“São Paulo no está en venta”: la polémica reforma del plan que regula el suelo en la mayor ciudad de Brasil

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El Plan Director Estratégico (PDE) es la ley urbanística más importante de São Paulo. Regula el uso del suelo y determina dónde y cómo se va a transformar o conservar la ciudad más poblada del país, con 12 millones de habitantes. Su objetivo es dirigir las acciones de los productores de espacio urbano para mejorar la calidad de vida en la capital económica de Brasil, que ha crecido de manera caótica y desigual desde su fundación en 1554.

El primer plan urbanístico general de São Paulo es de 1971 y se desarrolló sin apenas participación popular, en el periodo más duro de la dictadura militar. Desde la Constitución de 1988 se han redactado varios textos antes del Plan Director vigente, aprobado en 2014 durante el Gobierno de Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT), y que durará hasta 2029. Está prevista una revisión intermedia y es ahora, durante el mandato del alcalde Ricardo Nunes, Movimento Democrático Brasileiro (MDB), cuando se ha propuesto el texto sustitutivo que ha desatado una batalla con numerosas protestas, debates públicos y opiniones de arquitectos urbanistas, políticos y periodistas en los principales medios de comunicación del país. “São Paulo no está en venta” es el lema de quienes luchan contra la revisión, aprobada el 26 de junio y que, según movimientos populares de defensa de la vivienda, asociaciones de vecinos y urbanistas es “El Plan Director de la especulación”, que favorece a las constructoras y a la especulación inmobiliaria.

“El pueblo unido jamás será vencido”, corea una muchedumbre a las puertas del Palacio Anchieta, la Cámara Municipal de São Paulo, en el centro de la ciudad. Son las diez de la mañana del lunes 26 de junio y la fachada de vidrio del edificio racionalista de 13 pisos refleja un cielo azul impoluto. Hace meses que aquí se debate la revisión del Plan Director y a las nueve ha empezado la última audiencia pública antes de la votación del texto definitivo, que será por la tarde. Los 150 asientos del auditorio exterior están ocupados por ciudadanos que siguen desde una pantalla la audiencia que se celebra en el Salón Noble del Legislativo paulistano. Arriba, la sala está abarrotada. Es la última oportunidad para pedir que se atrase la votación. “¡Aplázenlo!”, claman los asistentes, sentados bajo las lámparas enormes que cuelgan del techo. “¿Por qué tanta prisa?”, se lee en un cartel que sostiene una señora de unos 60 años. Un joven levanta una pancarta con la foto de quienes “quieren vender São Paulo”. Son los 42 concejales que dieron luz verde en la primera votación, en la que hubo 12 votos en contra y una abstención. Desde entonces, se han celebrado varias protestas. A las once acaba la última audiencia pública y los concejales bajan a la segunda planta, donde está el Pleno. Durante ocho horas, los 55 concejales participarán de la sesión para decidir el futuro de la ciudad.

Uno de los puntos que genera más controversia es la expansión de las zonas de edificios altos. El área donde se podrán construir torres aumentará de 300 a 400 metros alrededor de los carriles de autobús, y de 600 a 700 metros de radio desde las estaciones de metro y tren. Y el texto tiene letra pequeña: la distancia es ampliable si alcanza una manzana a medias. “Eso significa que pueden construir torres en radios de hasta un kilómetro desde las estaciones de metro. Hacen truquitos para conseguir abarcar más”, se queja la concejala Silvia Ferraro del Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), de izquierdas.

El texto de 2014 prevé una mayor verticalización cerca de las estaciones de metro y corredores de autobús, en los llamados Ejes de Estructuración y Transformación Urbana (EETU). El objetivo es concentrar la ciudad y favorecer el acceso a vivienda bien localizada y a transporte público a más personas para evitar el uso de vehículo privado, que congestiona y contamina la megalópolis, pero en la práctica no siempre es así. Los edificios esbeltos que crecen como setas son condominios de lujo, con varias plazas de garaje privado y a precios inalcanzables para la mayoría.

“Está bien la idea de traer al centro a la población de la periferia para que esté más cerca del trabajo, pero los apartamentos que están construyendo en los ejes céntricos son muy caros”, explica Bia Nowicki, profesora de historia de 29 años que vive en Grajaú, en el extremo sur de la ciudad y que se ha acercado a ver la votación en la Cámara Municipal. Hace siete años que forma parte del MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto, uno de los movimientos sociales más activos en la defensa del derecho a la vivienda. Sigue la votación junto a Débora Lima, la lideresa del movimiento en São Paulo. “Después de mucha lucha, hemos conseguido algunos avances respecto a la versión propuesta en la primera votación, pero el texto no se ha redactado con la participación y el debate que esperábamos”, dice.

Mónica es una abogada de 42 años que ha asistido a varias audiencias públicas sobre el Plan Director, pero nunca ha conseguido hablar. “Mucha gente quiere participar, pero poca lo consigue. Los concejales hablan mucho y escuchan poco”, piensa. Mientras, bajo el gran crucifijo que preside la sala, Fernando Holiday, del partido conservador Republicanos, lee el nuevo texto rápida y monótonamente en lo que parece una mera formalidad porque nadie parece entender ni atender a lo que dice. Tras acabar cada sección del escrito farragoso, una sarta de síes aplastante lo aprueba. Hacia las 19:30 de la tarde, tras ocho horas de sesión, la revisión del Plan Director sale adelante, con 44 votos a favor y 11 en contra.

“Dudo que haya más de diez concejales que hayan leído el texto y mucho menos que lo hayan entendido. Es enorme y está escrito con un lenguaje complicado, cifrado, lleno de detallitos, lo que dificulta debatir el contenido con la sociedad y en la propia cámara. Muchos votos dependen más de intercambios e intereses partidarios”, explica la conocida arquitecta y urbanista Raquel Rolnik en entrevista con América Futura. Para ella, el lenguaje de los planes urbanísticos está históricamente hecho por y para el sector inmobiliario y no es accesible al resto de la población.

“Un antiplan que entrega la ciudad a las constructoras”

Rolnik cree que el texto de es tan absurdo que tiene algo positivo: “La polémica que ha generado lo ha acercado a la ciudadanía porque antes nadie se preocupaba por el tema”, dice. Estas semanas la profesora de la Universidad de São Paulo (USP) participa en numerosos debates, protestas y actos relacionados con la aprobación del Plan Director, que le parece un “antiplan” que entrega la ciudad a las constructoras, según cree, siguiendo el discurso neoliberal de acabar con el control estatal de los bienes públicos. “Se puede criticar el plan de 2014, pero es un plan; tiene un objetivo, una estrategia y varios instrumentos en esa dirección. Es una propuesta. Esto no tiene propuesta, la propuesta es que se permite todo”, concluye.

Rolnik considera que es muy importante revisar el texto de 2014 porque algunos de sus objetivos no se están alcanzando. “Al aplicar la ley, se produjo un enorme boom inmobiliario cerca de los ejes de transporte colectivo, especialmente en los mejor localizados, pero los productos ofertados allí no corresponden a las expectativas del plan”, explica. Otro de los ejemplos que cita es la falsa vivienda de protección oficial, que tiene muchos incentivos, como ventajas fiscales o aumento de potencial constructivo. “Algunos de los proyectos que presentan como vivienda social no lo son, son apartamentos minúsculos destinados a Airbnb o apartamentos de clase media con dos o tres plazas de garaje”.

La urbanista también cree que hay que revisar lo que está sucediendo en algunas zonas. “Al implantar un mismo modelo de ciudad, se destruyen barrios enteros; sus características especiales y su paisaje. Se deberían hacer estudios para evitar esa homogeneidad que no tiene en cuenta la topografía, el paisaje, el drenaje, la historia o la memoria. El Plan de 2014 necesita revisión, pero la del sustitutivo aprobado no lo corrige, lo empeora”, zanja Rolnik.

En defensa del barrio

Pinheiros es uno de esos barrios de clase media, bien localizados y conectados, que cambian a toda velocidad. Pasear por el Eje de la Avenida Rebouças es como estar dentro de una obra. El polvo, el ruido, las grúas y las interminables vallas de obra acompañan muchas de las aceras. En los solares donde antes había edificios bajos, ahora crecen torres corporativas o viviendas de lujo, con carteles que prometen estilos de vida diferenciados y únicos en condominios privados con todo tipo de facilidades: gimnasio, piscina, bares, salones de belleza, coworking y comercio, sin salir de casa.

“Durante la pandemia nos dimos cuenta de que estaban derruyendo manzanas enteras de nuestro barrio y creamos el grupo vecinal Pro-Pinheiros para protestar”, cuenta Rosanne Brancatelli, productora audiovisual de 60 años, coordinadora y activista de la plataforma. Enseña indignada las zonas verdes minúsculas que aportan a la ciudad las torres inmensas. “Son ridículas en comparación con la mole que tienen al lado. Construyen jardines en altura, pero no sirven de nada para el drenaje de la zona. Por aquí pasan muchos arroyos”, denuncia la activista, que resiste en su barrio y continuará luchando para protegerlo.

Pero la descaracterización de la zona ha empujado a Lara Rojas a mudarse. Vive hace 27 años en un edificio de tres plantas a pocos metros de la Avenida Rebouças. “La familia de mi marido vive aquí desde los años cincuenta. Cuando construyeron las primeras torres se desniveló la parcela y se fisuraron las paredes, después vinieron muchas más hasta que ha cambiado todo. Hay más tráfico y ruido de las obras día y noche”, cuenta a las puertas de la casa que van a dejar. El edificio tiene un acuerdo de preventa con una constructora que planea derruirlo.

“No podemos hacer una transformación importante en la ciudad sin ningún inconveniente. Es muy difícil acercar a las personas a vivir donde hay infraestructura sin molestar a nadie”, explica Claudio Bernardes en una llamada telefónica. El ingeniero civil es columnista del diario Folha de São Paulo y vicepresidente de Secovi-SP, el sindicato que congrega todas las actividades inmobiliarias de São Paulo, y que define como el mayor de América Latina.

“São Paulo tiene una zona central bien equipada, el centro ampliado, donde se concentra el 90% de la infraestructura de la ciudad en un área de 270 kilómetros cuadrados″, recuerda Bernardes. “Sólo el 26% de la población vive en esa zona. El resto dedica unas tres o cuatro horas al día a desplazarse en transporte público. Quienes viven en el centro no quieren que vaya más gente porque prefieren defender su tranquilidad. Pero hay que solucionar la habitabilidad y movilidad de esta ciudad, porque es muy compleja aunque haya daños colaterales”, sostiene.

Le parece que el Plan Director de 2014 está bien en general y que, con esta revisión, se ajustarán algunas cosas que no funcionan. “El foco principal es concentrar la ciudad alrededor de los Ejes de transporte y eso es muy positivo. Para atraer a las personas de bajo nivel adquisitivo al centro, hay que aumentar la oferta de terreno con mayor potencial constructivo y crear incentivos para vivienda social”, dice. Y recuerda el Mapa de Desigualdad de la Ciudad de São Paulo, publicado en 2022 por el Instituto Cidades Sustentáveis y Rede Nossa São Paulo que demuestra que las personas que viven en la zona central de la ciudad tienen una expectativa de vida 11 años mayor que las que viven en la periferia.

Al preguntarle por las críticas que hacen especialistas como Raquel Rolnik al plan aprobado, el vicepresidente de Secovi responde: “Desgraciadamente, en São Paulo hay urbanistas que tienen un sesgo ideológico fuerte y que siempre van a estar en contra del mercado inmobiliario y la iniciativa privada”. Además, Bernardes no coincide con la falta de vivienda social en el texto sustitutivo que denuncian los críticos: “En el texto hay incentivos para producir vivienda de interés social, desde la iniciativa privada, porque el poder público tiene una eficiencia bajísima”, sostiene.

Pero los concejales del PSOL han adelantado que impugnarán el plan aprobado. “Es un proyecto de Secovi y de la especulación inmobiliaria. En São Paulo viven 50.000 personas en la calle y el alcalde quiere permitir más apartamentos de lujo, dando la espalda a quienes más lo necesitan”, declaraba Juliano Medeiros, presidente nacional del PSOL, durante la votación en la cámara.

“No atiende a los grandes problemas de la ciudad de São Paulo”, añadía poco después la concejala Luna Zarattini a la prensa. El suyo es uno de los tres votos en contra del PT, que está dividido, con otros cinco votos a favor. “Esperamos que sea sancionado íntegramente y que salga adelante”, defendía el concejal Rubinho Nunes, presidente de la Comisión de Política Urbana de la Cámara de São Paulo y del partido conservador União Brasil. Aprobada la revisión del Plan Director falta que el alcalde, Ricardo Nunes, lo sancione. A partir de entonces y hasta 2029 se verá si cumple su objetivo principal y mejora el día a día de la mayoría de los habitantes de São Paulo.