La Administración Trump evalúa restringir el acceso a la ‘green card’ de inmigrantes que hayan recibido beneficios públicos

Desde hace años, cuando un extranjero solicita la residencia permanente o green card en Estados Unidos, se le revisa su dependencia de las ayudas económicas que concede el Gobierno federal. En este sentido, el Departamento de Seguridad Nacional diseñó un plan para ampliar los criterios por los que un inmigrante puede ser considerado una “carga pública”, incluyendo dos que no estaban en la lista como la cobertura del seguro Medicaid y los cupones de alimentos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Si el solicitante tiene grandes probabilidades de convertirse en dependiente de las finanzas del Estado, autoridades migratorias pueden considerarlo inadmisible y denegarle el cambio de estatus.

Durante su primer mandato, el presidente Trump implementó una medida similar, pero Joe Biden la revocó para garantizar que los inmigrantes no sufrieran represalias por recibir beneficios sociales. Ahora el Gobierno vuelve a la carga y “propone derogar la normativa de 2022 sobre la causal de inadmisibilidad por carga pública” aprobada durante la Administración de Joe Biden al considerar que “no constituye la mejor implementación de la ley, es incompatible con la intención del Congreso (…) y dificulta la capacidad del Departamento de Seguridad Nacional para determinar con precisión y fiabilidad si ciertos extranjeros podrían convertirse en una carga pública en algún momento”.

El proyecto busca que los beneficios gubernamentales actuales no incentiven la llegada de más extranjeros y le concede una mayor discrecionalidad a los funcionarios encargados de analizar los casos. También abre la puerta para establecer nuevos sesgos económicos. Si un inmigrante es considerado inadmisible por su carga pública, pero cumple con los demás requisitos, podría obtener una tarjeta verde si presenta una fianza que garantice que no se convertirá en un dependiente en el futuro.

Menos derechos para los inmigrantes

El plan del Departamento de Seguridad Nacional no solo propone una evaluación de los beneficios públicos que un extranjero podría solicitar en el futuro, también incluye los que haya recibido en el pasado y los que tenga activos. Esta situación ha encendido las alarmas de activistas por los derechos de los inmigrantes, quienes señalan que esta penalidad causará que cada vez menos migrantes soliciten los beneficios sociales a los que tienen derecho. “Al generar caos y confusión, disuade a los inmigrantes con estatus legal de buscar la atención médica y la ayuda que necesitan y les corresponde, según la ley federal”, declaró Adriana Cadenas, directora ejecutiva de la Coalición para la Protección de las Familias Inmigrantes.

Los expertos señalan que la aplicación de la norma provocará decisiones arbitrarias y discriminatorias, en las que personas en situaciones similares obtendrían resultados diferentes de distintos funcionarios. Asimismo, la propuesta incentivaría que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) introduzca nuevas políticas en el futuro, mediante directrices internas, sin solicitar aviso ni comentarios previos, que provoquen una mayor falta de claridad en el examen que se les practicará a los inmigrantes.

Entrada en vigor

El proyecto fue publicado el 19 de noviembre en el Registro Federal, y entra en una fase de consulta pública, en la que espera recibir comentarios de la sociedad civil, aunque no está obligado a acatarlas. Transcurrido un período de 30 días, el despacho de la secretaria Kristi Noem decidirá si promulga el reglamento, lo revoca en su forma original, lo modifica o lo descarta.