Petro insiste en su reforma a la salud como la gran apuesta legislativa del último año de Gobierno

El presidente Gustavo Petro gastará el oxígeno que le queda en el Congreso de la República para buscar la aprobación de su reforma a la salud durante los últimos 10 meses de su Gobierno. Pese a las críticas de sectores políticos, empresariales, académicos y de la sociedad civil, el mandatario de izquierdas hará lo posible para que el Senado le dé por fin el visto bueno al proyecto de ley que quiere transformar de raíz el sistema sanitario de Colombia. Hace un año y medio, la Comisión Séptima hundió la primera versión de la reforma y le propinó al presidente una de sus peores derrotas legislativas. Ahora, el Gobierno en pleno, liderado por los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, está buscando acuerdos y presionando para que el proyecto se vuelva a discutir tras durar varios meses estancado. Está previsto que el martes de esta semana la misma comisión inicie el debate, que parece en todo caso difícil para el oficialismo. Por eso, ya prevé utilizar la misma estrategia con la que salvó su reforma laboral luego de que esa célula la negara.

En una alocución reciente, Petro arremetió contra los senadores: “Durante dos años han tenido el proyecto y ahora quieren volver a hundirlo”, dijo, visiblemente molesto. “¿O acaso quieren mantener un Frankenstein de empresarios corruptos, que han contribuido a un cartel de contratación cuyos responsables están en manos de la justicia y que cuentan con el respaldo de políticos y senadores de la República?”. Sus amenazas continuaron, en concreto contra quienes deben decidir el futuro de su proyecto bandera: “Señores de la Comisión Séptima, pueden decidir, pero mientras ustedes deciden, las EPS seguirán quebrándose, no las voy a salvar, porque quiero salvar la salud de la gente. Me dedicaré a que cada vez mueran menos niños, menos mujeres y menos adultos que sí podían ser tratados”.

El proyecto del Gobierno propone eliminar el sistema creado en 1993, en el que la población se afilia a unas Entidades Promotoras de Salud (EPS), públicas o privadas, que sirven como sus aseguradoras y eligen con qué clínicas, farmacéuticas o laboratorios contratan los servicios para los ciudadanos. Todo ello se financia con dineros públicos, que vienen tanto de los impuestos como de aportes de los trabajadores. El presidente propone que las EPS se transformen en gestoras de salud, y se limiten a auditar los cobros de los prestadores al Estado. Para eso, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) pagaría directamente a las clínicas y hospitales. Otros puntos importantes de la reforma son la creación de los Centros de Atención Primaria en Salud a los que estarán afiliados los colombianos, la puesta en marcha de las redes integradas e integrales de servicio y la formulación del sistema de información público unificado e interoperable.

La insistencia del presidente en la reforma se da en medio de una profunda crisis financiera que está afectando a clínicas y hospitales y amenaza con quebrar a todo el sistema. El debate, además, resurge cuando la opinión pública discute casos de malos manejos de dineros en las principales EPS del país. Esta Semana, la Fiscalía reveló que tiene fuertes indicios de corrupción en los balances financieros de la Nueva EPS, la más grande del país, con 11 millones de afiliados.

Para que la comisión apruebe el proyecto, el Gobierno necesita sumar los votos de al menos dos senadoras independientes. Tiene asegurado el apoyo de Wilson Arias, Martha Peralta, Ferney Silva, de la coalición petrista Pacto Histórico; de Fabián Díaz, de la Alianza Verde; y de Ómar de Jesús Restrepo, de Comunes. En contra están las conservadoras Nadia Blel y Esperanza Andrade; el liberal y presidente de la comisión, Miguel Ángel Pinto; de Honorio Henríquez y Alirio Barrera, del Centro Democrático; y de Berenice Bedoya de ASI. Quienes definirán la balanza son las senadoras Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres; Ana Paola Agudelo, del MIRA; y Norma Hurtado, del partido de la U. Las tres presentaron esta semana una ponencia alternativa, que propone una reforma diferente y podría ser un punto intermedio.

Sin embargo, Petro y sus ministros se opusieron explícitamente a apoyar esa posibilidad. El presidente dijo que la ponencia “no servía” y estaba diseñada para favorecer los intereses de las empresas privadas. Jaramillo insistió en un comunicado de prensa en que la propuesta de las tres senadoras implicaría “la entrega de más de $60 billones de los impuestos de los colombianos a las EPS durante los próximos cinco años”. El encargado de la cartera de Salud cuestionó que se le entregara el manejo del dinero a las EPS “pese a que los informes oficiales recientes han demostrado la creciente insolvencia financiera, la ineficiencia en la gestión del gasto y la enorme deuda con los hospitales, clínicas y proveedores”.

De hecho, el oficialismo teme que la propuesta sea más un pretexto para prolongar la discusión cuando el tiempo es un factor clave. Aunque el Congreso debe sesionar hasta el 16 de diciembre, y de nuevo entre febrero y junio, las elecciones legislativas de marzo y las presidenciales de mayo históricamente han llevado a que ese semestre sea perdido para los debates legislativos. Si el Gobierno logra conseguir los votos necesarios para que su ponencia siga adelante, deberá ser aprobada definitivamente en el último de los cuatro debates, en la plenaria del Senado, antes de junio de 2026. Si por el contrario los senadores de la oposición consiguen las mayorías y hunden la reforma, el presidente podría volver a convocar a las calles, como hizo cuando le archivaron la reforma laboral, y sus aliados en el Congreso apelarían la decisión, lo que llevaría el proyecto a otra comisión, una menos reacia al presidente. Así fue como revivió la reforma laboral, en un camino que la oposición busca evitar. En ningún caso, Petro parece estar dispuesto a renunciar a una de sus principales promesas de campaña.