La ONU da la razón a las peruanas víctimas de esterilizaciones forzadas de la época de Fujimori

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“La política de esterilización forzada, implementada en Perú durante los años 1990s constituyó una forma de violencia basada en el sexo y discriminación interseccional, particularmente contra mujeres indígenas, rurales y mujeres económicamente desfavorecidas”. Con esta rotundidad se pronunció este miércoles el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) en un fallo histórico que exige al Estado peruano que acelere las investigaciones al respecto, que “proporcione compensación financiera y apoyo psicológico y ponga en marcha un programa integral de reparaciones para las víctimas”. Para algunas de las afectadas, como María Elena Carbajal, una de las cinco demandantes en este caso, hoy es un día “muy gratificante”. “Esto es una respuesta para quienes nos tildaron de mentirosas y dijeron que denunciábamos por dinero. Hoy siento que volví a vivir”.

Este fallo se produce tras revisar una denuncia conjunta presentada por otras cuatro mujeres, además de Carbajal -Gloria Basilio Huamán, Florentina Loayza Cárdenas, Rosa Loarte Sobrado y Elena Rojas Caballero- que fueron esterilizadas sin consentimiento o a la fuerza entre 1996 y 1997 como parte de una política de control de natalidad dirigida por el Estado en Perú, bajo el mandato del autócrata recientemente fallecido Alberto Fujimori. Después de cuatro años de investigación y tres décadas desde las primeras esterilizaciones, el Comité también concluyó que Perú no cumplió con su obligación de investigar debidamente estas violaciones ni de compensar adecuadamente a las más de 325.000 víctimas, en su gran mayoría mujeres quechuahablantes y de entornos empobrecidos. Muchas, incluso, analfabetas.

Actualmente, hay otros cinco procesos judiciales en curso. Uno frente a la Fiscalía peruana -con más de 1.300 casos y otros 2.000 pendientes de ser incluidos-, tres ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, otro ante la Cedaw y uno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Es una sentencia histórica, porque es el único que se ha emitido en esta materia hasta el momento”, cuenta al teléfono Leticia Bonifaz, experta independiente de la Cedaw. Aunque los demás tribunales no tienen porqué fallar en sintonía, este es un precedente sólido y contundente. Bonifaz insiste en que las exigencias del Comité son de obligatorio cumplimiento.

Algo que el Estado ha puesto en entredicho. Por una parte, la defensa alegó que el protocolo facultativo que firmó Perú con el Comité (que hace vinculante el fallo) se firmó años después de ser cometidos los hechos. Sin embargo, Bonifaz explica que parte de lo que está afirmando el Comité es que no se reparó el daño, un hecho posterior a la firma del protocolo. Otro de los argumentos del Estado para tratar de desacreditar el caso ha sido la improcedencia de que un organismo que vela por los derechos de las mujeres se pronuncie en un caso que también afectó a hombres. Bonifaz señala que el número desproporcionado de mujeres afectadas y la naturaleza de la intervención y los riesgos quirúrgicos asociados lo convierten en un tema de violencia basada en género. “Es una violación sistemática de los derechos humanos a una población específica. Fue una limpieza racial, porque alegaron querer combatir la pobreza impidiendo que se reproduzca un grupo específico de mujeres. No puede caer en el olvido lo que hizo Fujimori”, concluye.

María Elena Carbajal tampoco está dispuesta a olvidar. Ella fue víctima a los 26 años, el 18 de septiembre de 1996. Tras dar a luz a su cuarto hijo en un hospital limeño, las enfermeras escondieron al recién nacido y le dieron una sola opción: “O te ligas las trompas o no lo vuelves a ver”, recuerda aún aterrada. Después de la operación y de contarle a su marido lo sucedido, éste la despreció diciéndole que seguro que había sido una decisión de ella “para estar con otros hombres” y la dejó. “Sentí mucha vergüenza. Tardé casi 20 años hasta descubrir que ni era mi culpa ni había sido yo sola”, narra por llamada una de las voces más críticas de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de Lima y Callao. “Fue terrorismo. Los médicos afilaban cuchillos como si fueran a matar un ternero. Arrasaron con las mujeres, con todas las que pudieron. Siempre se ha dicho que sólo esterilizaron a mujeres de la sierra o selva, pero soy un caso de muchos otros que sucedieron en Lima”. Actualmente, Carbajal padece varias patologías asociadas con este episodio. “Nos tienen que reparar, nos lo deben”.

Son tantos los testimonios como los de Carbajal, que para María Esther Mogollón, asesora de la Asociación de Mujeres peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (Ampaef), la rotundidad de la Cedaw es como si la justicia las viera por primera vez. “Llevamos 25 años buscando verdad, justicia y reparación. Este fallo nos acerca un poco más a ello. Hemos esperado demasiado; el Estado peruano tiene una deuda con las mujeres”, narra por teléfono. Si bien para la peruana la muerte de Alberto Fujimori antes de la reparación efectiva fue un varapalo, no las hizo desistir. “Aún quedan [Eduardo] Yong Motta, [Marino Costa] Bauer y [Alejandro] Aguinaga [los tres exministros de la cartera de Salud]. Y queda mucho que el Gobierno actual puede hacer para que el acceso a las mujeres a la salud sea efectivo”, zanja. “Las secuelas físicas y psicológicas son horribles y ninguno de los Gobiernos que vinieron después de Fujimori, de derechas y de izquierdas, han hecho nada”. La sociedad peruana, añade, “todavía se desenvuelve en el manto de racismo y discriminación y las instituciones abonan estos prejuicios”. Sin embargo, dice, el fallo les da esperanza.

El Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación familiar, impulsado por Fujimori entre 1996 y 2001, esterilizó a al menos 300.000 mujeres y 25.000 varones. Aunque es difícil conocer exactamente el número de las intervenciones que no fueron informadas correctamente o fueron simplemente impuestas, la estimación de las académicas ronda el 90%. Este porcentaje de mujeres accedió al quirófano, según la Fiscalía, “bajo presiones, amenazas e incentivos con alimentos, sin que fueran debidamente informadas”. Mogollón, una de las asesoras que recibió los primeros 248 testimonios del caso ante la Fiscalía, recuerda relatos “espantosos”: “A quienes se negaban, las ataban a una cama. Muchas nos han contado que veían a otras mujeres recién operadas sangrando en el piso”. De acuerdo a las estimaciones de Ampaef, al menos unas 60 mujeres han fallecido en estos 25 años por causas vinculadas a la esterilización.

“Hechos generalizados y sistemáticos”

En el fallo, el Comité hizo constar que estos hechos “generalizados y sistemáticos”, constituyen un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Pero el 9 de agosto de 2024, el Estado peruano promulgó una ley que impide la persecución de estos crímenes cometidos antes del 1 de junio de 2002. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha instado al Estado a anular dicha ley, ya que contraviene el derecho internacional, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también emitió una declaración señalando que la norma “contraviene las obligaciones del país en virtud del derecho internacional”.

“El Estado tiene que cumplir sus obligaciones y reconocer las medidas terroristas durante el fujimorismo”, espeta Mogollón. “La justicia que tarda no es justicia. Y llevamos mucho esperando”, concluye por su parte Carvajal.