El argumento conservador para regular las drogas

En plena temporada de elecciones presidenciales, los candidatos se preguntan cómo mejorar Colombia, un país que ha pagado el precio más alto por las consecuencias negativas de la falta de regulación de los mercados globales de drogas. Resulta lógico pensar entonces que la pregunta de cómo mitigar esos efectos debería estar en el centro de las campañas. En este sentido, una de las principales propuestas ha sido precisamente la regulación.

La regulación de los mercados globales de drogas no es solo una causa liberal, sino que también puede fundarse en principios conservadores. Aunque suele enmarcarse en ideas como la autonomía individual y los derechos humanos, también existen razones profundamente conservadoras para avanzar en esa dirección. Dentro del pensamiento conservador conviven dos tradiciones distintas —una libertaria y otra centrada en la familia y el orden social— y ambas ofrecen argumentos sólidos a favor de la regulación.

Mercados y responsabilidad individual

El conservadurismo libertario confía en los mercados como mecanismos de coordinación descentralizada y celebra la responsabilidad individual. Un mercado regulado de drogas, por ejemplo, permitiría que los precios, las licencias y el etiquetado funcionen para reducir riesgos asociados al consumo y mejorar la calidad de los productos. Dicho de otro modo, en lugar de sostener un mercado clandestino —invisible, violento y sin garantías—, la regulación ofrecería trazabilidad, controles de pureza y sanciones claras.

Este mismo enfoque defiende que la cárcel no es una respuesta razonable para quienes deciden consumir sustancias psicoactivas, pues las estadísticas muestran que solo una fracción de quienes usan estas drogas desarrolla patrones problemáticos; la mayoría no. Para los primeros sería mejor aplicar alternativas de salud pública y acompañamiento, no sanciones penales; mientras que para los segundos una decisión personal no justificaría en ningún caso un castigo automático y desproporcionado.

Familia, orden y respeto por la ley

Si el primer pilar conservador es la confianza en los mercados, el segundo es la defensa de la familia y el orden social. La guerra contra las drogas ha desgarrado el tejido social al encarcelar a personas por delitos relacionados con drogas: en 2023, más de 17.000 colombianos cumplían sanciones penales por infracciones relacionadas con drogas, lo cual puede traducirse en miles de hijos creciendo sin padres y familias fracturadas por políticas punitivas ineficaces. Proteger a la familia implica entonces invertir en prevención y tratamiento en lugar de destruir hogares.

También se trata de restablecer la autoridad del Estado. La prohibición subsidia al crimen organizado, que controla mercados y financia grupos armados. Es inadmisible que el Estado renuncie al monopolio de la fuerza y de la regulación económica, especialmente de un mercado tan robusto y resiliente. Regular las drogas —como hoy se regula el alcohol— es una estrategia para recuperar soberanía y asegurar que las normas sean cumplidas y respetadas. No podemos ignorar lo corrosiva que puede ser una ley que nadie respeta. Cuando el Estado insiste en normas que se violan sistemáticamente, pierde legitimidad. El respeto por la ley no se logra con discursos moralistas, sino con reglas que puedan cumplirse, supervisarse y sostenerse en el tiempo. La regulación, por su parte, permite reconstruir esa legitimidad institucional, con marcos legales claros, mecanismos de control efectivos y un pacto social más realista sobre cómo abordar el consumo problemático de sustancias.

Desde el punto de vista fiscal y de eficiencia institucional, la prohibición ha sido ineficiente y costosa: en el mundo se gastan miles de millones en operativos policiales, procesos judiciales y encarcelamientos que no han reducido el consumo. El World Drug Report 2025 de la UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) muestra que el número de consumidores ha aumentado, a pesar de gastos récord en incautaciones. Regular permitiría redirigir estos recursos hacia la lucha contra delitos verdaderamente graves —homicidios, extorsiones, secuestros—y generar ingresos tributarios cobrados sobre las ventas de sustancias que ahora son ilegalizadas y que podrían usarse para financiar mejores escuelas, centros de salud o programas de seguridad local. En tiempos de escasez presupuestal, esta es una cuestión elemental de prioridades y de gestión inteligente del Estado.

En resumen, regular es aplicar principios conservadores —confianza en los mercados, el orden, la familia y las instituciones— para enfrentar un problema que no ha desaparecido con prohibiciones vacías. No es casualidad que figuras centrales del pensamiento conservador, como la revista National Review o Milton Friedman (Premio Nobel y defensor del libre mercado) hayan abogado por la legalización o regulación como una vía coherente con la responsabilidad individual y el respeto por la ley. Por lo tanto, ya va siendo hora de que la derecha asuma la agenda de la regulación de las sustancias psicoactivas.