El impacto en el ahorro: la duda abierta de la reforma pensional

El Gobierno de Gustavo Petro radicó este miércoles ante el Senado de la República su propuesta de reforma pensional, la tercera del paquete de reformas sociales que espera le sean aprobadas este semestre, junto con la de salud y la laboral. El objetivo es aumentar los aportes al régimen público de pensiones para l...

El Gobierno de Gustavo Petro radicó este miércoles ante el Senado de la República su propuesta de reforma pensional, la tercera del paquete de reformas sociales que espera le sean aprobadas este semestre, junto con la de salud y la laboral. El objetivo es aumentar los aportes al régimen público de pensiones para liberar los recursos del Estado que hoy se destinan a cubrir el déficit del sistema y, con ellos, otorgarle una renta básica de jubilación de 233.800 pesos mensuales (alrededor de 48 dólares) a 2,5 millones de adultos mayores que no cuentan con protección económica.

“La reforma pensional tiene un objetivo social: que paulatinamente toda persona mayor que cumpla sus tiempos de trabajo y su edad tenga una pensión. Adicionalmente, reconociendo que seis de cada 10 adultos mayores que hoy no tienen ningún tipo de pensión en Colombia puedan tener acceso a un ingreso mínimo que permita dignidad en su vida”, destacó el presidente Petro en el acto de radicación del proyecto. Los requisitos actuales de edad (57 años para las mujeres y 62 años para los hombres) y de tiempo de cotización (1.300 semanas en el régimen público o de prima media) se mantienen.

El subsidio para quienes no cuentan con un ingreso mensual de jubilación, sin embargo, dependerá de uno de los puntos más sensibles en la discusión en el Congreso. La propuesta plantea que los primeros tres salarios mínimos mensuales se deberán cotizar en el régimen público; más del 80% de los asalariados en Colombia no supera ese tope. Solo los ingresos por encima de eso, es decir, más de 3.480.000 pesos (unos 725 dólares), podrán ahorrar el resto en cuentas individuales en los fondos privados para acceder a una mayor pensión.

En la actualidad, los empleados pueden escoger libremente entre los dos modelos, un esquema que se mantiene para las personas con más de 1.000 semanas cotizadas, como un régimen de transición. De los 25 millones de cotizantes, más de 18 millones están en los privados. Con la reforma, la balanza se inclinará a favor del régimen público.

Asofondos, el gremio de las administradoras de fondos privados, advierte que este cambio tendrá un impacto negativo en el ahorro porque la mayor parte de los aportes no estaría en cuentas individuales, sino que se iría a la bolsa común con la que se financian todas las pensiones del régimen público. “El umbral de tres salarios mínimos es excesivamente alto porque el 88% de las personas cotiza sobre una base inferior a tres salarios mínimos. El principio del sistema de pilares es que la mayoría de personas cotice a varios pilares”, señala Daniel Wills, vicepresidente técnico de la agremiación.

De los 45 billones de pesos al año que aportan los colombianos al sistema de pensiones, alrededor de 30 billones van a los fondos privados y los 15 billones restantes a Colpensiones. Con la reforma, cerca de 36 billones de pesos entrarían anualmente a Colpensiones y solo nueve billones a los fondos privados, según cálculos preliminares de expertos. Esto no solo implica que Colpensiones administrará más recursos (aunque, por la transición, los aportes que ya están en cuentas de ahorro individual seguirán en los fondos privados hasta que se otorgue la pensión), sino que asumirá un pasivo pensional más grande, pues en el futuro tendrá que pagar todas las pensiones por hasta tres salarios mínimos.

Oscar Becerra, profesor asociado de Economía de la Universidad de Los Andes, explica que, en la práctica, el umbral propuesto supondrá que la mayoría de las personas dependan exclusivamente de una mesada en Colpensiones. “En Colpensiones, la mayor parte de las pensiones reciben un subsidio por parte del Estado ya que, en promedio, las contribuciones son menores que los beneficios pagados. En consecuencia, el gasto público en pensiones tenderá a aumentar y repercutirá negativamente en las generaciones futuras”, precisa.

El centro de estudios Fedesarrollo sugiere un umbral de 1,5 salarios, la mitad de lo que propone la reforma. “Es el umbral que tiene el menor impacto en términos de aumento de la deuda pensional en cabeza del Gobierno nacional”, señala Luis Fernando Mejía, su director.

El presidente Petro reconoce que buena parte de la discusión se centrará en la línea que trazará el aporte obligatorio a Colpensiones. “Dependiendo de eso va a ser el volumen de personas que se puede ayudar. Si lo bajas ―claro, los fondos privados tendrían unos años más de ganancias―, reduces el número de personas adultos mayores hombres y mujeres sin pensión que puedan recibir un bono pensional. Yo apostaría por la vieja y por el viejo porque es una forma de construir paz en Colombia”, expresó.

La otra incógnita es qué tan sostenible sería el nuevo modelo, como quiera que cada vez hay más personas mayores que jóvenes cotizantes. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), en 2015 las personas de 60 o más años conformaban el 9% del total de población. En 2022 ya eran el 14,4% y en 2035 proyecta que serán el 19%. En contraste, la tasa de natalidad ha bajado de 14,3 nacimientos por cada 1.000 habitantes en 2015 a 12,1 en 2021. En resumen, cada vez hay más personas en edad de jubilación y menos que aporten.

El presidente Petro afirma que en Estados Unidos, Francia o Alemania los sistemas de pensiones permanecen a pesar de un envejecimiento de su población porque hay alta productividad. “Este proyecto de ley puede garantizar el derecho universal a la pensión si Colombia puede transitar hacia una economía productiva”, dijo el mandatario durante la radicación del proyecto. Por eso, el futuro del sistema pensional depende también de que otra reforma clave, la laboral, ayude reducir el desempleo de más del 13% y la informalidad laboral que es cercana al 60%, una de las más altas de América Latina y del mundo.

El otro argumento del Gobierno para calmar las preocupaciones es que se creará un fondo estatal para el ahorro que evitará que todos los recursos que lleguen al régimen público se gasten de inmediato. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha dicho que de ese modo se evitará cualquier impacto a la estabilidad del mercado de valores, que hoy tiene como jugadores clave a los fondos privados.

Al final, la reforma refleja el consenso en crear un esquema con contribuciones tanto a un fondo público como a fondos privados, que ayude a reducir la inequidad pensional. Pero también recuerda que el diablo está en los detalles: la distribución de las cotizaciones entre los dos modelos promete marcar el debate. El proyecto llega con acuerdos ―el Ministerio de Trabajo celebró que la comisión de concertación entre el Gobierno, las centrales obreras y los empresarios acogió 86 de los 89 artículos―, pero no completos: la Asociación Nacional de Industriales ANDI y la Sociedad de Agricultores de Colombia formularon reparos que esperan también se discutan en el Congreso.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.