El Clan del Golfo negocia la paz mientras combate con el ELN por uno de los mayores enclaves de coca y oro en Colombia

La orden perentoria lo agarró fuera de casa. Cuando regresó, su familia y la mayoría de sus vecinos ya habían huido. Se apresuró a empacar dos mudas de ropa en el primer bolso que encontró y, antes de arrancar en su motocicleta, amarró un trapo blanco de una vara larga: “Era una bandera en señal de paz, para evitar algún ataque en las tres horas de camino”, dice el líder social que pide la protección de su identidad. Aceleró por la trocha por la que salen las cosechas de cacao y el oro de las minas. Más adelante, en la vía que lleva al casco urbano de Arenal, al sur del departamento de Bolívar, alcanzó la caravana: 500 familias huían de la guerra entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla activa más antigua del mundo, y el Clan del Golfo, el grupo armado más poderoso de Colombia y que esta semana cerró su primera ronda de diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro.

El destierro completa 19 días. Es la consecuencia más reciente de una disputa que suma tres años, pero ha recrudecido. Lejos de lo que ocurre en la turística Cartagena de Indias, la capital de Bolívar, ubicada unos 250 kilómetros al norte, el sur de este departamento es un botín que se pelean las estructuras ilegales. El incentivo para controlarlo no es menor: según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, es la cuarta región de Colombia con mayor producción de coca (tenía 37.524 hectáreas sembradas en 2023) y la tercera con más minería de oro a cielo abierto. El 75% de esas explotaciones no tienen permisos técnicos ni ambientales y, según estimaciones de las Fuerzas Militares, producen más de cuatro toneladas de oro al año, que pueden costar unos 420 millones de dólares (1,64 billones de pesos).

Además, su ubicación es privilegiada. A caballo sobre la serranía de San Lucas, una de las estribaciones más al norte de los Andes, y a orillas del Magdalena, el principal río del país, los 16 municipios de la región forman parte de un corredor que conecta la frontera con Venezuela, en el Catatumbo, con los puertos sobre el Mar Caribe y Panamá, claves para el narcotráfico y otras economías ilegales.

“Llevábamos varias semanas escuchando los combates. Tratamos de resistir, pero cuando nos dicen ‘o desocupa o no responden por nadie’, no queda de otra que abandonar el territorio. Fue una decisión de la comunidad entera”, agrega el líder social en una llamada que recibe desde un albergue improvisado en el coliseo de Arenal.

Con o sin proceso de paz, la expansión se mantendrá

El Clan del Golfo —autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia— es la organización ilegal con mayor capacidad militar, económica y expansiva del país: tiene cerca de 10.000 integrantes, agrupados en seis bloques y 40 frentes, con incidencia en más de 300 de los 1.123 municipios. El 8 de agosto, luego de tres años de intentos fallidos, el presidente Gustavo Petro oficializó la reapertura de una negociación de paz con ese grupo, esta vez en Catar. Pero la noticia no significa que el grupo detenga su ofensiva.

Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), explica que arremetida en el sur de Bolívar hace parte de un plan de expansión que se empezó a evidenciar con fuerza a finales de 2022, pero que también se relaciona con los diálogos en ciernes: “Hay dos alas en el Clan del Golfo, una liderada por alias Chiquito Malo y otra por alias Gonzalito. Esta última, la que opera en la región, tendría más dudas frente a la negociación y mantiene su expansión como una forma de llegar muy fuerte a una mesa”. Con él coincide Elizabeth Dickinson, analista del International Crisis Group. “La prioridad del Clan es mantenerse fuerte porque, llegue o no a un acuerdo, garantiza más margen de negociación y a la vez, el dominio de un territorio crucial para su financiación y movilidad”.

El Clan se ha estrellado con el ELN, una guerrilla que llegó al sur de Bolívar hace más de 40 años y, aprovechando la ausencia estatal, forjó una retaguardia que hoy defiende en una disputa en aumento: desde junio se ha documentado una intensificación de los combates. Entre julio y agosto pasado, más de 7.000 habitantes de pequeños poblados rurales de los municipios de Santa Rosa y Montecristo estuvieron confinados 20 días por cuenta de un paro armado ordenado por el frente guerrillero Darío Ramírez. Fue una respuesta del ELN ante la nueva arremetida del Clan, similar a la que ha usado en el departamento del Chocó, otro de los frentes de batalla de ambos grupos.

“Los campesinos andan con zozobra por los combates, por las minas antipersonal y los señalamientos. Todos los grupos quieren cooptar a los líderes y a las autoridades. Determinan las reglas en las veredas, reclutan a los jóvenes, ponen multas, amenazas y asesinan a quienes no cumplen”, dice una persona que hace labores humanitarias en el corregimiento de la Marizosa, uno de los lugares más afectados por los enfrentamientos recientes. “Ya ni siquiera se puede denunciar porque revisan los celulares para ver si alguien compartió videos o mensajes de lo que se vive. El grito de las comunidades es que las dejen fuera de ese conflicto”.

Solo entre el 15 de junio y el 7 de agosto, cuando se levantó el paro armado, el Instituto Internacional de Estudios del Caribe registró, en siete municipios del sur de Bolívar, 29 homicidios, 22 combates, cuatro secuestros, dos accidentes con minas antipersonal y cuatro ataques con drones. El uso de estos aparatos, que apenas empieza a documentarse en este territorio, es la nueva preocupación de las autoridades: el martes 9 de septiembre, dos soldados murieron y cuatro resultaron heridos en Santa Rosa, tras un atentado con explosivos enviados desde un dron. “Yo nunca había visto una situación de esta gravedad en el sur de Bolívar. En medio de esa guerra, el Estado dejó a las comunidades a la deriva”, dice Amaranto Daniels, director del instituto, quien suma más de 30 años de trabajo de campo en la zona.

La guerra no se limita al ELN y el Clan del Golfo. Con menor intensidad, participan las disidencias de las extintas FARC conocidas como Frente 37, que se presentan como parte del grupo comandado por Calarcá Córdoba y que hace un mes semanas fueron señaladas de asesinar a 13 policías tras derribar un helicóptero en Amalfi, Antioquia, a menos de 150 kilómetros de Santa Rosa. Justamente, una de las razones por las que se teme un recrudecimiento es la supuesta ruptura del acuerdo que hicieron en 2023 esa disidencia y el ELN, para enfrentar juntos el avance del Clan del Golfo. “Este año varias unidades de las disidencias se movilizaron al Catatumbo para apoyar al Frente 33 a enfrentar la arremetida del ELN. Cuando empezaron a volver, hubo tensiones y señalamientos. El miedo es que los tres grupos reciban refuerzos y combatan con más vigor”, dice un investigador de una universidad que, al igual que los pobladores, pide mantener su nombre en reserva.

Mientras la zozobra de la guerra crece en esta región, esta semana, desde Doha (Catar), las delegaciones de paz publicaron una declaración en la que el Clan, ya reconocido por oficialmente por el Ejecutivo como un Grupo Armado Organizado llamado Ejército Gaitanista de Colombia, se compromete a establecer un plan piloto de sustitución de cultivos de coca y respetar el Derecho Internacional Humanitario entre otras. Lo que ocurre en el Sur de Bolívar pone en entredicho esos compromisos.