la actividad económica por la pandemia de covid-19 y después el aumento del precio de los alimentos y la energía por la guerra de Ucrania. La deuda fue refinanciada en 2022 y las condiciones se flexibilizaron a principios de este año, pero la gravedad de la sequía dinamitó una vez más los compromisos asumidos.

En junio, el FMI tendría que haber desembolsado 4.000 millones de dólares. No lo hizo porque Argentina incumplió dos de las tres metas pactadas para el primer trimestre del año: la de la acumulación de reservas y la meta de déficit fiscal. Este último tendría que caer por debajo del 2%, pero se estima que cerrará el año por arriba del 2,4% de 2022. “No vamos a ir a resignar nuestra capacidad soberana ni tampoco vamos a ir a rendirnos al altar del ajuste fiscal”, advirtió Massa en referencia al que es visto como el principal punto de desencuentro en la negociación en curso.

“El desafío para el Gobierno pasó de cómo acumular reservas a cómo retener reservas”, apunta Santiago Manoukian, jefe de investigación de la consultora Ecolatina, sobre la primera de las metas incumplidas. “El sector agroexportador se estima que tiene en stock entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, pero con las elecciones tan cerca es difícil de convencerlos de que liquiden ahora. Esperan a ver qué ocurre después”, opina el economista Juan Manuel Telechea. En otras palabras, el campo confía en que más temprano que tarde el Gobierno se verá forzado a devaluar.

La semana pasada comenzó a hacerse visible el aumento de la tensión cambiaria. En el mercado informal o blue, el dólar ganó por primera vez al yaguareté, como se conoce al billete de 500 pesos. El viernes, en las calles del centro de Buenos Aires se ofrecían hasta 522 pesos por cada moneda estadounidense. Se trata de un mercado pequeño en volumen, pero con una gran influencia en las expectativas de la población sobre el rumbo de la economía. Sus variaciones son difundidas a diario por los medios de comunicación y afectan a la capacidad de ahorro de los argentinos de a pie, que recurren al dólar para protegerse de devaluaciones del peso e inflación. El billete de mayor denominación de Argentina, el de 2.000 pesos, equivale a 3,7 dólares en este mercado paralelo y 7,6 dólares en el oficial.

Pagar en yuanes

Los argentinos asocian el Fondo Monetario Internacional con las políticas de recorte del gasto público de los noventa. El peronismo es consciente que llamar a su puerta en vísperas de unas elecciones presidenciales es sinónimo de desesperación, pero no cerrar un acuerdo significa encaminarse hacia la quiebra, un precio que tampoco quiere pagar. El país sudamericano debe devolver 2.600 millones de dólares al FMI este mes. El mes pasado ya rascó el fondo de la olla: pagó al organismo internacional 1.000 millones con yuanes procedentes del intercambio de moneda firmado con China. Podría volver a usar yuanes para los vencimientos de julio, pero la cuenta negativa de las reservas netas se agrandaría aún más.

Si se tiene en cuenta que el pacto con el FMI debe ser aprobado después por el comité directivo del Fondo y que ese trámite demora al menos dos semanas, de firmarse ahora el desembolso llegaría a principios del mes que viene, poco antes de las elecciones primarias obligatorias y simultáneas del 13 de agosto, consideradas una gran encuesta nacional de cara a las presidenciales de octubre.

“Seguramente en las próximas horas van a conocer el programa de los próximos seis meses con el FMI”, dijo Massa el pasado 27 de junio. Han pasado más de 400 horas desde entonces sin novedades. “El programa se va a reformular porque no estaba pensado que hubiese un shock de 20.000 millones de dólares por la sequía. Pero falta saber las condiciones. Las más comunes son ajuste fiscal o devaluación y cualquiera de ellas tiene costos políticos”, advierte Manoukian sobre los motivos por los que la firma se dilata. Massa apuesta a resistir la presión devaluatoria tanto como pueda. Los últimos meses del Gobierno se le pueden hacer eternos.

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