Cinco semanas de sesiones extraordinarias en el Congreso argentino para votar dos leyes

El Ejecutivo de Alberto Fernández envió al Congreso 28 proyectos legislativos para tratar en sesiones extraordinarias entre finales de enero y febrero, dos meses de receso de verano. Hasta ayer, lunes, no se había aprobado ninguno por falta de quórum. Sólo este martes, en el último día antes del arranque del año legislativo el 1 de marzo, el peronismo logró in extremis reunir los diputados suficientes para llevar a cabo la primera y única sesión. Después de más de siete horas de debate, cargado de críticas cruzadas, la Cámara de Diputados aprobó una ley que permitirá que cerca de 800.000 nuevas personas accedan a la jubilación y se disponía a votar una segunda sobre la digitalización de las historias clínicas. Esta pequeña victoria del oficialismo, lograda con el apoyo de fuerzas minoritarias, se dio en un clima de tensión que refleja la polarización de la clase política argentina y la fragilidad de la coalición gobernante, el Frente de Todos, en este 2023 marcado por las elecciones presidenciales de octubre.

La apertura del debate estuvo marcada por acusaciones a raíz del reparto de panfletos en varias sedes de la ANSES, la seguridad social argentina, en los que se escrachaba a aquellos diputados que se oponen a la ley de la nueva moratoria previsional, que se aprobó este martes por 134 votos a favor y 107 en contra. El principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, exigió que que se retirase de los palcos del recinto el sindicalista al que consideran responsable de los carteles, Carlos Ortega. Otros diputados opositores pidieron explicaciones al Gobierno por lo sucedido. “El gremio ha lanzado un operativo político. Es muy grave. Las autoridades deben explicar por qué han prestado los pizarrones de las oficinas de ANSES para escrachar a los diputados de la oposición”, denunció la diputada Graciela Camaño.

“Si algún diputado se sintió mal por los carteles es entendible y es tener un poco de empatía, si uno se siente mal al ver su cara en un cartel, imaginen cómo nos sentimos nosotros cuando gatillan en la cabeza de la vicepresidenta”, respondió el legislador Máximo Kirchner a las críticas de la oposición, en referencia al atentado fallido contra su madre, Cristina Fernández de Kirchner, el pasado septiembre.

El proyecto de ley que impulsó el Ejecutivo, conocido como moratoria previsional, es una nueva extensión del plan puesto en marcha en 2004 para que puedan acceder a una prestación aquellas personas que tienen edad de jubilarse pero han cotizado menos de los 30 años que exige la ley. Juntos por el Cambio, en la oposición al Gobierno, votó en contra del proyecto por considerarlo un parche que disimula “el verdadero problema del sistema, que es la altísima informalidad del mercado laboral argentino” y aumenta el déficit fiscal. Propone, en cambio, una reforma integral.

La moratoria previsional se convirtió en ley ocho meses después de haber recibido media sesión en el Senado, cuando el Frente de Todos era la primera fuerza política en la Cámara Alta. La semana pasada, la deserción de cuatro diputados del bloque peronista dejó a Juntos por el Cambio como primera minoría. La fractura evidencia las diferencias de algunos gobernadores con el rumbo del Ejecutivo en medio de una tormenta económica con casi un 100% de inflación. Supone, además, un nuevo zarpazo al poder de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en esta cámara, de la que es titular.

El peronismo arrancó el mandato con mayoría absoluta en el Senado, pero la derrota en las elecciones legislativas de 2021 provocó la pérdida de bancas y obligó al Frente de Todos a negociar con la oposición. El freno fue inmediato: de las 66 leyes aprobadas en 2020 y las 52 en 2021 se pasó a 37 un año después.

Esa cifra se acerca al piso histórico de 2016, con sólo 36, con Mauricio Macri como presidente. “Macri llegó al Gobierno con minoría en las dos Cámaras, pero el respaldo político le permitió negociar con algunos partidos de la oposición”, explica Felicitas Torrecilla, coordinadora de investigación de la fundación Directorio Legislativo, que analiza la actividad legislativa. “En el caso de Alberto Fernández, aún con un balance de fuerzas más favorable, se complejiza por el frente interno”, dice.

Uno de los puntos de inflexión, según Torrecilla, tuvo lugar hace un año, cuando los diputados más cercanos a Kirchner, encabezados por su hijo Máximo, se negaron a votar a favor del acuerdo alcanzado entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional para reestructurar la deuda. El proyecto salió adelante con el apoyo parcial de la oposición, pero dejó en evidencia las diferencias internas y la distancia creciente entre el presidente y su vice, Cristina Kirchner.

La tensión del año pasado fue en aumento y se llegó a diciembre sin actividad legislativa. A diferencia de otros años, en los que en el último mes suele haber una sesión maratónica para aprobar proyectos pendientes, en este no se logró quórum en ninguna de las dos Cámaras. Los tres intentos que hubo en Diputados por reunir al menos a 129 legisladores fracasaron.

La reciente escisión en el Senado es un obstáculo más para sacar adelante proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo. En esa Cámara se aprobaron iniciativas que después no llegaron a debate en Diputados, donde las fuerzas están más parejas, como la ampliación de la Corte Suprema, la creación de un fondo para pagarle al FMI con dinero de bienes no declarados en el exterior y la reforma del Consejo de la Magistratura, el órgano que controla a los jueces. El clima político ha impedido que prosperen también otros proyectos, entre los que están el de protección de humedales, el de alcohol cero al volante y la reforma de la ley de alquileres.

El segundo proyecto que será sometido a votación esta tarde es el que establece un programa único de informatización y digitalización de las historias clínicas. La normativa contempla que todos los pacientes tengan acceso libre a su historia clínica a través de un sistema digitalizado en todo el país.

Este miércoles, en su discurso de apertura del año legislativo, se espera que Fernández vuelva a pedir al Congreso que trate los temas pendientes, pero las expectativas van en dirección contraria. El Gobierno, al que desaprueban tres de cada cuatro argentinos, según las encuestas, tiene escaso margen para negociar su agenda legislativa con otras fuerzas políticas. Con ese escenario adverso, las energías se concentrarán en la campaña electoral.

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