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Cristina Kirchner asegura que en Argentina “no hay un Estado democrático constitucional”

La vicepresidenta rebate con críticas al Poder Judicial los fundamentos de los jueces que la condenaron a seis años de prisión por corrupción

Cristina Kirchner
Cristina Kirchner en el edificio del Congreso en Buenos Aires (Argentina), el 1 de marzo de 2023.Anita Pouchard Serra (Bloomberg)
Federico Rivas Molina

En Argentina, “los tres poderes no funcionan” y no hay “un Estado democrático constitucional”. Cristina Kirchner respondió con dureza a los fundamentos de los jueces que en diciembre la condenaron a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. “Millones de palabras, ninguna prueba y un solo objetivo: la proscripción”, dijo, sobre el texto de 1.600 páginas difundido el jueves por el tribunal. El escenario fue la Universidad Nacional de Río Negro, que le ofreció un doctorado honoris causa y la invitó a dar una conferencia. La escuchaban unas 1.000 personas acomodadas en un espacio techado para hacer deportes.

“A 40 años de democracia”, dijo Kirchner, “cuando vemos a la oposición aliada con el Poder Judicial para hacer lo que sabemos que se está haciendo, creo que no estamos ante un Estado democrático constitucional (...) Más mafioso no se consigue”. Fue un disparo a la Justicia, pero también al presidente, Alberto Fernández, al que acusa de no hacer lo suficiente para defenderla en las causas que la involucran. Fernández es la cabeza de ese Estado democrático que ella considera enfermo y contra el que ha decidido hacer oposición desde dentro. “Néstor Kirchner, en 2003, puso a la Casa Rosada otra vez en el centro de la política” tras la crisis de representatividad que siguió a la crisis del corralito, dos años antes, dijo. “El presidente volvió a tomar las decisiones”, agregó, en un tiro por elevación a su delfín político.

La vicepresidenta atribuye su condena a una maniobra conjunta de la derecha y los jueces para proscribirla como candidata en las elecciones generales de octubre próximo. Este viernes ahondó en esa línea, que ya había sido adelantada por su círculo más cercano apenas se conoció el texto de los magistrados. El más enfático fue el ministro de Interior, Eduardo de Pedro. “No pude leer todavía las 1.600 páginas que publicaron, pero me llama la atención cómo un 9 de marzo, como el 9 de marzo de 1956, entramos en una etapa de proscripción”, dijo. Se refirió así al día en que el gobierno militar de Pedro Eugenio Aramburu firmó un decreto que proscribía al peronismo como fuerza política y supuso el exilio de Juan Domingo Perón durante casi 20 años.

No fua una frase al azar. Este sábado, La Cámpora, la agrupación que lidera el hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner, realizará un mitin en Avellaneda, uno de los bastiones del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. El lema será “Luche y vuelve”, el mismo que la juventud peronista acuñó a finales de los sesenta para trabajar por el regreso de Perón, por ese entonces proscripto y exiliado en España.

La Cámpora pedirá a Kirchner que revea la decisión de no ser candidata a cargo alguno que tomó el 6 de diciembre pasado, cuando se conoció la sentencia en su contra por corrupción. “La verdadera condena es la inhabilitación”, dijo aquel día, y de ahí surgió la idea de la proscripción. En la práctica, hasta que el fallo no este firme en la Corte Suprema, un proceso que puede demorar años, Kirchner no está impedida de ser candidata.

El jueves, el tribunal que juzgó a Kirchner justificó la condena con argumentos muy duros. Los jueces determinaron que la vicepresidenta mantuvo “vínculos promiscuos y corruptos” con un empresario encargado de la obra pública en Santa Cruz, la provincia patagónica que es cuna de su movimiento político. En los fundamentos del fallo, la consideraron cabeza de una organización creada desde el Estado para beneficiar con contratos millonarios a Lázaro Báez. El empresario, a su vez, vez retribuía “los beneficios indebidamente obtenidos” mediante negocios espurios con “las empresas familiares de la expresidenta”.

“La magnitud de la empresa criminal aquí investigada supuso una planificación y sofisticación magnífica en la que actuaron diferentes niveles administrativos encolumnados bajo una misma finalidad”, esto es, enriquecerse a costa del dinero del Estado, consideraron los magistrados. El cálculo judicial del desfalco ascendió a 84.800 millones de pesos, unos 410 millones de dólares al tipo de cambio actual. En el listado de negocios conjuntos, los jueces incluyeron compraventa de inmuebles, fideicomisos para construcciones, permutas y préstamos de dinero. Los abogados de Kirchner tienen ahora 10 días para apelar la sentencia, que deberá ser revisada por un tribunal de segunda instancia.

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Sobre la firma

Federico Rivas Molina
Es corresponsal de EL PAÍS en Argentina desde 2016. Fue editor de la edición América. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y máster en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona.

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