El nuevo régimen de inversiones argentino mantiene en vilo a los ambientalistas

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El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) aprobado recientemente por el Congreso argentino desató la alerta de organizaciones ambientales del país, que se plantan ante la amenaza de que los beneficios fiscales, aduaneros y monetarios que el ultraderechista Javier Milei otorgará a las multinacionales barra con la protección de recursos naturales y ecosistemas fundamentales para el desarrollo humano. Especialistas temen que las iniciativas híperextractivistas provoquen el desplazamiento de comunidades por la pérdida de soberanía y anticipan una fuerte resistencia social, mientras que el Gobierno se entusiasma con el ingreso de dólares a una economía diezmada.

Basado en un modelo fuertemente extractivista y netamente exportador, el RIGI ocupó un rol protagónico en la discusión de la Ley Bases aprobada en Argentina en junio. La medida pretende atraer inversiones de al menos 200 millones de dólares para compañías que inviertan en proyectos forestales, mineros, hidrocarburíferos, turísticos y energéticos, a cambio de beneficios que no han sido otorgados nunca en la historia argentina, como la reducción del impuesto a las ganancias, la devolución acelerada del IVA, exenciones para importar bienes de capital y, especialmente, la libre disponibilidad de divisas para exportaciones y financiamiento local, un aspecto fundamental en un país atravesado históricamente por la escasez de dólares.

El Gobierno se aferra al RIGI como esperanza para la reactivación de una economía en picada y con casi todos los indicadores en rojo: en medio de la crisis, apela a que habrá un efecto derrame que derivará en una explosión de puestos de trabajo, como ha declarado en conferencia de prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien afirmó que permitirá “triplicar el nivel de las exportaciones” y atraer capitales que no llegan por falta de estabilidad tributaria. “Dará impulso a la economía, a las inversiones y al empleo”, sostuvo.

Además de las ventajas fiscales, el RIGI otorga un beneficio trascendental, que desde el minuto cero ha desatado críticas de ambientalistas: no tiene en cuenta ninguna variable de cuidado y preservación de los recursos naturales, según explicaron tres expertos consultados por América Futura, que ponen el acento además en que no se incluya la participación de las comunidades en las iniciativas y en que se detalla cómo deben diseñarse las inversiones, pero nada sobre la preservación del ambiente. Discutido en apuros por el Parlamento argentino, el régimen al que ahora se deberán adherir las provincias ni siquiera prevé estudios de impacto ambiental, tampoco sanciones por violar normativas ni mención a los pasivos ambientales. Incluso los proyectos podrían seguir en marcha si se comprobara que una empresa contaminó un río, destruyó bosques o glaciares o arrasó los suelos.

“Pareciera que, por debajo de los incentivos económicos, se consagra el derecho a destruir los recursos naturales de modo discrecional y anárquico, cuando tenemos la necesidad de preservarlos”, resumió la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en su web. Uno de los artículos establece que los proyectos adheridos al RIGI tendrán prioridad y no podrán ser afectados por “restricciones regulatorias sobre el suministro, transporte y procesamiento de los insumos destinados a tales exportaciones”. Si el agua es considerada clave para un proyecto, como podría ser la extracción de litio en el norte, la prioridad la tendrá una empresa y no la comunidad que allí resida.

Andrés Nápoli, abogado y presidente de FARN, asegura que el RIGI es un modelo de inversiones para un proyecto de país extractivista “que no dejará valor agregado a la Argentina”. Los ambientalistas ponen el acento en que, además de los devastadores efectos que podrían generar estas inversiones, no habrá tal explosión de la economía ni generación de puestos de trabajo. “La extracción de recursos para exportar sin valor agregado te deja vacío. Las condiciones de estos proyectos no están pensadas para desarrollar al país”, señala. Además, alerta que incluso las órdenes judiciales o leyes que puedan impedir este tipo de iniciativas deberán ser declaradas nulas. Si bien reconoce que otros países tienen regímenes de inversiones, aclara que en ningún caso son así de agresivos ni permanentes.

Argentina, de remate en la mesa de saldos

La avanzada sobre los bienes naturales ha sido una constante del Gobierno de Milei desde su desembarco en diciembre. Siempre buscó derogar leyes que garantizaban la protección a glaciares y bosques, y desde entonces ataca sistemáticamente a los defensores del ambiente, a quienes recientemente ha tachado de “minoría ruidosa”, a la que acusó de estar financiada por millonarios extranjeros. “Vamos a necesitar el compromiso de las provincias para explotar los recursos naturales que Dios nos ha dado. La naturaleza debe servir al ser humano y a su bienestar, no a la inversa”, dijo el ultraderechista el pasado 9 de julio, al firmar el Pacto de Mayo.

El RIGI está direccionado a proyectos petroleros y gasíferos, como Vaca Muerta y otros yacimientos patagónicos, pero también a la minería de litio, cobre y oro en las provincias cordilleranas y del norte, así como empresas forestales que tienen inversiones y especial interés en el monte chaqueño. “Hay un claro interés en profundizar la explotación de los recursos naturales con grandes inversiones en manos de multinacionales que van en detrimento de las posibilidades de poner límites al extractivismo”, enfatiza María Laura Isla Raffaele, docente de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), quien afirma que está en riesgo la soberanía. “Se quiere utilizar a los recursos de forma productiva y económica, sin pensar en qué sociedades se proyectan y sin tener en cuenta la opinión de quienes habitan los territorios”, plantea.

Diego Morales, director de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), pone el acento en que ningún país ha otorgado ventajas de estas características para asegurar las ganancias de los capitales extranjeros, y reflexiona sobre el riesgo que representará la avanzada de grandes inversiones para comunidades indígenas y campesinas, que podrían ser desplazadas, algo que no ha ocurrido con frecuencia en la Argentina. “Enfrentan un riesgo muy alto, serán muy presionadas para aceptar proyectos. Muchas veces son estigmatizadas, señaladas como actores que ponen freno al desarrollo y la llegada de recursos que sostienen políticas sociales”, señala. Y aclara: “Puede ser que el RIGI traiga algunas ventajas. Lo importante es definir cuáles y analizar cómo se incorporan a las formas de vida de cada comunidad que pueda verse afectada”.

Una vez que las provincias se adhieran al régimen, las empresas tendrán dos años para incorporarse a los beneficios. Luego de presentados los proyectos, deberán autorizarlos o rechazarlos en apenas 45 días, por lo cual surgen grandes dudas: ¿Es un plazo suficiente para analizar el impacto socioambiental y los eventuales riesgos irreparables de cara al futuro? “Al haber solo dos años, las compañías se van a apresurar, no habrá tiempo para diseñar proyectos que involucren el diálogo con las comunidades o estudios serios. ¿Qué pasará si una comunidad se opone? ¿Será cuestión de fuerza mayor?”, se pregunta Morales.

En guerra con el ambiente

Nápoli lamenta que el Gobierno de Milei le haya declarado “la guerra al ambiente” y asegura que es preocupante la regresión a la que podría quedar sometida la Argentina, aunque se entusiasma en la organización y la resistencia de las propias poblaciones afectadas. “Hay mayor conciencia. Argentina es un país que no se queda en su casa. Se organiza y resiste, habrá que ver caso a caso”, asegura el presidente de FARN. Isla Raffaele coincide y apela a que las movilizaciones y las presentaciones judiciales serán fundamentales. “Habrá que crear lazos para compartir las luchas y no atomizarse”, propone.

Para Morales, es preocupante que el Estado nacional se corra de su rol protector del ambiente, tal como establece la Constitución. Si eso ocurriera, Argentina podría ir a contramano de compromisos regionales, como el Acuerdo de Escazú, que prevé obligaciones para los Gobiernos en materia ambiental; o globales, como la propia Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, a la que suscribió el país casi una década atrás, y que el presidente y sus principales colaboradores denuestan casi a diario. Además de las luchas sociales, Morales apela al rol de la Justicia: “Habrá que diseñar estrategias. Parece que el interés público para el Estado argentino ahora es el RIGI. Deberemos articular más para generar una oposición. El RIGI habilita un escenario de gran incertidumbre”.