Fin del tratado comercial y aranceles del 100%: Estados Unidos estudia sanciones sin precedentes contra Ortega y Murillo

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ha determinado este lunes que las políticas y prácticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo son “irrazonables” y suponen “una carga o restricción al comercio estadounidense”. La decisión, adoptada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, abre la posibilidad de imponer sanciones económicas de amplio alcance contra Nicaragua, incluido su eventual suspensión del tratado de libre comercio CAFTA-DR, vital para la economía del país centroamericano, cuyo principal socio comercial es Washington. Pero además propone la aplicación de aranceles de hasta el 100% a las exportaciones nicaragüenses.

El informe de la USTR concluye que los abusos de los derechos laborales, las violaciones a los derechos humanos y el desmantelamiento del Estado de derecho en Nicaragua “constituyen una carga para el comercio de Estados Unidos” y son, por tanto, “accionables”, es decir, susceptibles de medidas unilaterales de respuesta. “La Sección 301 autoriza al Representante Comercial a tomar todas las acciones apropiadas y viables, sujetas a la dirección del presidente, para lograr la eliminación de dichos actos, políticas y prácticas”, precisa la resolución publicada en el boletín oficial del Estado, el Federal Register.

El documento sometido a consulta pública plantea cuatro alternativas: suspender todos los beneficios de Nicaragua bajo el CAFTA-DR, limitar parcialmente esas ventajas, imponer aranceles de hasta el 100 % a todas las importaciones o aplicarlos de forma selectiva por sectores. El proceso de consulta permanecerá abierto hasta el 19 de noviembre de 2025, antes de que Washington adopte una decisión definitiva, o en pocas palabras que el presidente Donald Trump decida qué opción escoger.

Fuentes cercanas al entorno comercial de Washington aseguraron a EL PAÍS que Estados Unidos ya ha sostenido en las últimas semanas negociaciones arancelarias con los países centroamericanos del tratado sin la participación de Nicaragua, lo que podría anticipar un aislamiento progresivo del país dentro del bloque.

La determinación de la USTR pone fin a una investigación iniciada en diciembre de 2024, durante la recta final de la administración de Joe Biden, que recopiló más de 160 testimonios y comentarios públicos. Parte de esa información fue remitida al Departamento de Estado por incluir evidencia de violaciones graves a los derechos humanos.

Durante una visita a Costa Rica a inicios de este año, el secretario de Estado, Marco Rubio, ya había adelantado que la Casa Blanca mantenía “sobre la mesa” la posibilidad de remover a Nicaragua del CAFTA-DR, un acuerdo “concebido para premiar la democracia”. En aquella ocasión, Rubio afirmó que Washington estudia “qué papel debe tener Nicaragua dentro de un tratado que no puede beneficiar a una dictadura”, y calificó a los regímenes de Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel como “enemigos de la humanidad”.

Consecuencias económicas serias

Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua y concentra cerca del 55% de sus exportaciones, principalmente de textiles, café, azúcar, carne y tabaco. Los beneficios del CAFTA-DR han sido esenciales para sostener la economía del país desde su entrada en vigor en 2006.

“Si Washington aplica alguna de estas medidas, Nicaragua enfrentará una contracción inmediata de su balanza comercial y un golpe severo al empleo formal”, explica un economista consultado por EL PAÍS.

Más allá de las implicaciones económicas, la resolución de la USTR supone un endurecimiento del enfoque de Washington hacia Managua, al trasladar la presión del terreno diplomático y de los derechos humanos al ámbito del comercio internacional.

“El Gobierno de Nicaragua incurre en prácticas injustificables, irrazonables y discriminatorias que representan una carga para el comercio estadounidense”, afirma el informe. En palabras de la propia oficina comercial, las acciones del régimen de Ortega y Murillo “no solo violan derechos fundamentales, sino que socavan la competencia leal y desestabilizan la región centroamericana”.