Corte Interamericana: 45 años transformando vidas y fortaleciendo democracias

El 3 de septiembre de 1979, en una ceremonia solemne celebrada en el Teatro Nacional de Costa Rica, se instaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el mismo lugar donde diez años antes se había firmado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El juez Piza Escalante, su primer presidente, destacó su creación como un símbolo de una larga lucha de la comunidad americana por los derechos y libertades fundamentales, que, a su...

El 3 de septiembre de 1979, en una ceremonia solemne celebrada en el Teatro Nacional de Costa Rica, se instaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el mismo lugar donde diez años antes se había firmado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El juez Piza Escalante, su primer presidente, destacó su creación como un símbolo de una larga lucha de la comunidad americana por los derechos y libertades fundamentales, que, a su vez, recoge la de la humanidad entera.

Han transcurrido 45 años desde entonces, y hoy podemos afirmar con orgullo que la Corte Interamericana se ha consolidado como una de las instituciones más relevantes de nuestra América, un referente internacional en la protección de los derechos humanos. No cabe duda de que sus decisiones han cambiado vidas y transformado sociedades contribuyendo a desmantelar estructuras profundamente arraigadas en una región violenta y desigual, llevando justicia y esperanza a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Este aniversario nos ofrece la oportunidad de recordar algunos de los aportes jurisprudenciales más relevantes desarrollados por el Tribunal, que han sido fundamentales para la protección efectiva de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. Este acervo jurisprudencial, elaborado a lo largo de más de cuatro décadas, se ha convertido en un faro regional que guía y orienta la efectiva protección de los derechos humanos.

En una época en la que, en varios rincones de nuestra América, somos testigos de la erosión de democracias y sus instituciones, la consolidación de regímenes autoritarios y dictaduras, y la persecución, encarcelamiento e incluso asesinato de quienes se atreven a pensar diferente, profesar su fe o cuestionar la falta de integridad y transparencia en los procesos electorales, se vuelve crucial recordar la importancia de instancias como el sistema interamericano y las contribuciones de la Corte IDH en la defensa y fortalecimiento del Estado de derecho.

El Tribunal ha afirmado, por ejemplo, que la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia; que “si una sociedad no está informada no es plenamente libre”, reconociendo, además, que la libertad de expresión es un componente fundamental para el ejercicio de otros derechos, de la democracia misma y de la transparencia de las actividades gubernamentales. Asimismo, ha señalado que el encarcelamiento o muerte de un periodista o defensor de derechos humanos amenaza los cimientos de la democracia y de las libertades que en ella descansan; que la independencia judicial es central en un Estado de derecho y que su afectación impacta negativamente los pesos y contrapesos intrínsecos en toda democracia.

Por otra parte, la Corte ha desarrollado una vasta jurisprudencia referida a graves violaciones de derechos humanos, abordando temas como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y masacres, entre otros. Fue el primer tribunal internacional en analizar la desaparición forzada de personas y en establecer los elementos constitutivos de esta conducta. Una de sus decisiones más emblemáticas se refiere a la incompatibilidad de las leyes de autoamnistía con la Convención Americana, cuando se trata de graves violaciones a derechos humanos, lo que ha permitido desarticular los andamiajes de impunidad creados por estas leyes en diversas partes del continente.

La Corte IDH ha desarrollado, asimismo, una rica y relevante jurisprudencia en favor de grupos en situación de especial vulnerabilidad, incluyendo a comunidades indígenas, personas migrantes y desplazadas, personas LGTBIQ+, personas privadas de libertad, personas con discapacidad, y la niñez, entre otros. Quisiera destacar especialmente las importantes contribuciones en materia de violencia contra la mujer y discriminación, un tema que sigue siendo uno de los mayores desafíos de nuestra región. Esta jurisprudencia ha sido clave para visibilizar diversas problemáticas regionales que afectan a estos grupos y ha establecido estándares valiosos para su protección.

Otro eje clave de su accionar es la jurisprudencia sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. A lo largo de estos años, se han abordado temas relacionados con el derecho a la salud, educación, trabajo y pensiones, entre muchos otros. En esta línea, un tema relevante que actualmente conoce la Corte es la opinión consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos, una clara demostración de cómo la Corte, además de atender los casos habituales, está también enfrentando los nuevos desafíos que existen en la materia, siendo este, sin duda, uno de los asuntos más trascendentales que enfrenta la humanidad hoy en día.

Quizás otro aspecto notable de la jurisprudencia de la Corte que vale la pena resaltar, ha sido el desarrollo del concepto de reparación integral y sus diferentes modalidades. Esto ha permitido que sus decisiones no sean meramente declarativas o se limiten a la compensación económica, sino que tengan un impacto transformador tanto para las personas como para los países al abordar no solo el daño individual, sino también las causas y consecuencias estructurales de las violaciones de derechos humanos.

También quisiera destacar algunas de las iniciativas pioneras de la Corte que, a mi juicio, han definido su identidad institucional a lo largo de la historia. Este tribunal se ha distinguido por su proximidad tanto con las víctimas como con los Estados. Siempre ha escuchado directamente a las víctimas, con sus sufrimientos y esperanzas. Desde su creación, ha supervisado el cumplimiento de las reparaciones ordenadas en sus sentencias y de las medidas provisionales que adopta trabajando mano a mano con los estados de la región, de cerca con los actores nacionales, directamente en terreno, para recabar información, conocer realidades y observar de primera mano la implementación de sus decisiones. Además, el Tribunal, toma medidas para que las barreras económicas no impidan el acceso a la justicia interamericana, mediante la creación de la figura del defensor interamericano, el fondo de asistencia legal para víctimas, y la provisión de apoyo psicológico a las personas afectadas.

Todo esto y más, lo ha hecho operado con independencia y resiliencia, convirtiéndose en un bastión de esperanza y voz para miles de víctimas, sin distinción alguna. Esto es motivo de celebración y aliento para seguir, a paso firme, en la protección de los derechos humanos.

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