Jordan Schwartz, vicepresidente del BID: “América Latina necesitará más infraestructura contra las catástrofes ambientales”

Los gobiernos de América Latina tendrán que invertir en infraestructura adecuada para condiciones climáticas extremas mientras se mantienen al día con la tecnología, dice Jordan Schwartz (New Haven, 57 años), vicepresidente ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La multilateral realizó esta semana uno de sus eventos más grandes, PPP Américas 2023, que reunió a unas 500 personas del sector público y privado para promover las alianzas público-privadas (APP).

“Estamos viendo una creciente necesidad de infraestructura que nos proteja de la catástrofe ambiental”, dice Schwar...

Los gobiernos de América Latina tendrán que invertir en infraestructura adecuada para condiciones climáticas extremas mientras se mantienen al día con la tecnología, dice Jordan Schwartz (New Haven, 57 años), vicepresidente ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La multilateral realizó esta semana uno de sus eventos más grandes, PPP Américas 2023, que reunió a unas 500 personas del sector público y privado para promover las alianzas público-privadas (APP).

“Estamos viendo una creciente necesidad de infraestructura que nos proteja de la catástrofe ambiental”, dice Schwartz a EL PAÍS, durante el evento en un hotel en la ciudad de Panamá. “Este va a ser un tema que vamos a enfrentar cada vez más como región”, agrega.

Pregunta. Según datos del propio BID, América Latina es la región de economías emergentes que más tiene participación del sector privado en infraestructura. ¿Qué queda por hacer en términos de asociaciones público-privadas (APP)?

Respuesta. Desde principios de los noventa, la provisión de infraestructura en América Latina ha funcionado de manera diferente a otras regiones de renta media. Luego de las crisis de la deuda de los años ochenta, hubo una ola de privatizaciones y concesiones en puertos, plantas potabilizadoras y eléctricas, entre otros. Lo que estamos viendo ahora es un nivel de digitalización en casi todas las áreas de infraestructura. El desafío es el nivel de la tecnología, la complejidad de manejar esa tecnología, de mantenerla actualizada y poder acceder a la información que genera, como los patrones de consumo. Los edificios son cada vez más inteligentes. Las carreteras se están construyendo con sensores para controlar el movimiento del tráfico. Esta complejidad de la provisión de servicios de infraestructura se está acelerando y probablemente sea la base de la presión que estamos viendo por parte de los gobiernos para llevar al sector privado a áreas en las que no lo han hecho antes.

P. Históricamente, las APP en América Latina se han utilizado principalmente en electrificación y carreteras. ¿Cuáles son los sectores que más inversión necesitan ahora?

R. La región es bastante variada, cada país tiene sus propias necesidades sociales y económicas particulares. Habiendo dicho eso, vemos un enorme muro de demanda de infraestructura que aborda la gestión de inundaciones y la protección contra inundaciones, la disponibilidad de recursos hídricos y todo lo relacionado con la hidrología. Ya sea capturando el flujo de los ríos o capturando el derretimiento de los glaciares para represas hidroeléctricas. También debemos incluir enfoques modernos para el almacenamiento y la eficiencia en el uso de turbinas porque los recursos hídricos subyacentes están disminuyendo. Estamos viendo una creciente necesidad de infraestructura que nos proteja de la catástrofe ambiental. Este va a ser un tema que vamos a enfrentar cada vez más como región.

P. Las APP se enfrentan al escepticismo de la ciudadanía, después de algunos escándalos de corrupción. ¿Cómo se puede garantizar un proceso limpio?

R. Tenemos que trabajar con nuestros gobiernos para asegurarnos de que estamos comprometidos con un proceso transparente de principio a fin. Eso no es solo retórica, es muy específico para la competencia y la forma en que se realizan las ofertas. Refiere a la información pública que está disponible en torno a los criterios primarios para la selección de empresas, los precios que se están pagando a los contratistas, la capacidad de auditar la ingeniería de la construcción. Hay una característica de las APPs que es diferente a la contratación pública, y es que la empresa responsable de operar y mantener el activo a lo largo del tiempo es parte de un consorcio que construyó el activo. Por lo tanto, debería existir un incentivo para construir activos que duren la vigencia entera de lo que tradicionalmente es un contrato a largo plazo. Y debo mencionar que hemos encontrado que el papel de las comunidades donde se está construyendo la infraestructura es inequívocamente central.

P. ¿Qué pasa con la infraestructura para reducir las emisiones de carbono? ¿Cuáles son los proyectos que más necesita la región?

R. El tema de las emisiones y, por tanto, de la eficiencia en el uso de la energía, ha permeado en casi todos nuestros proyectos en los últimos años. Incluso proyectos viales. La calidad del asfalto y la liberación de gases se ha convertido en un tema importante, por ejemplo. Está integrado en las especificaciones de los proyectos viales que estamos financiando. Creo que vamos a ver la eficiencia y la reducción de emisiones incorporadas en un número cada vez mayor de proyectos, en particular aquellos que dependerán del financiamiento de bancos multilaterales de desarrollo o incluso de bonos de financiamiento comercial. Proveedores de financiación que buscan demostrar que están contribuyendo al desarrollo sostenible en lugar de lo que sea más conveniente.

P. ¿Cómo debería un Gobierno elegir o priorizar en qué sector invertir?

R. Los gobiernos se vuelven cada vez más hacia la consideración de los aspectos sociales y ambientales para priorizar sus inversiones. Las metodologías sobre cómo hacerlo son más complejas porque no todo se puede monetizar. La biodiversidad, por ejemplo, no se puede monetizar realmente. Podemos monetizar la reducción de emisiones, pero tendríamos que ponerle un precio al carbono y aún no hemos llegado a un acuerdo sobre cuál debería ser el precio del carbono y aún no tenemos mercados de carbono que funcionen. Muy a menudo, esos factores requieren un juicio cualitativo. ¿Dónde priorizamos los impactos sociales? ¿Qué impactos sociales priorizamos si el Gobierno no tiene suficiente dinero para construir todo lo que quiere construir? ¿Cuáles son las necesidades sociales que queremos aliviar? El BID enfatiza el acceso de los pobres, la sostenibilidad y la baja huella ambiental de la inversión, así como el retorno económico y financiero. ¿Estamos abordando un bien público global, como la reducción de emisiones, o un bien público local, como el acceso de un puerto al servicio? Ahí es donde el diseño de la estructuración del proyecto se ha vuelto más complicado.