El grupo de expertos de la ONU señala a Ortega, Murillo y al régimen sandinista de “coordinar” un aparato de represión

Un grupo de expertos de Naciones Unidas que ha seguido de cerca la crisis política de Nicaragua ha hecho público este lunes en Ginebra un duro informe en el que acusan al presidente Daniel Ortega y su vicepresidente y esposa, Rosario Murillo, de “coordinar” un aparato represivo dirigido desde el Estado para instaurar un sistema de terror con “graves violaciones y abusos a los derechos humanos”. Los expertos de la ONU han podido constatar “a primera vista”, dice el informe, de que en el país centroamericano se han cometido crímenes de lesa humanidad, entre ellos persecución por motivos políticos, privación de la nacionalidad y encarcelamientos injustos, que han quedado impunes y sin reparación alguna. El informe se centra en la instrumentalización del Poder Judicial nicaragüense, convertido en el principal órgano de represión del régimen. “Hoy por hoy, Nicaragua no cumple ni con el más mínimo estándar razonable de independencia judicial”, ha alertado Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).

Mientras Simon presentaba el informe en Ginebra, en Managua la Corte Suprema informaba a través de un comunicado de que despojaba de la nacionalidad nicaragüense a 135 presos políticos que fueron liberados el pasado jueves por el régimen y expulsados a Guatemala. La Suprema también ordena la confiscación de todos sus bienes por “atentar contra la soberanía” nacional. Simon ha denunciado de que las violaciones a los derechos humanos continúan incluso fuera de Nicaragua. “Las víctimas fuera del territorio nacional siguen siendo privadas arbitrariamente de sus medios de vida. Se le niega también arbitrariamente la entrada a su país, entre numerosos modos de denegación de una nacionalidad efectiva. Las más de 700 víctimas en el extranjero registradas por nosotros representan apenas una muestra de la dimensión de estas “violaciones por extensión”, ha recalcado el experto.

El GHREN ha realizado para su informe al menos 1.200 entrevistas y ha analizado casi 5.000 documentos. “Informamos haber establecido hechos y circunstancias que constituyen, prima facie, crímenes de lesa humanidad, particularmente, persecución por motivos políticos; hechos que comportan graves violaciones y abusos de derechos humanos, y que incluyen la privación de la nacionalidad por motivos políticos; hechos que se han quedado impunes y sin reparación alguna”, ha advertido Simon en su presentación. Los expertos han afirmado “tener motivos razonables para creer que el actual presidente de Nicaragua y la vicepresidenta son los principales responsables” de estos crímenes, pero en su informe van más allá y señalan todo un aparato represivo que incluye a al menos 66 integrantes del Ejecutivo.

Así lo ha explicado Simon: “Hemos podido establecer que la concentración de todos los poderes públicos en las manos del presidente y de la vicepresidenta sigue endureciendo, particularmente, respecto al poder judicial. Hoy por hoy, Nicaragua no cumple ni con el más mínimo estándar razonable de independencia judicial. Se instrumentaliza cada vez más el Estado en su conjunto, incluso con el apoyo de elementos paraestatales. Al presente, hemos identificado al menos 66 personas en los niveles medio y superior del aparato organizado de poder bajo el mando de los dos gobernantes de Nicaragua. Este aparato sigue facilitando, coordinando y ejecutando graves violaciones y abusos de derechos humanos”.

Entre los abusos que el régimen sigue cometiendo están las detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos y la instrumentalización del derecho penal para eliminar cualquier oposición “real, potencial o percibida como tal”. Los expertos también denuncian que “las víctimas se ven obligadas a elegir entre la cárcel y la salida del país”, como ha sucedido la pasada semana con las 135 personas presas por motivos políticos. “Un patrón particularmente grave de violaciones con alcance transfronterizo sigue siendo la “violación por asociación”. En la actualidad, familiares de personas opositoras al Gobierno, o percibidas como tales, siguen siendo victimizadas únicamente por sus lazos familiares. Un aspecto muy grave de este patrón es la afectación de al menos un centenar de niñas y niños”, ha resaltado Simon.

Lo que más preocupa a los expertos es que estas continuas violaciones “están dejando sectores enteros de la población en un estado de indefensión”, tras la expulsión del país de organizaciones de defensores de derechos humanos y la imposibilidad de organismos internacionales como Naciones Unidas de trabajar en el territorio nicaragüense. “Se ha desmantelado cualquier esfuerzo de organización de la población campesina. La toma forzosa de las universidades y las violaciones contra líderes estudiantiles y profesores han afectado masivamente la educación superior de miles de estudiantes y su proyecto de vida, y han tenido un impacto grave en las perspectivas y el desarrollo del país”, ha agregado Simon.

Azahalea Solís, abogada y defensora de derechos humanos exiliada en Costa Rica y a quien el régimen también despojó de su nacionalidad, ha explicado a EL PAÍS en entrevista desde Ginebra, donde está para participar en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de que el informe del GHREN comprueba que continúa un estado de terror en Nicaragua, incluyendo las desapariciones forzadas. “Hoy se ha reiterado el comportamiento violatorio de derechos humanos, la ausencia absoluta de las mínimas garantías procesales o sus derechos constitucionales”, ha explicado Solís.

Uno de los casos que ha llamado la atención de los expertos de la ONU es el del dirigente indígena y diputado Brooklyn Rivera, detenido de forma arbitraria. “Las autoridades se han negado incluso a reconocer el hecho de la detención. Las prácticas de detención en régimen de incomunicación y desaparición forzada constituyen graves violaciones de los derechos humanos, y ponen en grave riesgo el derecho a la vida y la integridad física y mental de las personas detenidas. Estos tratos podrían, en algunas circunstancias, equivaler también a tortura”, ha explicado Nada Al-Nashif, alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Voces opositores al régimen de Ortega han seguido de cerca la presentación del informe. La líder política Ana Margarita Vijil, detenida en Nicaragua, enjuiciada y liberada hace un año junto a un grupo de 222 personas expulsadas hacia Estados Unidos, ha recalcado la importancia del informe para que se conozcan a nivel internacional los crímenes cometidos por el régimen de Ortega y Murillo. “Me duele muchísimo ver lo que está pasando en Nicaragua, pero también me consuela saber que hay grupos internacionales que están haciendo estas investigaciones a profundidad, porque me ratifica mi convicción de que va a haber justicia en Nicaragua, que se están preparando las pruebas”, ha dicho Vijil a través de una entrevista telefónica. A ella también el Gobierno nicaragüense la ha despojado de su nacionalidad.

Vijil ha denunciado que aún hay al menos 36 presos políticos en las cárceles del régimen de Ortega. Además del caso emblemático del diputado Rivera, la activista política ha mencionado el de Eliseo Castro, detenido y que está en estado de coma en un hospital nicaragüense, vigilado constantemente por la Policía, y el de Eddie Meléndez, que sufre un Parkinson avanzado y está preso en la cárcel de La Modelo, temido centro de torturas del régimen. Debido a estos hechos represivos, el experto Simon ha dicho este lunes tras presentar su informe: “Todos sabemos que, en una situación tan grave, cada día que continúa, más se profundizan las cicatrices en la sociedad, y tardarán generaciones en sanar”.