Cuatro niños más murieron en otro bombardeo de las Fuerzas Militares colombianas el pasado octubre
El ataque en Amazonas ocurrió un mes antes del bombardeo en Guaviare, dos operaciones con niños muertos que presionan al Gobierno a explicar sus decisiones militares
Las Fuerzas Militares de Colombia ejecutaron otro bombardeo contra supuestas estructuras de la disidencia de Iván Mordisco en el departamento del Amazonas el pasado 1 de octubre. Aunque la inteligencia militar aseguró entonces que abrieron fuego porque identificaron la presencia Mordisco, luego reportaron que el comandante del grupo ilegal escapó. En su lugar, informaron que cuatro personas fueron capturadas y cuatro más fueron “abatidas”. Sin embargo, los reportes posteriores de una fundación que acompaña jurídicamente a las familias de los muertos indican que todos eran menores de edad. Además, uno de los menores que quedó herido en el operativo es Luis Carlos Abarca Vilches, de 10 años.
La Fundación Benéfica y Jurídica para la Paz ha acompañado a las familias de los menores bombardeados en la zona conocida como Tres Islas, entre los municipios de Puerto Santander y Mirití Paraná. “Las evidencias recabadas y los testimonios de la comunidad indican que las operaciones no ocurrieron donde se informó oficialmente, y que entre las víctimas hay menores de edad civiles”, dice un comunicado de la fundación. En su momento, cuando el Ministerio de Defensa dio el parte exitoso de la operación, le aseguraron al diario El Tiempo que “estuvo enmarcada bajo los principios del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos”.
La primera denuncia pública de la fundación sobre el asesinato de menores de edad, protegidos constitucionalmente, llegó 10 días después, el 11 de octubre. Uno de los primeros nombres que se conocieron fueron el de Javier Alcides Abarca Vilches, de 15 años. Su hermano menor, Luis Carlos Abarca Vilches de 10 años, quedó herido y sobrevivió el ataque. En los documentos de la organización también figura Vanessa Martínez Caicedo, de 12 años; Endy Taminuca Leutama, también de 12 años, y Ronald Stiven Macuna Taninuca, de 15 años.
Según indicó una fuente militar a El Tiempo en su momento, “dentro de los hombres abatidos están integrantes del anillo de seguridad de Iván Mordisco”. Es decir, el presunto anillo de seguridad eran unos niños entre los 10 y 15 años. Los nombres o alias no fueron publicados por el Ministerio de Defensa como ocurre usualmente. Ante la presión mediática por las posibles infricciones al Derechos Internacional Humanitario, que indica que con la presencia de niños y adolescentes no se puede abrir fuego en medio de una guerra, el presidente Gustavo Petro publicó un trino a través de su cuenta de X en el que reconoce que los menores habían sido víctimas de reclutamiento forzado. “Todos ellos víctimas de reclutamiento forzado por parte de los criminales que los han llevado a las hostilidades y a quitarles la protección en las mismas”.
Las denuncias por este bombardeo, que no tuvieron mayor eco mediático en su momento, ocurrieron un mes antes un operativo más reciente. El 10 de noviembre de 2025, las Fuerzas Militares, bajo una orden directa del presidente, ejecutaron un bombardeo en el municipio de Calamar, Guaviare, contra otro campamento vinculado a las disidencias de las FARC comandado por Iván Mordisco. Según el Ministerio de Defensa, la acción también fue ejecutada con respeto al DIH, aunque reconoció que había menores entre los muertos. En total, murieron 19 personas, entre las que había siete menores de edad, según revelaron Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo.
EL PAÍS reveló las identidades, previa autorización de sus familias, de cinco de los siete menores alcanzados en el bombardeo: Dani Santiago Leyton Cuéllar (15 años), nacido en el municipio de Fortul (Arauca). Deini Lorena Beltrán Mendoza (16 años), nacida en Tibú, Norte de Santander. Maicol Andrés Pérez Ávila (16 años), oriundo de Miraflores (Guaviare) y Martha Elena Abarca Vilches (17 años), de Puerto Leguízamo, Putumayo.
Los dos operativos, separados por apenas un mes y con menores identificados entre las víctimas en ambos casos, han vuelto a poner en el centro la principal obligación del Estado en escenarios de guerra: garantizar que ninguna acción armada se realice en zonas donde hay presencia de niños y adolescentes. Con un Gobierno que ha defendido no violar los derechos humanos, las contradicciones políticas del Gobierno serán expuestas en el legislativo esta semana, donde ya se ha propuesto que haya una primera moción de censura contra el ministro de Defensa Pedro Sánchez.