Justicia reproductiva en Chile: el Estado tiene la oportunidad de reparar

Chile llega al 28 de septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto, en medio de un debate y una oportunidad histórica: la posible aprobación de un proyecto de ley que permitiría la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas sin causales específicas. La iniciativa, presentada en mayo, está en revisión. Sin embargo, en un país donde, según la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se practican entre 40.000 y 170.000 abortos clandestinos cada año, avanzar hacia un aborto legal, libre, seguro, digno y gratuito no es solo una urgencia sanitaria: es una demanda de justicia y un acto fundamental de dignidad.

Aun así, sigue habiendo oposición política y social por parte de personas en el poder y grupos antiderechos. Argumentan que legalizar el aborto fomentará su práctica o que la verdadera solución está en la prevención y la educación sexual. Pero, ¿cómo hablar de planificación reproductiva real cuando en Chile ni siquiera está garantizado el acceso a métodos anticonceptivos seguros y de calidad?

En 2020, cientos de mujeres y personas gestantes enfrentaron embarazos no deseados tras recibir anticonceptivos defectuosos distribuidos por el Estado. Nuestras organizaciones documentaron más de 200 historias que muestran la magnitud de estas graves irregularidades en el sistema de salud pública: vidas, proyectos y sueños truncados por una atención sanitaria deficiente y unos fabricantes negligentes.

Tomar tus pastillas todos los días y luego descubrir que el Estado —que tiene la obligación de garantizar tu derecho a la salud, incluida la salud sexual y reproductiva— te ha fallado, es una situación que nadie debería enfrentar. Además, a pesar de que la ley chilena permite el aborto en tres causales, los anticonceptivos defectuosos no encajan en ninguna de ellas. Esto llevó a muchas personas a maternidades forzadas. Mientras que otras se vieron obligadas a abortar en condiciones inseguras, poniendo en riesgo su salud y su vida.

Entonces, nos preguntamos: ¿quién responde por estos embarazos forzados? ¿Qué opciones quedan para quienes intentaron evitarlo, pero a quienes el Estado, una vez más, les dio la espalda? Este abandono y negligencia evidencian la ausencia de enfoque de género en las políticas públicas. Exponen un desinterés estatal en garantizar medicamentos esenciales para los derechos sexuales y reproductivos, y una falta de compromiso para que todas las personas puedan controlar su sexualidad y reproducción.

A esto se le suma que la criminalización del aborto en Chile es una injusticia que persiste con consecuencias graves. El informe Criminalización del aborto en Chile (2012–2022), publicado por Corporación Miles, revela que, en un periodo de 10 años, 444 personas fueron investigadas por el Estado por aborto consentido. De ese total, casi un 20% de ellas fueron denunciadas por profesionales de la salud, muchas veces violando el secreto profesional. Un 38,7% de los casos terminaron sin una sentencia porque simplemente no había fundamento para perseguirlas y solo un 11% recibieron sentencia. La penalización, claramente, no soluciona nada; revictimiza y vulnera derechos, especialmente de quienes ya enfrentan mayor vulnerabilidad.

Estas fallas estructurales muestran que la autonomía de las personas gestantes está permanentemente amenazada. La despenalización del aborto no contradice la libertad de fe; al contrario, la refuerza: quienes decidan continuar con un embarazo nunca deberían ser obligadas a interrumpirlo, pero esa misma libertad no puede convertirse en una condena para quienes eligen otra opción. Hoy, según Ipsos, el 54% de la población chilena considera que el aborto debería ser legal. Dicho de otro modo: ninguna persona gestante debería enfrentar la cárcel o arriesgar su vida por decidir sobre su propio cuerpo.

Por todo esto, la discusión sobre el aborto no puede separarse de un debate integral sobre las obligaciones del Estado y la autonomía reproductiva desde una mirada feminista. La desprotección estatal se profundiza cuando hablamos de personas jóvenes, migrantes, indígenas, de sectores empobrecidos o que viven en zonas rurales. Son ellas quienes deben estar en el centro de las soluciones.

El 28 de septiembre nos recuerda que el aborto no es solo un tema de salud, sino un derecho humano. Es hora de dejar de criminalizar a quienes deciden sobre sus cuerpos y sobre sus vidas. Debemos avanzar hacia una política pública de salud reproductiva que reconozca a mujeres y personas gestantes como sujetas de derechos, con autonomía y respeto.

Despenalizar el aborto hasta las 14 semanas es urgente y necesario. También es imperativo garantizar un acceso real, seguro y gratuito a educación sexual integral, prevención, anticoncepción e información adecuada y oportuna.

Nuestra exigencia al Estado chileno es clara: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para todas quienes fueron afectadas por los anticonceptivos defectuosos. Su experiencia no es un hecho aislado, sino la evidencia de una falla estructural que el Estado debe corregir si quiere garantizar la justicia reproductiva en Chile.